Cargando...
En los últimos cinco años, incluidos los dos períodos lectivos de virtual paralización por la pandemia, los maestros del sector público han percibido un aumento efectivo del 50% en su salario básico profesional docente, que se elevará al 72% si se confirman los nuevos ajustes generalizados que están en vías de aprobarse para 2022. Eso sin considerar los incrementos por escalafón docente y otros beneficios. No hay ningún otro segmento, ni entre el resto de los funcionarios públicos ni entre los trabajadores del ámbito privado, que haya tenido una mejora mínimamente comparable. Sin embargo, en contrapartida, la educación pública está cada vez peor, ¿cómo se explica?
Hay 78.000 personas en planilla del Ministerio de Educación y Ciencias que cobran rubros docentes, alrededor de un tercio de todos los funcionarios de la Administración Central. Muchos de ellos son maestros dedicados, preparados, cumplidores, eficaces, preocupados por capacitarse para dar una mejor educación a sus alumnos. El problema es que el aumento ha sido tanto para estos, que se lo merecen, como para muchísimos otros que ni son dedicados, ni cumplen, ni se capacitan, faltan permanentemente, a menudo apenas asisten, si es que lo hacen, con frecuencia debido a que en realidad son operadores políticos o parte de la clientela de los caudillos partidarios. Al que le vaya el sayo, que se lo ponga.
Los resultados están a la vista, no se pueden negar ni esconder. Pese a que hace muchos años el presupuesto de educación está en el primer o los primeros lugares de la asignación del gasto público, el nivel de aprendizaje y de adquisición de competencias básicas de un altísimo porcentaje de niños y adolescentes de instituciones educativas estatales es pobrísimo, muy por debajo de países de la región y del promedio de América Latina, con alto rezago en comparación con naciones de igual o menor desarrollo relativo.
La última prueba PISA (sigla en inglés del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), una metodología estandarizada impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el fin de poder comparar los niveles educativos entre distintos países, se realizó entre septiembre y octubre de 2017 y abarcó una muestra de 4.510 estudiantes de 15 años, de 205 establecimientos educativos, además de 2.300 docentes y directivos.
La enorme mayoría no alcanzó siquiera el nivel básico, que es aquel donde los estudiantes “empiezan a demostrar competencias para participar de manera efectiva y productiva en su vida como estudiantes, trabajadores y ciudadanos”. De los que “aprobaron”, el mayor porcentaje lo hizo apenas con ese básico; solo una ínfima minoría consiguió elevarse por encima. En contrapartida, el 68% no logró las competencias básicas en lectura, el 92% en matemática y el 76% en ciencias.
Indicadores del mismo estudio permiten visualizar algunos indicios de las causas de esta deplorable situación. Por ejemplo, el uso ineficiente (agreguémosle corrupto) de los recursos. En una comparación entre doce países de América Latina, Paraguay está noveno en la relación entre el gasto público en educación y el rendimiento en lectura de los alumnos.
Paraguay también está entre los últimos en el continente en horas nominales de clase, con un promedio de 7.448 horas/año, frente a 9.542 en Chile, 9.333 en Ecuador, 9.000 en Honduras, 8.640 en Argentina, 8.300 en México, por citar algunos.
Estas son horas nominales. Si vamos a horas efectivas, son muchas menos, porque se pierden muchísimas clases en el año y también se pierde mucho tiempo en las mismas clases, según reportan los propios alumnos.
El 31% de los estudiantes encuestados sufrió una suspensión total de la actividad escolar en el período, y el 85% la suspensión de una o más clases. El 81% respondió que ello se debió a que hubo huelga docente y el 85,3% que sus profesores faltaron a clases o llegaron tarde. Al mismo tiempo, entre el 45% y el 86% se quejó de que se perdía tiempo en clase porque el profesor usaba ese espacio para otras actividades, ya sea utilizando su computadora o celular para asuntos que no eran del curso, o para asistir a reuniones en horario escolar.
En la encuesta a docentes, por su parte, surgió que el 40%, ¡casi la mitad!, tenía otros empleos fuera de la docencia. Obviamente, cada quién puede tener todos los empleos que quiera, pero si más del 80% del plantel de maestros del MEC cumple por lo menos dos turnos, y cobra en consecuencia, ¿qué tiempo les dedican a sus clases los que, además, se ocupan de otras actividades remuneradas?
Con la suspensión de clases presenciales por la pandemia el panorama educativo empeoró drásticamente. Fueron dos años prácticamente perdidos, aunque por todos los medios nos quieran convencer de lo contrario. Un estudio reciente de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) titulado “Efectos en la educación iberoamericana: un año después de la covid-19″ concluye que se necesitarán once años de refuerzos y tutorías especiales para recuperar el aprendizaje perdido en este lapso. El estudio se hizo sobre pruebas diagnósticas en el estado de São Paulo, donde el desempeño de los estudiantes después de un año de interrupción de clases retrocedió a los niveles de 2005 o 2007.
En este calamitoso estado de cosas, que se les vuelva a subir el sueldo de manera indiscriminada a los maestros, además de un golpe durísimo a las alicaídas finanzas públicas, es una falta de respeto a la ciudadanía, a los padres, a los alumnos, al país. El aumento debe ser rechazado o vetado. Cuando muestren mejores resultados se podrá volver a hablar del asunto.