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Durante la dictadura de Alfredo Stroessner el eslogan del regimen era el de “Gobierno - Fuerzas Armadas - Partido Colorado”. No había, pues, motivos para que los funcionarios públicos se escondieran para demostrar su fanatismo aún en las oficinas públicas. Pero las cosas, al menos legalmente pero no en la práctica, cambiaron tras la caida de ese Gobierno. Aunque algunos no estén enterados, o no quieran enterarse.
En efecto, la Constitución de 1992 dice que “los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país”, pero lo cierto es que muchos de ellos están más bien al servicio de la ANR, sobre todo en tiempos electorales. Por buenos motivos, creen que su condición de afiliados fue el factor principal de su nombramiento y que, por tanto, deben mostrarse agradecidos con las autoridades partidarias y condescendientes con sus correligionarios en general, violando el principio de igualdad ante las leyes, entre otras cosas. Son, básicamente, colorados que ocupan un cargo público para atender su interés y el partidario, a sabiendas de que no están allí por sus méritos y aptitudes, sino más bien gracias al patrocinio político. Razones existen, pues, para “cuidar su puchero”, como se dice.
A tanto llega aún el sentido de pertenencia –o de oportunismo– que hay Coordinadoras Coloradas en diversas entidades públicas, integradas en una de carácter nacional, que en 2016 se reunió con el diputado Pedro Alliana, entonces presidente de la ANR. En la ocasión, el funcionario de la Cámara de Diputados, Adriano Ramírez, le informó que en las últimas elecciones municipales tuvieron unas “planillas paralelas” en las que registraron cuántos funcionarios votaron, quizá para delatar a quienes no lo habrán hecho; además, lamentó que bajo el actual Gobierno había un “corte de teléfono” con los ministros y directores de entes públicos, quienes no los recibirían por ser “políticos”. En la campaña electoral previa, la organización político-partidaria de funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS) realizó un mitin, en pleno horario laboral, para apoyar la candidatura a intendente de Arnaldo Samaniego. Los asegurados debieron esperar que concluya el acto para poder ser atendidos.
Dados estos antecedentes, no debería sorprender que, por de pronto, las Coordinadoras Coloradas del IPS, del Senado, del Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Hábitat, de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA y de la Contraloría General de la República (CGR) hayan emitido sendos comunicados, en repudio del embajador estadounidense Marc Ostfield y en defensa del actual presidente de la ANR, Horacio Cartes, y del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, acusados por ese Gobierno extranjero de la comisión de muy graves hechos punibles. El manifiesto proveniente de la CGR tuvo la peculiaridad de llevar la firma de dos funcionarias: Ruth Carolina Galeano, jefa del Departamento de Apoyo Académico de la Dirección de Gestión Académica, y Danna Vanessa Arias, auditora de la Dirección General de Control de Bienes Patrimoniales del Estado. Ambas fueron apartadas de sus respectivos cargos por el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, por haber incumplido normas de la CGR sobre “la independencia, imparcialidad y prescindencia política institucional de sus servidores públicos”.
No basta con que, por de pronto, hayan quedado a disposición de la Dirección de Gestión de Talento Humano, cobrando un sueldo sin hacer nada: es preciso que el sumario administrativo, a ser instruido por un juez designado por la Secretaría de la Función Pública, concluya con la destitución de las funcionarias por haber cometido la falta grave de transgredir prohibiciones de la Ley de la Función Pública, como la de “trabajar en la organización o administración de actividades políticas en dependencias del Estado” y, en especial, “ejercer cualquier actividad política partidaria” dentro de las mismas. La mera existencia de una Coordinadora Colorada en una institución pública implica violar las prohibiciones de los inc. b) y d) de la ley citada. No se trata solo de una cuestión ética, sino también de una legal.
Más allá de las disposiciones referidas, resulta aberrante que quienes deben servir al país, se ocupen de servir a su partido mentando una agrupación constituida dentro de cierto organismo estatal. Los funcionarios también tienen vedado por ley “discriminar la atención de los recursos a su cargo, poniendo o restando esmero en los mismos, según de quienes provengan o para quienes sean”. Es presumible que los funcionarios que integran la Coordinadora Colorada de la CGR cierren un ojo y la mitad del otro al realizar, por ejemplo, un examen especial de un órgano dirigido por un jefe partidario o al cotejar sus declaraciones juradas de bienes y rentas. Desde luego, lo antedicho también es aplicable, cambiando lo que haya que cambiar según sus funciones, a los coordinados en todas las entidades públicas.
El sistema democrático separa estrictamente lo estatal de lo partidario, para que el Estado no se convierta en un apéndice del partido o viceversa. El Estado integra a todos los ciudadanos y el partido a solo una parte de la sociedad, como se desprende de la palabra. En una administración pública moderna, los funcionarios son leales a los gobernantes elegidos por el pueblo y a quienes ellos designen de acuerdo a la ley, cualquiera sea el partido al que pertenezcan, pero aquí los de las Coordinadoras Coloradas actúan en las instalaciones estatales al servicio de la ANR y, desde luego, de ellos mismos, violando la ley. Es francamente intolerable.