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La ilegal reelección de Jorge Bogarín Alfonso como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), dispuesta el 1 de febrero por decisión unánime de sus miembros, resulta particularmente grave, atendiendo a que se trata justamente del órgano encargado de juzgar el comportamiento de quienes tienen que impartir justicia en el país. Como dicho órgano está integrado por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia (César Diesel y Manuel Ramírez), dos componentes del Consejo de la Magistratura (el reelecto y Óscar Paciello) y cuatro legisladores (los diputados Rodrigo Blanco y Hernán Rivas y los renunciantes senadores Fernando Silva Facetti y Enrique Bacchetta (reemplazados ahora por Ramón Retamozo y Hermelinda Alvarenga), cabría esperar que las actuaciones de sus miembros –todos abogados– se ciñan estrictamente a la ley, en razón de los deberes y las atribuciones de las entidades representadas: la primera supervisa el Poder Judicial, la segunda propone las ternas de candidatos para administrar justicia y actuar ante la judicatura en nombre de la sociedad, y la tercera sanciona las leyes a ser aplicadas.
Y bien, por si aún hiciera falta, dado el negro historial del JEM, la reelección acordada debilita esa esperanza y evidencia que este órgano –encargado de enjuiciar y remover a camaristas, jueces y fiscales, entre otros– aún tiene un largo camino que recorrer para volverse confiable. Si el mismo presidente del JEM tiene prohibida la reelección, pero se lo mantiene en el cargo con dudosas interpretaciones de la ley, ¿qué confiabilidad puede merecer ese organismo para el cumplimiento de su misión? En esta materia resulta indispensable contar con un órgano independiente que vele por su buen desempeño y hasta pueda, como dispone la Ley N° 681/21, iniciar de oficio una investigación preliminar e incluso el enjuiciamiento, debido a un hecho que sea grave y notorio o afecte el interés público o social.
Huelga apuntar que el JEM podrá cumplir con su trascendental cometido solo si sus integrantes tienen autoridad moral y versación jurídica, atributos que no tuvo quien lo presidió desde 2001 hasta 2003, por motivos atribuibles a la podredumbre reinante: Óscar González Daher fue condenado en 2020 a dos años de cárcel por haberse dedicado al tráfico de influencias desde su alto cargo, y en 2021 a siete años de reclusión, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Es aberrante que el presidente del órgano encargado de sancionar a jueces y fiscales que delinquen los haya estado imitando, incluso valiéndose de su posición para impartirles órdenes sobre ciertas causas, agravando el escarnio. En consecuencia, la sombra de las sospechas que sigue pendiendo sobre el Jurado va a continuar si no existe claridad desde la misma elección de la autoridad que lo va a presidir, en este caso Jorge Bogarín Alfonso. De esta forma, costará mucho reparar la mayúscula degradación institucional en la que cayó el JEM, que incurría en el despropósito de juzgar a otros bajo la presidencia de un delincuente.
El diseño constitucional de ese organismo no es malo. Cuenta con autonomía, no depende de ningún Poder del Estado y sus miembros solo pueden ser removidos mediante un juicio político. El problema de siempre son las personas electas para integrarlo. El diputado Hernán Rivas (ANR, cartista), por ejemplo, fue elegido para representar a su Cámara sin jamás haber ejercido la abogacía por no estar matriculado ante la Corte Suprema de Justicia, en tanto que el exsenador Enzo Cardozo integraba el Consejo de la Magistratura mientras era procesado por el delito de lesión de confianza, e incluso a fines de 2022, fue condenado a diez años de prisión.
El JEM debe ser “amparo y reparo” de la ciudadanía, contribuyendo a que tengan vigencia efectiva las garantías constitucionales de igualdad de acceso a la justicia y de igualdad ante las leyes, tantas veces violadas por jueces y fiscales corruptos, negligentes o arbitrarios. No debe seguir acentuando la vergüenza heredada, rompiendo alguna norma con toda flagrancia. Es alentador que la reelección cometida vaya a ser reconsiderada en una sesión prevista para hoy, a impulsos del miembro Óscar Paciello: no resultará desdoroso corregir cuanto antes el grave error que implica ignorar la ley. Es necesario que el JEM se reivindique ante una sociedad tan golpeada por la falta de justicia, debido a las miserias de quienes la imparten y, en buena medida, a la falta de control o la complicidad del propio organismo mencionado.