El país necesita señales que generen confianza

El Índice de Confianza del Consumidor, una herramienta suministrada por el BCP para medir la temperatura de la economía y el probable comportamiento de los agentes económicos en el futuro inmediato, cayó cinco puntos en febrero, prácticamente un 10% en un solo mes, y, por ahora, esa parece ser la tendencia. El motivo difícilmente sea económico propiamente dicho, ya que este año se espera un importante “rebote” del crecimiento en comparación con los ejercicios anteriores, de la mano de condiciones climáticas más favorables para la producción agropecuaria. El problema es político. A poco más de un mes de las elecciones, no son nada tranquilizadoras las posiciones y actitudes de los principales candidatos. 

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El Índice de Confianza del Consumidor, una herramienta suministrada por el Banco Central del Paraguay para medir la temperatura de la economía y el probable comportamiento de los agentes económicos en el futuro inmediato, cayó cinco puntos en febrero, prácticamente un 10% en un solo mes, y, por ahora, esa parece ser la tendencia. El motivo difícilmente sea económico propiamente dicho, ya que este año se espera un importante “rebote” del crecimiento en comparación con los ejercicios anteriores, de la mano de condiciones climáticas más favorables para la producción agropecuaria, con el fuerte impacto que ello implica en la dinamización de toda la cadena de bienes y servicios en el país. El problema es político. A poco más de un mes de las elecciones, no son nada tranquilizadoras las posiciones y actitudes de los principales candidatos.

Tal como se temía, pasan las semanas y los que llegan con posibilidades de ocupar el Palacio de López, al contrario de garantizar que están dispuestos a hacer lo necesario para restablecer el equilibrio de las finanzas públicas, como espera la ciudadanía consciente y los tomadores de decisión, compiten en promesas populistas a pequeños grupos de presión, sobre todo vinculados con la burocracia estatal, que, de cumplirse, estarían profundizando el déficit en vez de reducirlo, y comprometiendo todavía más la débil sostenibilidad fiscal.

Obviamente buscan captar votos en esos grupos, pero pierden de vista que los mismos están muy lejos de constituir la mayoría. Para tener una idea, todas las personas que reciben alguna remuneración del Estado, incluidos los funcionarios públicos permanentes y contratados de los tres poderes, en la administración central, entes descentralizados, gobernaciones y municipalidades, ya contemplados los que ocupan cargos electivos, no alcanzan el 10% de la fuerza laboral. Y si se le suman los aproximadamente 500.000 que reciben beneficios monetarios en programas tales como Tekoporã o Adultos Mayores representan apenas un quinto en relación con la población económicamente activa. Todos los demás, es decir, entre el 80% y el 90% de la gente que trabaja, tienen que ganarse sus ingresos en el sector privado, ya sea formal o informalmente, ya sea como asalariados o cuentapropistas, no reciben nada de nadie, pero tienen que solventar el funcionamiento del Estado y todas esas promesas que hacen los políticos tan sueltos de cuerpo con el dinero ajeno.

Si esto ya es malo en general, lo es más en este momento, por el hecho de que el Estado paraguayo está exhausto, con un alto déficit fiscal que se ha vuelto crónico, un endeudamiento al límite, de alrededor del 40% del PIB, una presión inflacionaria que hacía lustros no se experimentaba por desborde de los agregados monetarios, y con una composición del gasto público en la cual el 90% de los ingresos estatales ordinarios están atados a erogaciones rígidas, básicamente salarios y remuneraciones, jubilaciones y pensiones del sector público, transferencias para subsidios y servicio de la deuda. Prácticamente no sobra para inversiones, mantenimiento, insumos y mejoramiento sustancial de los servicios estatales a la ciudadanía.

Para decirlo de otra manera, ya no quedan más recursos. El próximo Gobierno tendrá solo dos maneras de obtener mayores márgenes para desarrollar sus programas y para cumplir lo que prometen los candidatos: o reducir drásticamente los gastos o subir drásticamente los impuestos. A juzgar por los mensajes que están dando, no muestran mucho interés en lo primero, por lo que solo resta avizorar una mayor carga sobre las espaldas de Juan Pueblo, ya sea a través de tributos directos e indirectos, ya sea a través de suba de precios por exceso de emisión.

Como preocupante ejemplo, ninguno de los postulantes ha hablado de reformas en la Caja Fiscal. Santiago Peña, incluso, prometió a los médicos jubilarse con todavía menos tiempo de aporte, cuando lo que se necesita es justamente lo opuesto. Según proyecciones oficiales del Ministerio de Hacienda, si no se adoptan duras medidas, el déficit de la Caja llegará a 2.500 millones de dólares ya en el próximo período presidencial. Para cubrir semejante agujero habría que triplicar el IVA solo para costear las jubilaciones de los funcionarios públicos.

El Índice de Confianza del Consumidor, que se realiza mediante encuestas, se ubicó en 52,8 en febrero, apenas por encima de la línea de 50, que divide el optimismo del pesimismo. Es un indicativo de que la gente percibe estas señales que solo transmiten incertidumbre y malos presagios. La confianza es absolutamente fundamental para que la sociedad y la economía funcionen y avancen. En vez de intentar congraciarse con intereses sectoriales, los que pretenden gobernar deberían esforzarse por convencer a la población de que no solo tienen la voluntad, sino también las ideas, la capacidad y la valentía que se requieren para administrar responsablemente el país.

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