20 de julio de 2026
Bien se sabe que los frecuentes escándalos generados en la administración pública suelen terminar en agua de borrajas (oparei), esto es, en la impunidad lisa y llana, que alienta la comisión de nuevos hechos punibles. El sumario instruido en el órgano afectado, la causa abierta por una Fiscalía y el proceso penal iniciado pueden prolongarse hasta el punto de que el proceso prescriba, debido a la negligencia de los investigadores y/o a las “chicanas” planteadas por la defensa. En este país la justicia no es pronta ni barata, para bien de quienes disponen de cierto poder político y de sus respectivas clientelas. Se tiene la impresión de que el Ministerio Público se abstiene de intervenir no precisamente porque esté recargado de trabajo, sino porque teme disgustar al poder político. Aunque con su inoperancia los organismos traten de ocultar la basura bajo la alfombra, ella sale una y otra vez a la luz, entre otras cosas porque la impunidad tradicional permite a los sinvergüenzas ser tan desembozados.

Estamos ante una realidad internacional de derivación social, en razón a las diversas cuestiones que se engloban dentro de la administración pública. Es que, la ocurrencia de una diversidad de defraudaciones ha conllevado la expansión del fenómeno de “corrupción”.

La edificación ontológica que ensambla todo lo referente a aquellas ganancias ilegítimas obtenidas a partir de hechos (fraudulentos), nos revela un nuevo paradigma en el mundo económico, que sucede a partir del injusto de alteración de precios en concursos y subastas públicas. Es que la doctrina contemporánea ha determinado la posición jurídica de subsumir y establecer un sentido de punibilidad para todas aquellas conductas que ocupen un sentido “engañoso” en lo que implica la debida Administración Pública.

El aumento de la tasa de interés del préstamo BID/ PR-L1148, de US$ 15 millones, al Senacsa, que se inició con 1,12% el 31/12/2020 con vencimiento el 15/09/2023, subió a 6,21%, carga que con los recortes presupuestarios implica un duro desafío financiero de cara al próximo gobierno, según se advirtió.
Ciertamente, existen nuevos postulados fraudulentos, que habilitan un renovado campo de estudio, cuyo desafío consiste en reconocer aquellos sucesos ilícitos dentro de una institución financiera privada. Es que, la acción ilícita de “peculado” se reconoce desde tiempos vetustos, bajo la denominación de peculatus (derecho romano), que había surgido (en principio) como “hurto” realizado al ganado perteneciente al Estado.
Aunque desde luego no sorprende, es curioso y muy sintomático que un sector del Partido Colorado salga a cuestionar amargamente un concurso para cubrir 220 vacancias en Itaipú, al punto de obtener un pedido de informes del Senado de la Nación, cuando el ahora presidente electo, Santiago Peña, de la misma corriente política, dijo abierta y desvergonzadamente durante su campaña que no valían los títulos ni los méritos para acceder a los cargos públicos, sino la afiliación a la ANR, tal como muy bien lo recordó en la sesión la senadora Desirée Masi. De hecho, se acaba de conocer que, por ejemplo, Óscar “Nenecho” Rodríguez, también perteneciente a esa facción, metió en la Intendencia de Asunción a más de 1.000 empleados sin ningún tipo de concurrencia en lo que va de su mandato. Estos son los hechos que demuestran incontestablemente la necesidad y urgencia de una profunda reforma de la función pública y del Estado en general.