Desatinado proyecto sobre Caja Fiscal debe ser rechazado de plano

Si no prospera una moción para postergar su estudio en el pleno, la Cámara Alta tratará hoy un proyecto de ley que equipara las 65.000 jubilaciones y pensiones abonadas por la Caja Fiscal con los sueldos del personal público. Del notorio desatino de la iniciativa da cuenta un estudio técnico del Ministerio de Hacienda, según el cual, en el primer año de su aplicación, sumaría unos 220 millones de dólares al déficit de 300 millones, ya presupuestado; como no prevé una fuente de recursos y el erario mal puede disponer de ingresos no incluidos en el Presupuesto nacional, su aprobación obligaría a “ajustar” los gastos que se creyeron necesarios. La descabellada idea es tan insostenible como ya resulta ahora la Caja Fiscal, tal como están las cosas.

Cargando...

Si no prospera la moción anunciada por el senador Stephan Rasmussen (PPQ) de postergar su estudio en el pleno, la Cámara Alta tratará hoy un proyecto de ley de su colega Martín Arévalo (ANR, cartista), que equipara las 65.000 jubilaciones y pensiones abonadas por la Caja Fiscal con los sueldos del personal público. Del notorio desatino de la iniciativa da cuenta un estudio técnico del Ministerio de Hacienda, según el cual, en el primer año de su aplicación, sumaría unos 277 millones de dólares al déficit de 300 millones, ya presupuestado; como no prevé una fuente de recursos y el erario mal puede disponer de ingresos no incluidos en el Presupuesto nacional, su aprobación obligaría a “ajustar” los gastos que se creyeron necesarios, incluyendo las gratificaciones anuales de los jubilados y pensionados, financiadas con impuestos y no con los aportes de los 225.000 cotizantes de la Caja Fiscal, equivalentes al 16% de sus respectivos salarios.

Por de pronto, el déficit acumulado en los últimos ocho años asciende nada menos que a 890 millones de dólares. Si la infeliz propuesta fuera aceptada, ya no habría dinero para costear mañana los retiros de los funcionarios de hoy, dado que sus aportes se habrán consumido antes, salvo que aumenten notablemente en la brevedad posible. Desde luego, sería absurdo engrosar aún más el personal público al solo efecto de financiar las jubilaciones y pensiones futuras; así, la base de la pirámide resultaría cada vez más estrecha para sostener la parte superior, en la medida en que habrá menos aportantes, en términos relativos. En la actualidad, existen tres por cada beneficiario, relación que irá empeorando en perjuicio de la sostenibilidad de la Caja Fiscal, que solo podría ser apuntalada a costa de los contribuyentes si se mantuviera el porcentaje actual de la contribución. Con el proyecto en cuestión, poco menos que quieren dinamitar la ya vapuleada Caja.

Desde ya, las jubilaciones de militares y policías equivalen a las asignaciones de los que están en servicio con el rango que tenían al pasar a retiro, en tanto que los médicos y los maestros gozan de regímenes especiales: los primeros pueden jubilarse con el 100% del salario a los 60 años, habiendo cotizado durante 30; los segundos pueden retirarse a los 28 años de labor, con el 87% del sueldo, sin una edad mínima, al igual que los militares y policías: el persistente déficit acumulado en estos tres sectores es cubierto con impuestos y con aportes de los sectores superavitarios, como el de los docentes universitarios, el de los empleados públicos y el de los magistrados judiciales; todos ellos, junto con los que pagan impuestos directos o indirectos, están financiando “solidariamente” la jubilación de los demás. Por si fuera poco, el Ministerio de Hacienda advierte que, al limitar el uso de los fondos excedentes de los sectores superavitarios para financiar los deficitarios, el proyecto de ley en cuestión conllevaría cargas adicionales sobre las cuentas fiscales, lo que dificultaría el pago de los haberes jubilatorios; en otras palabras, ya no se podría tapar agujeros, abriendo parcialmente otros.

El senador Rasmussen cree conveniente que el pleno postergue el tratamiento del irresponsable proyecto de ley, para analizarlo mejor y llegar a un “consenso”. En realidad, lo que corresponde es rechazarlo de una vez, porque agravaría en gran medida el descalabro de la Caja Fiscal. Es hora de que el Congreso tome en serio las opiniones de los órganos competentes y no se deje llevar, como el autor de la iniciativa, por el deseo de satisfacer a grupos de presión.

La Caja Fiscal no da abasto: su definitivo derrumbe solo podría ser evitado aumentando los aportes o recurriendo aún más al bolsillo de los contribuyentes, el 80% de los cuales no está afiliado a ningún plan de ahorro jubilatorio; esto último supondría, como es obvio, reducir las inversiones en salud, educación u obras públicas, a no ser que el país se siga endeudando. La descabellada idea es tan insostenible como ya resulta ahora la Caja Fiscal, tal como están las cosas. Aprobarla implicaría darle el golpe de gracia, con el mazo de la insensatez. El análisis ministerial ya la pulverizó con datos contundentes; por lo demás, tampoco sería aceptable un “consenso” que implicara una suerte de transacción entre lo correcto y lo incorrecto, de modo que lo atinado es que el documento de marras termine acumulando polvo en alguna gaveta. En suma, se espera que los senadores obren con la seriedad debida, en un asunto de gran relevancia para las finanzas del Estado, el futuro del personal público y el presente de los jubilados y pensionados.

Enlance copiado
Content ...
Cargando ...