Caso Erico, “pelota tatá” para el nuevo escenario político

El pedido del presidente electo, Santiago Peña, al diputado Erico Galeano –hoy senador electo– de que opte por dar un paso al costado ante la imputación por lavado de dinero y asociación criminal, es una jugada que se sale del esquema habitual de protección mutua entre quienes integran un mismo equipo de actuación política coordinada para el funcionamiento eficiente del aparato de impunidad. El electo vicepresidente de la República, diputado Pedro Alliana, informó que la bancada cartista apoyará el desafuero de Galeano, tras lo cual, este dijo que solicitaría “motu proprio” dicha medida, cambiando su intransigente postura anterior. Este caso planteará una prueba de fuego –una “pelota tatá– para el nuevo escenario político que se viene.

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El pedido del presidente electo, Santiago Peña, al diputado Erico Galeano –hoy senador electo– de que opte por dar un paso al costado ante la imputación por lavado de dinero y asociación criminal, es una jugada que se sale del esquema habitual de protección mutua entre quienes integran un mismo equipo de actuación política coordinada para el funcionamiento eficiente del aparato de impunidad. Aunque la jugada también puede tener doble filo: yo, presidente, me lavo las manos pidiendo una cosa, pero esos “desobedientes” legisladores de mi partido no me hicieron caso. Sin embargo, el electo vicepresidente de la República, diputado Pedro Alliana, informó que la bancada cartista apoyará el desafuero de Galeano, tras lo cual, este dijo que solicitaría “motu proprio” dicha medida, cambiando su intransigente postura de pocas horas antes de que él era inimputable por tener fueros y que recién después de jurar como senador, cargo para el que fue electo, decidiría sobre el particular.

Erico Galeano es miembro prominente del movimiento Honor Colorado, conocido como el cartismo, por el liderazgo que ejerce en el mismo el expresidente Horacio Cartes. Por otro lado, es conocida la ascendencia que ejerce el expresidente sobre el sector mayoritario de los diputados colorados por la obediencia que le demostraron actuando en bloque durante el ejercicio que termina el 15 de agosto. Si hemos de dar crédito a las acusaciones que se formulaban entre las dos principales facciones del coloradismo durante la campaña electoral interna, tal disciplina obedece a razones crematísticas antes que a un poder natural de liderazgo político superior en la jerarquía partidaria.

El diputado Galeano es un importante soldado dentro del esquema, salpicado primero y luego alcanzado por el fuego cruzado de investigaciones nacionales e internacionales con respecto a sus dudosas y luego sospechosas actuaciones fuera del ámbito de la legislación, que motivaron el interés de la Fiscalía General del Estado, ahora con nueva titularidad a cargo del doctor Emiliano Rolón, quien se encuentra en el centro de la mirada de la opinión pública a raíz de este caso y otros, que fueron ignorados olímpicamente por la anterior titular de la Fiscalía, Sandra Quiñónez, que daba la impresión de responder abiertamente al cartismo.

Al parecer llegó la hora dentro del nuevo poder político, surgido de las últimas elecciones, de arreglar la casa para evitar molestias innecesarias al nuevo presidente. Sobre todo para que el interés externo sobre los negocios turbios, practicados aquí hasta ahora impunemente en materia de presunto lavado de dinero y probables vinculaciones de algunos jerarcas con el terrorismo, no empujen contra las cuerdas a Santiago Peña desde el inicio de su futuro período constitucional al frente del Estado paraguayo. En ese sentido puede entenderse la postura adoptada ahora por los legisladores cartistas en relación con Erico Galeano. Es como si le soltaran la mano. Aunque no debe descartarse que este blanquee luego su situación en el marco de la Justicia, que en varias ocasiones ha dado la impresión de ser genuflexa ante el poder político.

Como es de conocimiento público, el diputado Galeano fue inicialmente dirigente de fútbol, durante cuya administración –él afirma que estaba justamente con permiso en ese momento– se incorporó al futbolista uruguayo Sebastián Marset, quien, según las investigaciones e informes publicados, tenía menos habilidades como deportista que para los negocios turbios, apareciendo como nexo importante en la investigación “A Ultranza Py.” En efecto, luego de borrarse de las canchas apareció detenido en Dubái con un pasaporte paraguayo falso, aunque luego recuperó su libertad.

Erico Galeano se declaró víctima de una persecución política “inmisericorde”. En una reunión de prensa respondió a grandes rasgos sobre los presuntos hechos punibles que se le atribuyen. Pero si está tan seguro de su inocencia y tener los respaldos para demostrarla, no debería temer someterse a la Justicia como cualquier ciudadano, sin respaldarse en sus prerrogativas. Él afirmó que ahora él tiene doble fuero.

Dado que el desafuero de un parlamentario no presume su culpabilidad segura, sino el allanamiento constitucional para que el indiciado sea sometido a la Justicia en igual condición que la de un ciudadano común enfrentado a cualquier investigación judicial, se supone que la decisión de la Cámara de Diputados será a favor del desafuero y no en contra. Si se diera en contra, lo que al parecer no ocurrirá ahora, se podrá suponer válidamente que el imputado cuenta con una protección interesada en otros valores que no sea el afán de buscar justicia sin mirar a quien, o en el peor de los casos, que los tentáculos de la mafia política son tan amplios como para actuar como cerrojo ante la inseguridad y el riesgo de uno de sus miembros.

Pero más allá del aspecto meramente jurídico, el pedido de desafuero del diputado cartista plantea un juego de ajedrez entre la política formal y la política con tufo mafioso que ha impregnado a todas las esferas de poder. Por eso, este caso planteará una prueba de fuego –una “pelota tatá– para el nuevo escenario político que se viene, donde los diputados deben decidir formalmente por cuenta propia qué hacer en casos como el de Galeano.

Por su parte, el nuevo fiscal general, cuya voluntad de combatir a fondo y frontalmente la mafia aún no fue puesta a prueba, específicamente en el campo de la narcopolítica, o como se quiera denominar al crimen organizado con poder político y fueros e inmunidad, tendrá que demostrar ahora si efectivamente busca llegar al fondo del problema de la corrupción y la impunidad en los más altos niveles del poder, o solo está tirando un salvavidas a uno de los principales sospechosos, para sacarlo del centro de atención y encubrirlo con el siempre efectivo abrigo de las investigaciones interminables, que muchas veces terminan en la nada, sin consecuencia alguna para investigados e “investigadores”.

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