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En los últimos años, numerosos casos de corrupción convirtieron al Palacio Legislativo en algo bastante parecido a un antro. Para no ir más lejos, luego de Ulises Quintana y de Miguel Cuevas, Erico Galeano puede convertirse en el tercer diputado por la ANR que, en el actual periodo legislativo, llegue a ser recluido por la presunta comisión de hechos punibles de acción penal pública, sin haber perdido la investidura. En cambio, los exsenadores colorados Óscar González Daher y Víctor Bogado, así como el exdiputado José María Ibáñez, también de la ANR, perdieron la suya por motivos de igual carácter: el primero y el tercero renunciaron, en tanto que el segundo fue expulsado por sus pares, al igual que el diputado Carlos Portillo (PLRA) y el senador Dionisio Amarilla (PLRA), quienes habrían traficado influencias; este último fue reelecto el último 30 de abril, al igual que Erico Galeano, quien esta vez ejercerá la senaduría.
La lista de los miembros de la Cámara Baja investigados o procesados por presuntos hechos punibles incluye a los colorados Ulises Quintana, Miguel Cuevas, Éver Noguera, Marlene Ocampos y Esteban Samaniego. El caso del senador Rodolfo Friedmann (ANR) –acusado de lavado de dinero y otros delitos– sigue en sede judicial. Por lo demás, el exsenador, exministro y “exparlasuriano” Enzo Cardozo (PLRA) fue condenado por lesión de confianza, en tanto que el exdiputado y “exparlasuriano” Milciades Duré –también liberal– aguarda juicio oral y público por el mismo delito.
Lo apuntado refleja la pésima calidad del Congreso, encargado de sancionar las leyes y de controlar a los demás poderes del Estado, entre otras atribuciones muy importantes. Se diría que sus miembros deben tener dotes morales e intelectuales superiores a las del común de sus conciudadanos, pero resulta que dichas cualidades suelen permanecer ocultas. Lamentablemente, la Constitución no exige que los legisladores sean idóneos ni que gocen de la “notoria honorabilidad” que sí exige de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Uno puede ser diputado o senador siempre que reúna suficientes votos, cualquiera que tenga cierta edad mínima y la nacionalidad paraguaya natural, no estando incurso en alguna inhabilidad como la de estar condenado a prisión –y disponer de suficiente dinero, propio o de financistas, podemos agregar– puede conquistar una banca y gozar de inmunidad; es innecesario que sepa leer y escribir o que carezca de antecedentes penales.
Resulta muy ilustrativo el caso del recluso Rafael “Mbururu” Esquivel, que fue electo en los últimos comicios para integrar la Honorable Cámara de Senadores en nombre de Cruzada Nacional: en 2022, admitió haber estuprado a una menor de 15 años, para acogerse a la suspensión condicional del procedimiento; en breve será juzgado por los hechos punibles de coacción grave y robo, supuestamente perpetrados en una granja en 2019, así como por los cometidos al asaltar otra en 2022. Por si todo fuera poco, también se le imputa haber abusado sexualmente de una niña, hace cuatro años. Quizá se trate de un caso extremo, pero lo cierto es que no resulta nada raro que cualquier canalla integre una lista de candidatos o se postule a un cargo uninominal.
Cabría suponer que quienes promueven esas infames candidaturas son de la misma calaña o tienen una muy pobre opinión del electorado: no basta con recurrir al voto preferencial para favorecer a quien se considere lo bastante capaz y honesto como para tener la honra de legislar, si la misma lista está integrada también por uno o más sinvergüenzas. Quien valore su voto y desee el bien del país, debe tratar de informarse acerca del historial de los candidatos, pero antes que nada, los dirigentes de las organizaciones políticas, que las crean dignas del favor ciudadano, tienen que esforzarse por cerrar el camino a los indignos de representarlas en una entidad pública.
Cuesta creer que quienes impulsaron las candidaturas de Erico Galeano y de “Mbururu” Esquivel ignoraran sus antecedentes para, al menos, tener la prudencia de instarles a limpiar primero sus nombres para integrar las nóminas de sus agrupaciones políticas. El nombre de Erico Galeano fue ampliamente difundido en el marco del operativo “A Ultranza Py”, poniendo gravemente en tela de juicio sus actuaciones en varios casos. “Mbururu” se declaró confeso en un caso mientras estaban pendientes otras serias investigaciones.
Por alguna razón, los poderes legislativos han venido perdiendo el respeto que se merecen. En el Brasil, el payaso analfabeto Tiririca se convirtió en diputado federal, siendo el segundo más votado en la ocasión, pero al menos fue sincero sobre su ignorancia. Dijo durante su campaña: “¿Qué hace un diputado federal? La verdad, no tengo ni idea, pero vote por mí y se lo cuento”. Posteriormente, ya en base a su experiencia, afirmó que el circo es más organizado que el Congreso Nacional. Por su parte, en Perú, una prostituta, Ángela Villón, se candidató con la intención de hacer del Congreso “un burdel decente”. Dijo al respecto que “el Congreso es el primer burdel del Estado... donde se venden la conciencia, la fe, la ética, los principios. Hacen los grandes negocios, la corrupción bajo la mesa”. Pero no vayamos tan lejos, el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, siendo senador y presidente del Congreso, comparó también al Senado paraguayo con un prostíbulo, debido a la venta de votos por parte de los legisladores. Después tuvo que pedir disculpas a las trabajadoras del sexo, quienes rechazaron ser comparadas con los legisladores, alegando que ellas por lo menos ganan el dinero trabajando.
Lamentablemente, existen tantos legisladores con pésimo “pedigree” político y judicial que dan una pésima imagen a nuestro Poder Legislativo. Ante esta realidad, los electores primero, y la Justicia después, deben actuar con firmeza para sanear tan importante institución y evitar que siga siendo comparada con un prostíbulo o un circo.