El próximo Gobierno ya abre el paraguas

Carlos Fernández Valdovinos, próximo ministro de Hacienda y aspirante a primer titular del propuesto Ministerio de Economía, reiteró su estimación de que el déficit fiscal real está en torno al 5% del PIB, lejos de la meta del 2,3% para 2023, si se contabilizan las deudas pendientes e impagas con proveedores, que calcula en unos 500 millones de dólares. Sugiere un sinceramiento para el cierre de este ejercicio y está muy bien. Pero, al mismo tiempo, ya habla de patear para 2026 el retorno al tope del 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal. Esto no solo echaría por tierra el cronograma de convergencia acordado por todas las fuerzas políticas, sino supondría para él una pronta pérdida de credibilidad.

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Carlos Fernández Valdovinos, quien asumirá como ministro de Hacienda y aspira a ser el primer titular del propuesto Ministerio de Economía, reiteró su estimación de que el déficit fiscal real está en torno al 5% del PIB, lejos de la meta del 2,3% para 2023, si se contabilizan las deudas pendientes e impagas con proveedores, que calcula en unos 500 millones de dólares. Sugiere un sinceramiento para el cierre de este ejercicio y está muy bien. Pero, al mismo tiempo, ya habla de patear para 2026 el retorno al tope del 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal. Esto no solo echaría por tierra el cronograma de convergencia acordado por todas las fuerzas políticas para reequilibrar las finanzas públicas, sino que supondría una pronta pérdida de credibilidad del propio futuro ministro, quien había declarado que sus mayores prioridades serían mejorar la calidad del gasto y proteger el poder adquisitivo del dinero de la gente.

¿Qué es el déficit fiscal? Sencillamente que el Estado gasta más de lo que tiene. La diferencia se cubre o con deuda o con emisión monetaria por encima de la necesaria. En última instancia, más allá de alguna pequeña donación excepcional, la única y exclusiva fuente de financiamiento que tiene el Estado es la ciudadanía, ya sean los contribuyentes actuales directamente a través de sus impuestos, ya sean los contribuyentes de mañana que tendrán que pagar las cuentas, ya sean usuarios de servicios estatales por lo general monopólicos, ya sea el conjunto de la sociedad por la explotación de recursos naturales que son patrimonio de la República y, lo más injusto de todo, indirectamente a través de la inflación y la devaluación generadas por el desequilibrio macroeconómico.

Paraguay lleva más de una década de déficit fiscal ininterrumpido. Hasta 2018 se mantuvo dentro del tope legal, pero se disparó a partir de 2019, llegó a un pico histórico de 6,1% del PIB en 2020 por las leyes de emergencia durante la pandemia y a partir de allí, con dudosas excusas, se acordó un plan para ir reduciéndolo gradualmente hasta volver al tope legal en 2024. ¿La ley? Bien, gracias. Cada año se la pasó olímpicamente por alto con una simple disposición en el articulado del respectivo Presupuesto.

Como resultado, el saldo del endeudamiento público pasó de 8.000 a 15.000 millones de dólares en lo que va de este Gobierno y saltó del 10% a alrededor del 35% del PIB desde 2013. La inflación, por su parte, que había estado bastante controlada, trepó a los dos dígitos durante casi todo 2022 y todavía se mantiene en torno al 5% anual. Durante la administración de Mario Abdo Benítez los precios subieron 26% en promedio, con una incidencia mucho mayor en productos de primera necesidad, en especial alimentos, que subieron 39% en el mismo lapso. Para tener una idea, cada 7% de inflación anual representa una pérdida de un aguinaldo completo para un trabajador. Y si bien se fue ajustando el salario mínimo, eso alcanza a menos del 10% de la fuerza laboral. El tipo de cambio, entretanto, pasó de 5.855 guaraníes por dólar en agosto de 2018 a 7.252 guaraníes en junio de 2023.

Si bien parte de esto es consecuencia de situaciones externas, la causa principal es el desborde de los agregados monetarios por excesivo gasto público. Los billetes y monedas en circulación aumentaron más de 50% durante este Gobierno, ya con las medidas restrictivas adoptadas por el Banco Central, frente a un crecimiento del 26% del Producto Interno Bruto a precios corrientes.

La gran pregunta es para qué. Hay teorías económicas y renombrados economistas que sostienen que un determinado nivel de déficit fiscal, y hasta de inflación, son necesarios para financiar el desarrollo. En el país de las maravillas podría ser, en Paraguay no, porque esa conclusión parte de la premisa de que el dinero se va a invertir bien, eficiente y honestamente, y que va a tener el retorno suficiente para compensar con creces el esfuerzo. Aquí, sin embargo, pese al gasto sin precedentes y la duplicación de la deuda pública en los últimos años, el crecimiento económico acumulado en el período fue de apenas 3,6% en términos reales. Insisten en vendernos el cuento de las obras públicas, pero Paraguay sigue estando entre los de peor infraestructura de América Latina y un kilómetro de ruta asfaltada le cuesta en promedio al Estado paraguayo diez veces más que en Europa.

Los números son “manejables mientras vayamos convergiendo al 1,5%, la única diferencia es que en vez de llegar en 2024 se postergaría para 2026″, dijo Fernández Valdovinos. En otras palabras, quieren seguir gastando. Hace 30 años vienen prometiendo una reforma del Estado y un ajuste en el sector público, pero lo que hacen, y por lo visto seguirán haciendo, es exprimir más y más el bolsillo de los que trabajan y producen.

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