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Lo último ha sido el cambio de postura del grupo “Itaipú Causa Nacional”, que cuenta entre sus exponentes, por ejemplo, al Ing. Ricardo Canese y al Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande). En un reciente comunicado, secundado con la firma de importantes adherentes, se exige reducir la tarifa de Itaipú a 9 dólares el kilovatio/mes o menos desde el 1 de enero de 2024, conforme al costo real del servicio, preparar de inmediato a través de la ANDE un pliego para licitar la potencia sobrante entre comercializadoras de la región y notificar al Brasil que Paraguay, de ahora en más, ejercerá su soberanía y contratará el 100% de la potencia que le corresponde en la hidroeléctrica binacional.
Anteriormente este grupo se oponía a la reducción de la tarifa de Itaipú con el argumento de que ello favorecía desproporcionadamente a Brasil, por ser el principal contratante, hasta tanto se fijaran nuevas condiciones de remuneración de la energía paraguaya en el Anexo C. El que haya modificado su criterio a la luz de los hechos, ante la declarada intención de Brasil de alargar la negociación y mantener el statu quo el mayor tiempo posible, no va en su desmedro, sino todo lo contrario.
El comunicado califica de “ilegal” la “tarifa intermedia” de 16,71 dólares el kW/mes fijada en el marco del mencionado acuerdo tarifario, y en verdad lo es.
Itaipú es una entidad sin fines de lucro y, como tal, su tarifa debe ser igual a lo estrictamente necesario para cubrir todos sus costos, operativos, financieros o de otra índole, ni un dólar más, ni un dólar menos. Al terminar de cancelarse la deuda en febrero de este año, esos costos cayeron abruptamente y, en consecuencia, también debió hacerlo la tarifa. Sin embargo, al margen del Tratado, se acordó mantenerla por encima de lo legalmente establecido para generar una diferencia a ser distribuida en partes iguales por los dos países. Según el Gobierno saliente, ello le reportará al Paraguay 2.000 millones de dólares en los próximos cinco años.
Además de ilegal y más allá de los supuestos beneficios que se esgrimen, este acuerdo no es más que una pequeña concesión brasileña para mantener todo como está.
El punto central de la cuestión es que a Paraguay todavía le sobran 3.000 megavatios de potencia de los 7.000 que le pertenecen, capaces de producir alrededor de 20 millones de megavatios/hora de electricidad al año. Por el Tratado y el Anexo C, nuestro país tiene que o adquirir ese excedente o cederlo a su socio a cambio de una ínfima “compensación”. Y lo que hace Brasil, a través de su operadora eléctrica estatal, es contratar de Itaipú la energía paraguaya y revenderla entre alrededor de 150 comercializadoras privadas en subastas en São Paulo, o “leilãos”, quedándose con rentas que legítimamente le corresponden a Paraguay.
Con la deuda cancelada y la central amortizada, si Brasil estuviera abierto a modificar rápidamente el Anexo C y pagarle a Paraguay un precio de mercado por su energía sobrante, ya descontado el costo de producción (tarifa de Itaipú) y hasta con un buen “bonus” que se le podría conceder como socio y amigo, no habría mayores inconvenientes. Pero dado que evidentemente no lo está, no queda más que ir por el “plan B”, que no es otra cosa que hacer exactamente lo mismo que la operadora estatal brasileña, antes Eletrobras, ahora ENBpar. En vez de que sea esta última la que lucre con la energía paraguaya, que sea Paraguay el que divida en bloques y subaste sus propios excedentes, pagándole a Itaipú el costo de producción a tarifa real, tal como lo manda el Tratado.
No hay tiempo que perder porque estas subastas se realizan en octubre, razón por la que justamente es en ese mes que se fija anualmente la tarifa de Itaipú y se hacen las reservas de contratación de potencia para el año siguiente. La buena noticia es que el mercado de energía eléctrica en todo el mundo funciona a futuro. Esto significa que primero se hacen las subastas y solo después se contrata la potencia, con lo cual prácticamente no existe riesgo.
Para esto no se necesita cambiar el Tratado ni sus anexos. El país simplemente debe disponer de lo que soberanamente le pertenece y, si Brasil se niega, entonces, tal como lo sugiere el aludido comunicado, el Gobierno nacional debe recordarle con toda firmeza a nuestro vecino que Paraguay no es una provincia brasileña y es dueño del 50% de la energía de Itaipú.