energía eléctrica

Hemos de reflexionar respecto al debate constante que se percibe en el entorno de las criptominerías, puesto que ocupa importancia aquello vinculado a la sustracción ilegal de energía eléctrica, que conforma una compleja criminalidad económica, en vista de que se puede concretar todo tipo de conducta de fraude energético, afectación del patrimonio público, participación de funcionarios en el proceso delictual, ocultamiento de beneficiarios reales y hasta lavado de activos.

Hace muchos años que la ANDE viene cargando pérdidas sistemáticas y coyunturales al pueblo paraguayo. A las pérdidas históricas del robo de energía y del efecto Joule (calor en los conductores por sobrecarga, conectores, transformadores, etc.) ahora se suman las pérdidas debido al mal negocio emprendido por este gobierno con el Acuerdo Operativo, AO, Santi – Lula. Lo hemos dicho desde el 2024 en más de 30 ponencias.

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, recibió al secretario ejecutivo de la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), Jorge Molina, quien presentó al titular del MEF un plan de factibilidad vinculado al desarrollo de energía nuclear con fines de generación eléctrica en el país.

Se cumplen cincuenta y tres años desde la firma del Tratado de Itaipú, un instrumento mediante el cual Paraguay ha cedido al Brasil el 80% de la energía que le correspondía a cambio de una “compensación” irrisoria, sin recibir ni por asomo el “justo precio” que se había acordado originalmente. Pero si la mayor parte de ese enorme despojo pertenece a la historia, lo que resulta inadmisible es que la misma situación continúe en el presente como si nada, cuando todos los plazos están vencidos y la deuda por la construcción de la central está totalmente cancelada. El máximo responsable de ello no es Brasil, ni lo es Lula, sino Santiago Peña Palacios.

La pregunta, lejos de ser jurídica o empresarial, se ha instalado con fuerza en Villarrica como una preocupación cotidiana. Lo que está en juego no es solo el destino de una firma privada, sino el modelo mismo de prestación del servicio eléctrico en una ciudad que durante décadas convivió con un esquema distinto al del resto del país.