26 de julio de 2026
La Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) presentó a las autoridades de la compañía estatal un documento sobre el manejo de la disponibilidad y de las tarifas de la energía eléctrica en el mercado interno. El primer gran mérito de ello es que no se trata de un manifiesto ni de una reivindicación gremial, sino de una propuesta concreta y fundamentada por parte de profesionales paraguayos que conocen la problemática de primera mano, que es exactamente lo que se necesita en este momento: aportes técnicos para definir una política energética transparente y de largo plazo al margen de cualquier interés sectorial. De una vez por todas hay que dejar de improvisar en un área tan estratégica para el desarrollo nacional.

El jefe de Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, habló con ABC TV y lamentó el freno al proyecto de fertilizantes Atome, tras anularse los decretos 5306 y 5307. Aseguró que la ANDE cubre su costo de generación y que convenía “sacrificar” el balance a cambio de empleo y desarrollo.
El Gobierno ha confirmado que se le quiere ofrecer una tarifa eléctrica preferencial fija de 30 dólares el megavatio/hora durante 15 años a la empresa británica Atome PLC para producción de “fertilizantes verdes”. El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, defiende el incentivo, mientras que los sindicatos de la ANDE se oponen terminantemente. Es un caso parecido al suscitado a principios de la década del 2010 con el proyecto de aluminio de la canadiense Rio Tinto Alcan. Todas las partes tienen sus argumentos, pero hay algo indiscutible: no se pueden comprometer a largo plazo los recursos del país sin un profundo estudio técnico-económico previo, transparente y libre de conflicto de intereses. Las inversiones extranjeras directas son muy bienvenidas, toda vez que realmente resulten beneficiosas para el país, no a cualquier precio.

Cuatro gremios de la ANDE se pronunciaron en forma conjunta contra los decretos presidenciales 5860 y 5861. Advierten que las disposiciones generan un “daño patrimonial significativo” y anuncian una acción de inconstitucionalidad.

Paraguay acaba de habilitar que actores privados compren y vendan energía sin la intermediación exclusiva de la ANDE. El paso abre oportunidades reales: nuevas inversiones, diversificación de la matriz, menor presión sobre el Estado. Pero existe un dato que condiciona buena parte del debate y que todavía permanece sin respuesta: Paraguay aún no conoce cuánto costará la energía de Itaipú después de 2027, la variable más importante del sistema eléctrico nacional. Abrir un mercado sin conocer ese precio introduce una incertidumbre que trasciende una discusión sobre monopolios o competencia. La pregunta ya no es solo quién venderá energía, sino quién capturará las rentas futuras del activo estratégico más importante del país.

El presidente Santiago Peña anunció la reglamentación de la Ley de Energías Renovables No Convencionales, normativa que habilita al sector privado a generar, comercializar e incluso exportar energía limpia. El Gobierno apuesta por atraer inversiones y diversificar la matriz energética nacional.