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Gremios empresariales asociados a la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio remitieron al Poder Ejecutivo “observaciones puntuales” sobre el proyecto de ley de creación de una superintendencia de pensiones, que también recibió cuestionamientos por parte de algunos congresistas y de organizaciones sindicales y de jubilados. Las críticas o recomendaciones específicas son necesarias y plenamente legítimas en esta etapa de estudio y aprobación, toda vez que no sean utilizadas como pretexto para bloquear o desnaturalizar la impostergable supervisión de los sistemas de ahorros jubilatorios compulsivos de los trabajadores, empezando por el Instituto de Previsión Social, en beneficio de intereses particulares o sectoriales.
Algunos falsamente alegan que un órgano público no puede asumir funciones fiscalizadoras y regulatorias sobre un ente conformado por aportes del sector privado como el IPS. Eso equivale a sostener que el Estado no tiene facultades en absoluto, porque todos los recursos que manejan todas las instituciones estatales provienen en definitiva del sector privado. La única realidad es que, tal como está, todos los días saltan escándalos en el IPS, uno mayor que el otro, los costos de gestión son altísimos, pululan los privilegios indebidos, mientras todo el sistema naufraga en falencias estructurales, acuciantes déficits actuariales y generalizada evasión directa e indirecta. Vale recordar que la propia Constitución, en una parte de su Art. 95, expresa: “Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado”.
El IPS es “gobernado” por un Consejo de Administración integrado por un presidente y cinco miembros que supuestamente representan al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, a los trabajadores, a los jubilados y a los empleadores, este último a propuesta justamente de la Feprinco, todos nombrados por el Poder Ejecutivo, con altos salarios, bonificaciones, combustible, además de beneficios espurios ligados al nepotismo y el tráfico de influencias.
Si el Estado no tiene atribuciones para monitorear y poner pautas a un ente que actualmente recibe por obligación legal un porcentaje de los salarios de 700.000 trabajadores, mucho menos lo debería tener por sí solo ese consejo.
En primer lugar, los miembros que se atribuyen la representación de los trabajadores, los empleadores y los jubilados no tienen ni por asomo, en ningún caso, un mandato mínimamente genuino de esos estamentos. En segundo lugar, en la práctica el consejo actúa como un simple validador, más allá de algún voto en disidencia para lavarse las manos. Y en tercer lugar, y sobre todo, es ilógico e inadmisible que una entidad que maneja miles de millones de dólares de terceros se “controle” a sí misma o a través de auditorías externas que ella misma contrata.
Por ejemplo, el IPS destina el 7% de sus recaudaciones brutas, es decir, de todo el dinero que aportan mes a mes trabajadores y empleadores, a “gastos administrativos” y nadie dice nada. Eso es muchísimo para cualquier parámetro internacional. En Chile, la administradora de fondos de pensión que más cobra percibe una comisión del 1,4%, con lo cual tiene que cubrir todos sus costos y obtener sus utilidades. Eso da un amplísimo margen para el derroche y las repartijas, insólitos contratos colectivos lesivos para la institución, y la contratación innecesaria de ejércitos de funcionarios, sin considerar el costo del personal de blanco y de los servicios para el área sanitaria, como limpieza, seguridad y otros, que son solventados de manera independiente por el Fondo de Salud.
También se produce un claro conflicto de intereses al tener los miembros del consejo que controlar el cumplimiento de obligaciones que ellos mismos, o los sectores a los que responden, deben cumplir, con el resultado de una sistemática vista gorda ante la evasión de las contribuciones exigidas por la ley. Solo un 10% de las empresas que se estima existen en el país están inscriptas en el IPS y menos de la mitad de los asalariados del sector privado aportan.
Como si fuera poco, el 80% de los que cotizan lo hacen sobre el sueldo mínimo, debido generalmente a una evasión conjunta de empleadores y trabajadores, en colusión con el instituto. Como el cálculo de la jubilación se hace sobre los salarios de los tres últimos años, lo que ocurre típicamente es que se aporta sobre el mínimo durante casi toda la vida laboral, con ello se accede a todos los servicios universales de salud, con familiares incluidos, y se hace un blanqueo en el trienio final, con lo cual la pensión aumenta sin contribución respaldatoria.
El proyecto de ley que está en estudio debe ser analizado y debatido profundamente, como corresponde, pero ningún sistema que maneja dinero de la gente, mucho menos si es de contribución obligatoria, puede funcionar sin inspección independiente. Es imperativa la creación de un órgano supervisor y una instancia superior de rendición de cuentas, para asegurar que todo el sistema se encuadre dentro de ratios de solvencia y normas internacionalmente aceptadas.