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Se ha suscitado un debate en el ámbito económico sobre decisiones concernientes a la próxima emisión de bonos que prepara el Gobierno, que pretende ser de 1.100 millones de dólares. Dada la actual coyuntura de alza en las tasas de interés en el mercado internacional, situación que, según los pronósticos, se regularizaría hacia 2026, la idea del Ministerio de Economía es hacer una colocación de corto plazo y refinanciar los vencimientos una vez que las tasas vuelvan a bajar. La discusión, que se centra en los riesgos que podría conllevar una apuesta financiera de esas características, es importante, pero no debe desviar la atención y hacer perder de vista lo principal, que es por qué es necesario seguir endeudándose y, sobre todo, en qué se gastó el dinero de las deudas contraídas en el pasado para los mismos fines.
El mayor costo del endeudamiento para el Paraguay tiene dos orígenes, uno externo y otro interno. Por el lado externo, se debe a que la Reserva Federal de Estados Unidos ha resuelto mantener los altos tipos de interés por un tiempo mayor del esperado, en el marco de su política para estabilizar la oferta monetaria en dólares y contener su propia inflación. Las tasas de la FED son tomadas como referencia y punto de partida en los principales mercados, por lo que ello de por sí dispara el precio internacional del dinero.
Esto es algo que obviamente escapa del control del país, pero también hay factores internos. Paraguay todavía se mantiene en el rango “especulativo” para la captación de capitales, lo que disminuye la demanda por los instrumentos nacionales e incrementa la remuneración que hay que pagarles a los potenciales prestamistas para que destinen una parte de sus carteras a lo que aún se considera una inversión de considerable riesgo.
Es cierto que las grandes evaluadoras internacionales dejaron el año pasado al Paraguay a un paso del primer escalón del grado “de inversión”, al mantener sus calificaciones y hacer una valoración optimista del prospecto del país, especialmente en comparación con el convulsionado escenario en la región. Moody’s Investors Service, por ejemplo, volvió a calificar los títulos paraguayos con Ba1 en su última revisión anual realizada a mediados de 2022, pero elevó su percepción de “estable” a “positiva”, lo que daba pie para aspirar a subir un nivel en la escala del ranking, a Baa3, y salir por primera vez de la franja especulativa.
Sin embargo, muy poco se ha hecho desde entonces para conseguir el objetivo. Al contrario, el propio Gobierno actual ha decidido echar por tierra el cronograma de reducción del déficit fiscal (que debía retornar al tope del 1,5% del PIB a partir de 2024), con el argumento de que la contabilidad pública había estado maquillada al no incluir deudas vencidas con proveedores de obras públicas, salud y otros, lo cual necesariamente impacta en la credibilidad y el riesgo país.
Tampoco ayudará a mejorar las perspectivas el que se coloquen bonos a corto plazo, como se plantea. Si bien a simple vista la jugada podría parecer razonable, ya que la propia FED proyecta que las tasas bajarían a “niveles neutrales” en 2026, en lo inmediato ello agregará presión sobre las finanzas públicas con mayores desembolsos para amortización de capital, en tanto que las condiciones de refinanciación dentro de dos años –es decir, la emisión de títulos de largo plazo para cancelar y reemplazar los que se emitan ahora– dependerá de variables que no son tan fáciles de prever.
Una es precisamente el endeudamiento, que era del 10% del PIB hace una década y supera el 35% del PIB en la actualidad, mientras este Gobierno no da señales de tener muchas intenciones de revertir la tendencia. No solo ha solicitado elevar el déficit de este ejercicio al 4,1% del PIB, sino que quiere continuar con un nivel alto de gasto y de saldo rojo al “patear” para la mitad del mandato la convergencia al tope de la ley de responsabilidad fiscal. Algo que, por otro lado, nadie puede garantizar, porque si ya no cumplieron un compromiso asumido por todas las fuerzas políticas de restablecer el equilibrio, es dudoso creer que sí lo harán esta vez.
Del mismo modo, nadie puede asegurar que los recursos serán bien utilizados. Después de todo, el principal motivo alegado para ampliar el déficit y salir a pedir prestado es la deuda vencida con proveedores del Estado, que primero se dijo era de 300 millones de dólares, luego de 600 millones y después de 500 millones. Al margen del monto, que es importante precisar y detallar, supuestamente todas esas obligaciones ya estuvieron presupuestadas y cubiertas con anteriores emisiones de bonos, pero la realidad, como muestran los hechos, es que el dinero se usa en gastos corrientes rígidos, que consumen el 90% del Presupuesto.
Por lo tanto, no deberíamos estar discutiendo sobre cuál es la mejor ingeniería financiera, sino sobre reducir el endeudamiento cada vez más caro al que se somete a la República. El propio ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, dijo que la deuda es el síntoma de la verdadera enfermedad, que es el déficit fiscal por excesivo gasto público. Es hora de que, de una vez por todas, se empiece a atacar con determinación la base del problema.