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Tras cumplir una suspensión de treinta días por haber amenazado con “trompear” a una colega, el diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista) presentó el 22 de noviembre un proyecto de ley que amplía el art. 67 del Código Penal, que se refiere a los “marcos penales en caso de circunstancias atenuantes especiales”. Su inclusión en el orden del día de la sesión de hoy, con el dictamen favorable de las comisiones de Legislación y Codificación y de Justicia, Trabajo y Previsión Social, implica que existe una gran premura para tratar una iniciativa que, bajo la figura de la “devolución premiada”, no haría más que alentar la corrupción, so pretexto de recuperar el dinero sustraído al fisco por agentes estatales. Puede ocurrir que un ladrón público tenga muchos bienes malhabidos, de los que disfruta con su familia. Al ser descubierto y denunciado, quizás devuelva la parte más visible de los mismos, logrando reducir notablemente la pena, para seguir después disfrutando orondamente de la vida.
El agregado propuesto reza: “Cuando se trata de hechos punibles contra el erario público cometidos por funcionarios, la pena podrá ser atenuada hasta el 50% del marco penal máximo, en caso de que la persona devuelva el dinero”. Sirva como ejemplo la lesión de confianza, castigada con hasta diez años de prisión en los casos especialmente graves: si el ladrón a sueldo de los contribuyentes fuera investigado o procesado y acordara devolver la suma robada, podría ser condenado a cinco años de reclusión. Vale la pena, en el literal sentido de la expresión, citar la brevísima exposición de motivos del proyectista: se limita a decir que su iniciativa busca, sobre todo, “recuperar esos bienes patrimoniales despojados y de esta manera vuelvan a ingresar a las arcas del Estado” (sic).
Dados sus antecedentes en la materia, cabe dudar de entrada de que su intención sea sincera: en 2015, siendo concejal de Asunción, afirmó que no se haría nada si en una licitación pública la Junta Municipal se preocupara “por quién se va a quedar con el vuelto”, léase soborno. Este año, el mismo diputado sostuvo, al tratarse el pedido de intervención de tres municipalidades, que “acá hay una decisión política, sin hacer juicio de valores; puede ser ladrón, lo que quiera”. Conste que no se le puede negar cierta coherencia, pues al presentar su despropósito volvió a minimizar la corrupción, al calificar a sus protagonistas de “gente que, vamos a decir suavemente, comete el error de una mala administración”. Es sorprendente que un legislador, que debe ser un tenaz defensor del dinero de todos, tenga este nivel moral.
Este cínico de marca mayor cree que esos delincuentes de guante blanco no ponen en peligro al ciudadano, como si no privaran al Estado de recursos para brindar salud, educación y seguridad, entre otros servicios de singular relevancia para la comunidad: el Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dan testimonio suficiente de que la corrupción también mata. Si la Cámara Baja aprobara la barbaridad comentada, los sinvergüenzas estarían de parabienes, confiando en que el Senado siga sus pasos y el Poder Ejecutivo preste su acuerdo. No arriesgarían mucho robando más que nunca si, en el caso de ser descubiertos, pudieran simplemente devolver lo mal habido y sufrir una condena reducida en gran parte.
La excusa de recuperar lo malversado, premiando al ladrón, es inadmisible: para ello existe la acción civil a ser ejercida por la Procuraduría General de la República, con el fin de que se repare el daño causado al patrimonio estatal; si su labor fuera dificultada por la ocultación del dinero defraudado, allí están la Contraloría General de la República y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes para detectarlo, aparte de que el Ministerio Público puede solicitar el comiso de los bienes al formular la acusación.
Por lo demás, la muy infeliz iniciativa viola el principio de igualdad ante las leyes, en la medida en que solo favorece a los funcionarios: los particulares que provocan un daño patrimonial a otro, o incluso al Estado, no gozarían –como es debido– de la reducción de hasta la mitad del marco penal máximo si devolvieran lo sustraído. Con toda evidencia, se pretende así favorecer, a costa de la justicia, a la clientela electoral inserta en los Presupuestos, con el previsible resultado de fomentar la malversación.
La “decisión política, sin hacer juicio de valores”, al decir del impresentable autor de la iniciativa de ley, no debe prevalecer sobre la moral ni sobre el más elemental sentido de lo justo, en detrimento del bien común, tan socavado por la impunidad. Beneficiar aún más a los funcionarios corruptos, implicaría traicionar a sus víctimas, es decir, a los paraguayos de bien, que pagan impuestos para ser atendidos de la peor manera. El “error de una mala administración” le cuesta muy caro al país, gracias al padrinazgo de quienes deben atender el interés general y no el de un privilegiado grupo de presión. Aprobar este perverso proyecto de ley supondría poco menos que dar una carta blanca para el saqueo: el Estado no es un botín y el funcionario NO “puede ser un ladrón”, aunque al diputado Yamil Esgaib le cueste creerlo.