Cargando...
La Asesoría Legal del Instituto de Previsión Social (IPS) halló en la oficina que ocupaba la exfuncionaria Zulma Villalba, hoy con prisión preventiva, 760 planillas de asistencia fraudulentas, que habrían sido firmadas por quienes compraban supuestos contratos “laborales” por cinco meses. O sea que la investigación penal debería extenderse a quienes no solo fueron víctimas de la “estafa” perpetrada, pues la Ley N° 2523/04, referida al tráfico de influencias, también castiga “a quien entregue o prometa dinero o cualquier otro beneficio, para obtener el favor de un funcionario público”.
Según declaró un testigo al que “le saltaron las alarmas”, lo acontecido es “un secreto a voces que sucede en el IPS desde siempre”; esas voces no fueron escuchadas de inmediato por el Consejo de Administración del IPS ni por la Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, aunque su jefa, Diana Jiménez, haya revelado que “siempre escuchaban rumores” en torno a la venta de contrataciones y de nombramientos, a la que habría que sumar la de recategorizaciones. Lo cierto es que a nadie se le ocurrió investigar, al menos hasta septiembre del año pasado, cuando el presidente de su Consejo de Administración, Jorge Brítez, el gerente de Salud, Carlos Morínigo, y el asesor jurídico, José González, revelaron en una conferencia de prensa el negociado en cuestión.
Y bien los implicados fueron readmitidos para seguir negociando, lo que supone que hay una “rosca” influyente, que se comunicaba con los interesados a través de grupos de WhatsApp: “Así de impune es esto, es asqueroso”, dijo el citado gerente de Salud, en tanto que el titular del ente, Jorge Brítez, afirmó que “esto es la punta del ovillo”. Ahora se dispuso una auditoría interna para “limpiar” el IPS, recién después de que ciertos “estafados” hayan denunciado el engaño. También su presidente sostuvo que la compraventa en cuestión era una vieja práctica, de la que, por ende, es de suponer, que ya tenía conocimiento cuando integró el Consejo de Administración del IPS entre 2013 y 2018, pero ni él ni los demás creyeron necesario hacer algo al respecto, pese a que habrían estado al tanto de lo que se perpetraba.
Negligencia o encubrimiento, la cuestión es que el desquicio reinante en materia de recursos humanos mucho tiene que ver con que la Ley Nº 1626/00 es ignorada rutinariamente. En la práctica, para convertirse en funcionario del ente previsional no hace falta participar en un concurso público de oposición, ni para ser contratado es preciso que existan “necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad”: lo imprescindible es tener el respaldo político adecuado y el dinero suficiente para lograr el favor de alguien bien ubicado en el organigrama.
El IPS tendría unos 26.000 funcionarios, de los cuales 11.000 son contratados, tan solo en los últimos cinco años. Entre ellos se incluyen quienes estarían a sueldo de organizaciones no gubernamentales (!). El plantel venía aumentando con el consentimiento incluso de los consejeros que representaban a los obreros, a los empleadores y a los jubilados, a expensas de la provisión de insumos y de medicamentos, entre otras cosas de importancia vital.
La fechoría no se habría prolongado durante largos años, si los compradores nunca hubieran obtenido lo que buscaban. Es más, no habría alcanzado la extensión que se desprende del grupo de WhatsApp “Recategorización”, administrado por Fátima González, presunta funcionaria del Hospital Central. Resulta increíble, pero menciona grupos de “clientes” en la Entidad Binacional Yacyretá, en el Hospital Policial Rigoberto Caballero, en el Poder Judicial, en el Ministerio de Educación y Ciencias, en el de Salud Pública y Bienestar Social. Y agrega: “Cada movimiento tiene su grupo, si no están donde les corresponde me avisan xfa para agregarles” (sic).
En otros términos, el “ovillo” parece ser bastante grande, por reunir a numerosas instituciones, en las que la Ley Nº 1626/00 sería letra muerta, ante el silencio de la Secretaría de la Función Pública. Si se la cumpliera e hiciera cumplir, junto con el Código Penal, la actividad delictiva en el aparato estatal disminuiría notablemente. El eterno problema es la falta de “voluntad política” de quienes disponen del dinero de todos, en provecho suyo y en el de sus respectivas clientelas. Como de ellos también dependen en gran medida el Poder Judicial y el Ministerio Público, no habrá una auténtica reforma del Estado mientras los responsables de las atrocidades administrativas no sean castigados. Por el contrario, parecen seguir gozando de protección en las altas esferas.
Duele admitirlo, pero el IPS se ha convertido en una fuente de enriquecimiento ilícito antes que ser prestador de un servicio público de buena calidad.