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En uno de sus tantos retrocesos, y tras pedir disculpas porque “falló”, el presidente Santiago Peña anunció a los intendentes que, “para reivindicar la descentralización en toda la República”, en breve presentará al Congreso un “proyecto” para pedir “en conjunto” la modificación de la norma constitucional que habla de las transferencias del impuesto inmobiliario, de modo que las municipalidades se queden con todo lo recaudado en tal concepto, aunque para los jefes comunales sería un “quebranto” cobrarlo. El art. 169 de la ley suprema dice que el 70 por ciento de lo percibido queda en propiedad de la municipalidad, que el quince por ciento pertenece al departamento respectivo y que lo restante debe ser distribuido entre las municipalidades de menores recursos.
Lo antedicho significa que la iniciativa del Poder Ejecutivo requerirá una enmienda constitucional, aprobada primero por la mayoría absoluta de cada una de las Cámaras y luego por un referéndum. Más allá de que es improbable que la iniciativa cuente con el apoyo de los gobernadores y del de los intendentes de los municipios más pobres, cuyos recursos disminuirían, resulta evidente que la ocurrencia del Presidente de la República es absolutamente inoportuna. De inmediato emergieron reacciones que apuntan a sospechar que, tras la propuesta de modificar la Constitución, están intereses que van mucho más allá de beneficiar a las municipalidades, sino incursionar en un terreno en el que priman intereses políticos que buscan una acumulación del poder, varios de cuyos signos ya se han mencionado anteriormente.
El país no necesita lanzarse a un debate que recordará, en primer lugar, al generado por el expresidente Horacio Cartes cuando aspiró a su reelección presidencial mediante una enmienda, recordándose que el procedimiento adecuado para el efecto es el de la reforma constitucional. No es en absoluto descabellado abrir el paraguas en la presente circunstancia, más aún recordando que para la corriente gobernante, la que responde al exjefe de Estado, el respeto a la Constitución le tiene sin cuidado. En efecto, tras repetir varias veces que la reelección estaba vedada para él por imperio constitucional, Horacio Cartes se lanzó a la aventura pisoteando sus palabras, y posiblemente su intento hubiera tenido éxito, pues había cooptado para su causa a una mayoría de legisladores y políticos influyentes, pero se encontró con una muralla de ciudadanos indignados que le hicieron renunciar a su repugnante intento. El proyecto cartista además le costó la vida a un joven político liberal, Rodrigo Quintana, por lo que el conato fue bautizado como “enmienda de sangre”. Este crimen permanece impune.
Esta vez no se eligió el tema de la reelección presidencial para lanzar la idea de una modificación constitucional. Pero, no quepan dudas de que a la cuestión del impuesto inmobiliario propuesto por Santi Peña se irán sumando otras iniciativas, y no faltará quien o quienes salgan a clamar, en nombre de una “ciudadanía agradecida”, que vuelvan a ser electos el presidente actual o algún anterior, como si sus gestiones fueran indispensables para el futuro del Paraguay.
Si así fuera, esto, además de constituir un reverendo disparate, ya será un tema recurrente en todas las manifestaciones ciudadanas, ya sea en favor o en contra de la iniciativa, desviando totalmente la atención de cuestiones realmente importantes, como la reforma del Estado o la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú. Y todo porque Santi Peña se asustó de su propio coraje ante la reacción provocada por la que sería la propuesta gubernativa más importante desde que asumió el cargo, según su propio concepto.
No es la primera vez que el primer mandatario da marcha atrás con respecto a una decisión adoptada. Se diría que no está bien asesorado, o que recibe órdenes que no puede eludir y da pasos en falso que van diluyendo su figura ante la opinión pública.
Que Santi Peña resuelva su querella con los intendentes de otra manera. Lo ideal hubiera sido que, a través de los organismos contralores del Gobierno, se desenmascare a las autoridades ladronas y sean sometidas a la Justicia, para que quienes escamotearon el dinero del pueblo vayan a parar a la cárcel. Pero que no se metan con la Constitución. La ciudadanía debe estar alerta para impedir cualquier intentona espuria subrepticia contra ella.
La Constitución no se toca, Presidente.