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Poca duda cabe de que el Instituto de Previsión Social “se cae a pedazos”, tal como lo calificó la senadora y exministra de Salud Esperanza Martínez, pero es un error creer que ello se debe exclusivamente a la corrupción y a la mala administración, aunque ambas no solamente son graves y crónicas, sino que han persistido a lo largo de todos los gobiernos desde su misma fundación, incluyendo al del signo político de la senadora Martínez. Es evidente que en el IPS hay mucha corrupción, tanto interna como en colusión con el sector privado y con la clase política, así como ineficiencia y despilfarro con la plata de los aportantes, pero, al margen de ello, el problema es más profundo y de orden financiero, y tiene que ver con el simple hecho de que las recaudaciones no alcanzan para cubrir todos los servicios que el instituto está obligado a prestar.
Mucha gente cree que el IPS rebosa de dinero, pero eso está muy alejado de la verdad. No solo el fondo de salud, o, más propiamente, el Fondo de Enfermedad y Maternidad, está prácticamente en quiebra, sino que el propio Fondo de Jubilaciones y Pensiones ya ha entrado en déficit desde 2020 y ha comenzado a consumir sus reservas técnicas para pagar los haberes de unos 20.000 jubilados, aun cuando estos representan menos del 3% del total de los afiliados al sistema.
El bochornoso episodio de la destitución “como un perro” del ahora exgerente de Salud Dr. Carlos Morínigo, por revelar agudos faltantes en el stock de medicamentos, es apenas una punta del iceberg. El IPS requiere profundas y urgentes reformas estructurales, porque, más temprano que tarde, la bomba estallará y se constituirá no solamente en una insoportable carga para el Estado, sino en una gigantesca estafa a los que están aportando compulsivamente para que el instituto funcione hoy, pero que mañana se encontrarán con que no habrá ni para solventar parte de sus jubilaciones, no digamos ya para remedios.
Esta no es ninguna exageración ni vaticinio alarmista, sino estrictamente lo que muestran las cifras, las proyecciones y los cálculos actuariales, aun los más optimistas, sin que ningún gobierno y ninguna administración se atrevan a sincerar la situación y actuar en consecuencia.
Alrededor de 700.000 trabajadores activos y 65.000 empleadores inscriptos aportan mensualmente al IPS unos 90 millones de dólares, de los cuales el 54% va a jubilaciones, el 39% a salud y el 7% a gastos administrativos. Dicho sea de paso, este porcentaje de “gastos administrativos” es muchísimo, varias veces por encima de los parámetros internacionales, y permite que el instituto tenga nada menos que 27.000 funcionarios y empleados, mucho más que cualquier otro ente público o privado del país.
Esto significa que el Fondo de Enfermedad y Maternidad dispone de 35 millones de dólares mensuales para un seguro de salud de cobertura universal para alrededor de 1.500.000 personas, porque se incluyen a familiares más todos los que “entran por la ventana” para hacerse atender patologías costosas (nótese al respecto que el IPS es una entidad de aportes privados, no un órgano de salud pública).
En promedio, son 23 dólares al mes por cada paciente potencial, lo que cubre acceso a un amplio abanico de especialidades médicas, desde consultas hasta internaciones, terapia intensiva sin límite de tiempo, intervenciones quirúrgicas y tratamientos de alta complejidad, con todos los medicamentos e insumos. Por supuesto que no da abasto.
Para colmo de males, además de la gran evasión directa por el predominio del trabajo informal en el país, existe una tremenda evasión indirecta por la vía de la subdeclaración. Como consecuencia, más del 80% de los que cotizan lo hacen por el sueldo mínimo, con lo cual ellos y sus familiares tienen un seguro médico todo incluido por 95.000 guaraníes mensuales, más 146.500 guaraníes de aporte patronal. Basta comparar con cualquier otro sistema, en Paraguay o en el mundo, para darse cuenta de que el modelo es insostenible.
El Fondo de Salud debía 240 millones de dólares a fines de 2022, cuando se aprobó la polémica ley de “bicicleteo”, que le permitió endeudarse para poder pagar obligaciones vencidas a sus proveedores. Hoy les debe 400 millones de dólares, según los gremios. Este es un monto que se debe auditar y depurar, pero es un hecho que, si no se reconoce la realidad y se ataca la raíz del problema, la bola de nieve no se va a detener y va a terminar arrastrando a los asegurados, a los patrones, a todo el IPS y a toda la ciudadanía.