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La inaudita –y sin precedentes– restitución de la inmunidad parlamentaria de tres senadores procesados, en confesa venganza por el rechazo del desafuero del senador vitalicio Mario Abdo Benítez, ha acentuado los alarmantes indicios de que el país se encamina hacia el autoritarismo, por obra de un poder político-económico empeñado en someter a su control a diversos órganos estatales, con la complicidad de ciertos tránsfugas de la oposición. Pasan los días y aún se ignora el desenlace que tendría el atropello consumado en la Cámara Alta, poco después del cometido en perjuicio de la expulsada senadora Kattya González, con el fin de paralizar las causas que involucran a los senadores cartistas Hernán Rivas y Erico Galeano, así como al opositor Rafael Filizzola. De entrada, los dos primeros ya se apresuraron a pedir que se archiven sus respectivas causas.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, había prometido que reflexionaría el fin de semana para comunicar ayer una decisión en relación a los hechos ocurridos, una de las más aviesas violaciones de la Constitución Nacional. Todo indica que sus cavilaciones lo llevaron al mismo destino que la historia le encomendó a Poncio Pilatos: lavarse las manos y trasladar sus responsabilidades a sus subalternos.
Rolón prefirió que sean los fiscales de las respectivas causas quienes hicieran consultas por cuerdas separadas y así se lo ordenó: el fiscal Silvio Corbeta hizo consultas con el juez Osmar Legal sobre el caso del senador Erico Galeano, imputado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal; la agente Patricia Sánchez pidió que el Tribunal de Apelaciones se expida sobre la situación procesal del senador Hernán Rivas, imputado por presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Por su parte, en el caso del senador Rafael Filizzola, acusado por lesión de confianza, la fiscala Natalia Fúster pidió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que asuma una postura con respecto a un hecho que afectaría los arts. 137 y 248 de la Constitución: el primero dice que son inválidas todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en ella, en tanto que el segundo impide a los miembros de los otros poderes arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en la Ley Suprema, revivir procesos fenecidos, paralizar los existentes o intervenir de cualquier modo en los juicios: actos de esta índole conllevan nulidad insanable.
Esto implica que el Ministerio Público no ha decidido ignorar, lisa y llanamente, la aberrante decisión senatorial, sino ir en consulta a órganos judiciales de superior jerarquía, pese a que el ministro Gustavo Santander dice que en nuestro país no existe la figura de la consulta constitucional. En su opinión, el Ministerio Público podría haber promovido una acción de inconstitucionalidad ante la máxima autoridad de la judicatura. Conste que esta, de todas maneras, debe pronunciarse necesariamente con relación al disparate de la devolución de los fueros al resolver el recurso de casación ya interpuesto por la defensa del senador Filizzola en dicha instancia.
No se trata de una cuestión sumamente difícil, pues la inconstitucionalidad de la decisión del Senado resulta flagrante. Vale recordar que el art. 359 del Código Civil dispone que “cuando el acto es nulo, su nulidad debe ser declarada de oficio por el juez, si aparece manifiesta en el acto o ha sido comprobada en juicio. El Ministerio Público y todos los interesados tendrán derecho para alegarla”. El caso planteado tiene que resolverse cuanto antes, de acuerdo a la letra y al espíritu de la Constitución, que no debe seguir expuesta a los embates de un poder fáctico, dotado de un ropaje institucional envilecido. Sería letal para el orden jurídico que el temor de los agentes fiscales o la morosidad judicial hagan que la incertidumbre se prolongue, aunque la ilegitimidad de la restitución de los fueros sea tan evidente que ni siquiera tendría que ser investigada.
Contra la Ley Suprema, el Senado se atribuyó la “facultad extraordinaria” de devolver unos fueros suspendidos, con la perversa y declarada intención de vengarse y trabar un proceso penal en curso, atentando de hecho contra la independencia del Poder Judicial y el “sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control”, previsto en la Constitución y vulnerado a mansalva. La vigencia real de este sistema impide la dictadura, hoy vislumbrada a través del control cartista ejercido en ciertos órganos y de un par de actuaciones del Senado, que responden al mero rencor del patrón y presidente de hecho de la República.
El Ministerio Público se puso al servicio del cartismo, que lleva adelante una declarada y confesa venganza, e imputó al anterior jefe de Estado; se espera ahora que cambie de actitud por imperio de la ley y de la moral, es decir, que no se atemorice ante el atropello senatorial ni ante una eventual intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, controlado por el cartismo. Lo mismo se aguarda de los ministros de la máxima instancia judicial, esto es, que no se sometan al presidente de la ANR, Horacio Cartes, sino a la Constitución violada por orden suya. Es tiempo de elegir entre el bien común y el interés particular de alguien que obra como si fuera el dueño del país, gracias a su servidumbre instalada en el Congreso, entre otras instituciones profanadas por la ambición desmedida. Así de simple.