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En abril del año pasado, ante una nutrida concurrencia de funcionarios colorados de la binacional Itaipú que participaban de un mitin electoral, Santiago Peña emitió una inequívoca y deleznable señal que no fue debidamente dimensionada. El actual Presidente escupió sin ruborizarse: “Los que llegan a los cargos lo hacen gracias al Partido Colorado. Lastimosamente muchos creen que los tienen porque son ‘guapitos’ o porque tienen la pared llena de títulos”. Sus dichos fueron fervorosamente aplaudidos por sus correligionarios; era el presagio de indignas contrataciones de funcionarios públicos con los que hoy día Peña paga lealtades y mantiene doblegados a los vasallos del cartismo.
A la despreciable señal no se le dio entonces una acabada ponderación ni la debida importancia, pero ya era el preanuncio de lo que el entonces candidato planeaba hacer con la investidura presidencial: estaba totalmente dispuesto a sacrificar el dinero del pueblo paraguayo en beneficio particular del aparato clientelista de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Además de las implicancias éticas y morales, hay una dimensión práctica irrebatible: cuando se destinan recursos del pueblo a pagar prebendarios, se restan fondos para pagar a gente competente y, si el número de prebendarios alcanza las cifras que acumula nuestro sector público, no hay plata que alcance para atender las necesidades básicas de desarrollo humano. No hay fondos para salud, educación o infraestructura, ya que todo se precariza para pagar a inútiles que cobran salarios que paga el pueblo –no por tener título ni por ser guapos– sino solamente por ser colorados.
El resultado está a la vista: un Estado incompetente mal puede servir a un pueblo esquilmado, y todo porque el Presidente de la República destina fondos públicos a satisfacer las necesidades particulares de su grupo político. La desvergüenza está alcanzando a todos los niveles de administración del Estado, con escandalosos casos de nepotismo y amiguismo que salpican a todos los poderes. Santiago Peña no puede decir que no tiene responsabilidad en este lamentable estado de cosas, pues en virtud del artículo 238 inciso 1 de la Constitución, él es el administrador general del país. Él y nadie más.
El asunto de la contratación en la Entidad Binacional Yacyretá de Alexis Fernando Rivas Román, un bachiller de 24 años de edad y hermano del senador cartista Hernán Rivas, con un salario mensual de G. 20.000.000, es apenas uno de los miles que lastran al Estado. Abiertamente desafiante, la decisión de su nombramiento fue tomada en medio de una alta crispación social, con una población sensibilizada contra los casos de nepotismo que se hicieron públicos, y, por si fuera poco, con jóvenes manifestantes reclamando derechos básicos como la educación terciaria gratuita para sectores vulnerables. El mensaje es, cuanto menos, inquietante: hay un absoluto desprecio al termómetro social de la opinión pública y quienes están manejando el hilo del poder están viviendo de espaldas a lo que está pasando en las calles.
El hecho de que descubierto el tema, por el motivo que sea, se haya decidido desvincular al “hermanito” no cambia el fondo del problema ni la temeridad de la decisión de nombrarlo. Aunque sacarlo fue una decisión correcta, no es el resultado de una convicción filosófica del Presidente, ni de un programa de saneamiento de su partido, sino un sacrificio que hizo para reducir las críticas y disimular la continuidad del grueso de este tipo de contratos.
La actitud generalizada es la que mostró la Entidad Binacional Yacyretá, cuyos responsables parecen suponer que son una suerte de reino independiente que tiene potestad de no responder por sus actos. A pesar de los varios intentos realizados por ABC para que dichos responsables den su versión, tanto el director paraguayo Luis Benítez Cuevas, así como otros funcionarios de la hidroeléctrica, no respondieron a nuestros llamados ni a las consultas que se les hicieron llegar por escrito.
Otro “hermanito” necesitado es el de quien ya se hizo famoso por “nepoloro”, el diputado Benjamín Cantero Ramírez, quien parece que correrá una suerte distinta a la de Rivas y podrá seguir gozando de la prebenda que le regala Santiago Peña en la Itaipú Binacional, con dinero del pueblo, unos 12 millones de guaraníes mensuales. Igual puede decirse de Fátima Brunaga, hermana menor del diputado cartista Christian Brunaga, quien también se ha prendido de las ubres de la Binacional Yacyretá con un salario de entre 17 y 26 millones de guaraníes.
Estos casos sonados no deben convertirse en chivos expiatorios que permitan la persistencia de todos los demás. Todos los demás son los que lastiman en serio el Presupuesto General de la Nación, la eficiencia y los derechos de la gente. Constituyen un abuso de poder, una violación del principio de igualdad y una ofensa a todos los paraguayos de bien que se esfuerzan en tener títulos auténticos y en ser guapitos de verdad, a pesar del desprecio del Presidente. Son una bofetada a los contribuyentes que sostienen con la renuncia de su dinero una casta que se está robusteciendo bajo este gobierno en muy poco tiempo.
Si el presidente formal del Paraguay Santiago Peña quiere que se le crea que tiene propósito de enmienda, debe sacar a todos los prebendarios y no creer que por despedir al “hermanito” Rivas nos olvidamos del grueso del problema.