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Se cumplen 51 años de la firma del Tratado de Itaipú y todavía hoy, pese a que ya se canceló hasta el último dólar de la gigantesca y usuraria deuda que se aplicó por la construcción de la central, Paraguay sigue siendo obligado a ceder sus excedentes energéticos al Brasil por una ínfima compensación, sin poder percibir un precio justo por su parte de la explotación de un recurso natural que legítima y soberanamente le pertenece en un 50%. Se escucharán lindos discursos, pero la única verdad es que no se mueve un dedo por subsanar el despojo y la injusticia que hace más de cinco décadas se cometen contra los intereses y la dignidad de nuestro pueblo.
El Tratado de Itaipú fue firmado en Brasilia el 26 de abril de 1973 por Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazu Médici, ambos dictadores militares, y entró en vigencia tras su ratificación, en agosto de ese mismo año, mientras que las obras se iniciaron poco después y la primera turbina comenzó a generar hidroelectricidad en 1984. El texto del Tratado y sus anexos se mantuvo en secreto hasta pocas horas antes de la rúbrica, por lo que no hubo ninguna posibilidad de discusión pública previa, y no fue por casualidad.
Nuestro diario accedió a una copia y publicó el contenido íntegro al día siguiente de la firma, haciendo notar un hecho curioso: se establecía que “en los primeros años” Paraguay no recibiría fondos por la venta de su parte de la energía al Brasil, con la sorprendente justificación de que había que resarcir a nuestro poderoso socio por su aporte de capital para la construcción de la planta. No obstante, se auguraba que, “en un futuro no lejano”, nuestro país se beneficiaría con altos ingresos, estimados en 173 millones de dólares anuales de la época, una enormidad, por la comercialización de su porción de la mayor central hidroeléctrica del mundo.
Pasaron 51 años y eso jamás se concretó. Pronto quedaron claras las condiciones leoninas del convenio, que nunca fueron rectificadas, ni en dictadura ni en democracia. Un mes después de la firma, el 26 de mayo, en el primer editorial crítico publicado por ABC Color sobre el tema, se destacaba que Paraguay recibiría 14,5 céntimos de guaraní al año por cada kilovatio de su propiedad, una cifra que ya entonces causaba asombro por lo absolutamente irrisoria.
Lo que no dicen los negociadores –señalaba premonitoriamente aquel editorial– es que durante 50 años, como mínimo, la energía barata generada por la mitad paraguaya del potencial del río Paraná estará subsidiando el desarrollo del Brasil.
Tal cual. Fue exactamente eso lo que terminó ocurriendo. Formalmente nuestro país es dueño del 50%, pero en la práctica, debido a las trampas introducidas en el Tratado, Brasil se ha quedado con el 85% sin reconocerle a su socio un valor siquiera razonable por su parte de la energía.
El falaz argumento esgrimido fue que Paraguay no tenía la capacidad de hacerse cargo de la mitad de la construcción de la central y que “solo ponía el agua”. En primer lugar, en todo caso Paraguay puso lo más preciado, puesto que lo verdaderamente valioso es el portentoso potencial energético creado por la diferencia de altura del río Paraná entre los Saltos del Guairá y la desembocadura del río Yguazú, que pertenece a Brasil y a Paraguay en partes exactamente iguales.
En segundo lugar, es mentira que Brasil pagó por la construcción de Itaipú, que se autofinanció de principio a fin. Todo lo contrario, el gran beneficiario de la exorbitante deuda de 63.500 millones de dólares que abonó Itaipú por su construcción, con enormes sobrefacturaciones y componentes inflados y espurios, fue precisamente Brasil, su principal prestamista, que realizó a costa de la entidad binacional y en detrimento del Paraguay un formidable negocio financiero.
Ahora bien, lo que no se puede entender ni excusar es la actitud de las actuales autoridades, que no hacen absolutamente nada por enmendar la situación. En agosto de 2023 se cumplió el plazo para la revisión del Anexo C y, en general, de los términos del Tratado, y ni siquiera se integró todavía un grupo negociador ni se debatieron los objetivos estratégicos.
Todo el último año se perdió en la discusión secundaria de la tarifa. Ello podría asegurarle al Gobierno un mayor o menor margen de plata dulce en forma de “gastos sociales” para repartir a discreción, pero de ninguna manera ataca el problema de fondo ni restituye los derechos paraguayos en Itaipú.
A Brasil le conviene desviar la atención y mantener por el mayor tiempo posible el statu quo, que le es sumamente favorable. Pero Paraguay debe reclamar lo que le corresponde, que no es nada descabellado ni del otro mundo. Simplemente, después de 51 años, ya cumplidos los plazos y amortizadas las deudas, es hora de ponerle fin al subsidio y que Brasil pague un precio de mercado por los 20 millones de megavatios/hora anuales que todavía tiene Paraguay de excedentes y que le sigue cediendo por migajas.