6 de junio de 2026

Mientras Itaipú destinó US$ 1.117 millones para frenar tarifas en el Brasil, la ANDE recibe montos que apenas cubren el sobrecosto de la propia energía que se generó con el aumento de la tarifa en 2024. La promesa de Santiago Peña de volcar los gastos sociales al sistema eléctrico sigue sin cumplirse.


Acabar con el despilfarro en Itaipú es el propósito del proyecto de ley que aprobó el martes último la Comisión de Infraestructura del Senado brasileño. ¿Cómo? Mediante una ley que imponga un techo a la tarifa de potencia en Itaipú de US$ 12/KWmes. El actual es de US$ 19,28/KWmes.


Las tensiones entre Paraguay y Brasil en torno a la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú podrían poner en jaque los ingresos para el país en concepto de gastos socioambientales, de US$ 650,9 millones anuales. Si el acuerdo tarifario firmado en mayo de 2024 se derrumba, las consecuencias económicas afectarían directamente a los programas sociales y obras de infraestructura que dependen de esos fondos.

Si el presupuesto 2024 del CUSE (Costo Unitario del Servicio de Electricidad) de Itaipú, que era de US$ 2.807,5 millones, sobró US$ 680 millones, según el relato oficial, se concluye que el costo real fue de US$ 2.127,5 millones, luego la tarifa de ese año debió ser de 14,6 US$/KWmes.

En medio de la controversia por la suspensión de las negociaciones del Anexo C de Itaipú, debido a denuncias de espionaje por parte de Brasil a autoridades paraguayas, y las críticas de medios brasileños sobre la tarifa acordada entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña, la margen brasileña de Itaipú Binacional publicó esta semana en su sitio web un comunicado titulado “Sobre Itaipú: energía asequible y compromiso con la sostenibilidad”.