19 de abril de 2026

El director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, confirmó que las negociaciones para la revisión del Anexo C apuntan a una reducción drástica del costo de la energía una vez finalizado el acuerdo temporal vigente (2024-2026). Mientras Paraguay busca captar recursos para inversión en infraestructura, el lado brasileño presiona por un abaratamiento que beneficie a su sector industrial y de consumo doméstico, dijo.



Las tensiones entre Paraguay y Brasil en torno a la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú podrían poner en jaque los ingresos para el país en concepto de gastos socioambientales, de US$ 650,9 millones anuales. Si el acuerdo tarifario firmado en mayo de 2024 se derrumba, las consecuencias económicas afectarían directamente a los programas sociales y obras de infraestructura que dependen de esos fondos.

Si el presupuesto 2024 del CUSE (Costo Unitario del Servicio de Electricidad) de Itaipú, que era de US$ 2.807,5 millones, sobró US$ 680 millones, según el relato oficial, se concluye que el costo real fue de US$ 2.127,5 millones, luego la tarifa de ese año debió ser de 14,6 US$/KWmes.

En medio de la controversia por la suspensión de las negociaciones del Anexo C de Itaipú, debido a denuncias de espionaje por parte de Brasil a autoridades paraguayas, y las críticas de medios brasileños sobre la tarifa acordada entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña, la margen brasileña de Itaipú Binacional publicó esta semana en su sitio web un comunicado titulado “Sobre Itaipú: energía asequible y compromiso con la sostenibilidad”.
El 5 de febrero, el diario Folha de São Paulo realizó la publicación titulada “Paraguai ganha mais na gestão de Itaipu: vizinhos pagam menos para receber mais benfeitorias socioambientais”. El artículo refleja un sesgo dominante en la opinión pública brasileña, inculcado deliberadamente desde lo más alto del establishment, desde Itamaraty hasta los poderosos gremios empresarios, de que Brasil es el que pone todo en Itaipú y Paraguay solo se aprovecha. Desde luego, la realidad es muy diferente, pero la actitud que ha asumido una vez más este Gobierno de Santiago Peña alienta antes que desvirtuar esa creencia, al pugnar por limosnas en vez de concentrarse y poner todos sus esfuerzos en reivindicar los legítimos derechos paraguayos en el emprendimiento binacional.