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Yamil Esgaib, diputado por Asunción que adscribe a la Asociación Nacional Republicana y, dentro de ella, al oficialista movimiento Honor Colorado (cartismo), se permitió esta semana realizar un par de exabruptos en el curso de una interactuación con periodistas acreditadas en el Congreso que confirman que el legislador desconoce el papel que la Constitución Nacional otorga a la prensa en la vida institucional de nuestro país.
Lo anterior es notable, porque la protección a la prensa establecida en la Carta Magna es semejante, aunque mucho más amplia, que la que la Ley Fundamental otorga a los miembros del Congreso, protección de la que el propio Esgaib se beneficia.
Pues bien, el diputado debería tratar de internalizar que la prensa goza de una protección semejante, para no repetir la conducta en que incurrió, que ha sido penalmente denunciada por nuestro grupo de comunicaciones y varios gremios de periodistas justamente porque dicho comportamiento vulnera aquella protección.
Por si Esgaib lo olvidó, le recordamos que los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Constitución establecen un esquema especial para las libertades de prensa, expresión y opinión que no tiene equivalente en el Continente.
En 1992, cuando se redactó la Constitución, la memoria de los atropellos que la dictadura de Alfredo Stroessner realizaba habitualmente contra las voces críticas estaba tan viva que los Convencionales Constituyentes comprendieron la necesidad de evitar para las futuras generaciones de paraguayos la humillante situación de que un grupo de burócratas decida lo que pueda leer, ver o decir.
Nuestro compañero Alcibiades González Delvalle, Constituyente, fue parte protagónica de ese esfuerzo por asegurar a todos los habitantes de nuestro país esta que es la más preciosa de las libertades, y piedra angular de una sociedad verdaderamente libre, la de indagar, investigar, escrutar, controlar, criticar al poder, que es lo enmarcado por el concepto de libertades de prensa, expresión y opinión protegido en la Constitución.
Esta protección se constata fácilmente con la lectura de los mencionados artículos 26, 27, 28 y 29, pero especialmente en sus disposiciones, una que prohíbe dictar leyes que las imposibiliten o restrinjan y otra que declara que el empleo de los medios de comunicación es de interés público por lo que no se los puede clausurar ni suspender.
Cuando Esgaib, o cualquier miembro de los poderes públicos, interactúa con periodistas no está en un intercambio privado. Está en una situación que el sistema democrático paraguayo define como necesaria, de interés social, a los efectos del control del poder por parte de la ciudadanía.
Y así como los miembros del Congreso exigen respeto a las protecciones que les brinda la Constitución en sus artículos 191 y 201, así mismo, del mismo modo y por razones semejantes sobre las necesidades funcionales del sistema, los miembros de la prensa deben ser respetados por el poder.
Los miembros de la prensa no van al Congreso a hacer turismo. Tampoco van a hacer amigos. Van al Congreso para controlar al poder informando a la opinión pública, a los ciudadanos, a los contribuyentes, a los electores, sobre cómo se conduce el poder con el dinero del pueblo.
Las preguntas que las periodistas Fiona Aquino y Rocío Pereira realizaron –y que provocaron los exabruptos de Esgaib– eran preguntas pertinentes acerca de por qué una bachiller secundaria recibe un salario del Estado en una embajada demasiado importante de nuestro país, bachiller cuya inexperiencia puede poner en riesgo cosas verdaderamente serias para el Paraguay.
Y los exabruptos de Esgaib buscaron impedir por la fuerza que esa información llegue al público. Por eso fue penalmente denunciado el legislador y por eso es necesario que el Ministerio Público actúe.