Camino torcido

La información, ya vieja, de que Fernando Lugo buscará la reelección por medio de una certeza constitucional cobra actualidad con la noticia de que el oficialismo lo denunciará por supuesta publicidad engañosa sobre su candidatura (¿prohibida?), lo que movió a la disidencia colorada a suponer con cierta razón que el objetivo real del cartismo es lograr la declaración (favorable) de la Corte a las pretensiones de Lugo, que a su vez beneficiará a Cartes. Pero también a Duarte Frutos.

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La certeza constitucional, según muchos constitucionalistas, no existe en el ordenamiento jurídico del país... pero a la vez existe, porque desde que la Corte declaró presidente hasta el final del mandato a González Macchi por la vía de la certeza constitucional, esta figura –que sí existe por ejemplo en Argentina– se viene utilizando constantemente.

Desde que se frenó el intento de reelección del actual presidente por la vía de la enmienda constitucional, quedaron como recursos alternativos la reforma y la declaración de certeza, pero el camino de la reforma es muy complicado e inseguro para alguien apurado como Cartes, de modo que la sospecha de la disidencia colorada de que la supuesta oposición del oficialismo a la opción de Lugo por la certeza es en realidad un aliento a que lo intente con el deseo íntimo de lograr un resultado favorable, no constituye error de cálculo.

En política, no todos los adversarios son adversarios ni todos los amigos son amigos. En este caso, ¿por qué Cartes se opondría a que Lugo logre algo que él también desea? Denunciarlo ante la justicia con un pretexto sería ayudarlo a obtener el objetivo que ambos persiguen: la declaración de la Corte de una (¿inexistente?) certeza constitucional de que el artículo 229 de la Constitución permite la reelección, a pesar de expresar taxativamente de que ello no es posible “en ningún caso”.

Vayamos al siguiente escenario. Supongamos que el cálculo anterior sea correcto, de que ambos buscan lo mismo, ahora habría que argumentar por qué la Corte haría un favor al “enemigo” del gobierno, es decir a Lugo, admitiendo su reeligibilidad. Porque al hacerlo admite que Cartes haga lo mismo, con la condición de que renuncie antes de postularse nuevamente.

Pero todavía queda un problema a desarmar. Por qué la Corte haría un favor gratuito a ambos en una cuestión muy polémica y arriesgada, que en el futuro podría significar que sus miembros se vean implicados en juicio político por mal desempeño, para lo cual bastaría que alguien idóneo demuestre que la certeza constitucional que utilizaron no existe en Paraguay. Y bueno, el pago podría ser que los ministros de la Corte, en vez de ser enjuiciados, sean salvados de juicio político pero por otras cuestiones mediante influencias políticas.

De concretarse este torcido procedimiento tendremos dos fuertes contendientes en las internas del partido de gobierno y el ganador entre Cartes y Duarte Frutos enfrentando a Lugo y a una concertación. Pero la probable conjura entre una parte de la oposición y el oficialismo para dar goce a las apetencias personales representará un retorcimiento de las reglas de juego de la democracia y un estrujamiento de sus instituciones hasta ultrajarlas con la mayor vulgaridad ética y política que solo ayudará a que nuestro país sea etiquetado de nuevo como una republiqueta.

ebritez@abc.com.py

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