No refuta acusaciones

El imputado contralor Enrique García dijo ayer que no hay pruebas de las acusaciones en el juicio político que le siguen. “Es una basura”, calificó y amenazó con revelaciones.

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En su alegato de defensa ayer ante el pleno del Senado, el imputado contralor general de la República, Enrique García, descalificó el juicio político que le siguen por mal desempeño de funciones. En su defensa estuvo acompañado, entre otros, por los abogados Álvaro Arias y Paola Villalba.

Según el funcionario, la causa no existe y que solamente se basa en la intención de sacarlo del cargo por motivaciones políticas y de un sector de la prensa, entre lo que incluyó a ABC Color. “Esto no es constitucional, es lamentable, es distractivo, es despreciable, es una basura”, afirmó el contralor en una parte de su discurso. Advirtió que en su alegato final de hoy revelará los verdaderos motivos por los cuales lo quieren sacar del cargo, sin dar más detalles.

Sostuvo que los diputados que actuaron de fiscales no acercaron “una sola prueba” de las acusaciones hechas en su contra.

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Apuntó que la ampliación de la acusación hecha por la Cámara de Diputados fue inconstitucional, dado que una vez resueltas en la instancia correspondiente no se puede luego agregar causales.

En cuanto a la “causa Ivesur” indicó que fue desestimada a nivel judicial, no causó ningún perjuicio económico a la Municipalidad de Asunción, cuando era director jurídico y además se trató de un hecho anterior a su designación como contralor general, por lo cual no formaba parte de su desempeño en esa función.

Sobre la acusación por asignación de privilegios por un viaje realizado a Europa y asignación irregular de viáticos, indicó que el caso fue investigado por la fiscalía y también desestimado, al no encontrarse irregularidades.

Respecto a la ampliación de las denuncias con la acusación de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, responsabilizó al diputado colorado Hernán Rivas y señaló que el origen de esta acusación era una demostración de ilegalidad ya que su fuente es un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía y de la Seprelad realiza “un aprovechamiento delictual de una información de carácter reservado”.

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