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La resolución aprobada ayer en el pleno del Senado encomienda al presidente de la cámara, Roberto Acevedo (PLRA), a disponer la inmediata presentación de una querella adhesiva y otra autónoma por los hechos que se encuentran en plena investigación por el Ministerio Público.
La polémica se desató debido a un agregado que hizo al texto original el senador oficialista Nelson Aguinagalde. La adenda encomendaba a Acevedo pide designar a los abogados Óscar Germán Latorre, Luis Samaniego, Mariano Victoria Matozza y Rolando Ozuna para representar al Senado en las acciones judiciales.
La senadora Desirée Masi (PDP) y el senador Luis Alberto Wagner (PLRA) cuestionaron fuertemente la presencia de Latorre. En particular, Wagner señaló que el único objetivo sería que no se llegue a la verdad y que además la querella perderá así toda credibilidad.
En tanto, Masi cuestionó que la Cámara incurra en gastos para este tema judicial, teniendo en cuenta que el Senado dispone de abogados capacitados.
El proyecto original para que el Senado presente una querella adhesiva fue presentado la semana pasada por senadores antienmienda y disponía que el abogado encargado sea José Casañas Levi. El mismo fue fuertemente cuestionado por Aguinagalde y Jorge Oviedo Matto (Unace) por ser quien presentó la acusación contra los senadores que llevaron adelante las sesiones “mau” en la que se aprobaron la modificación del reglamento y la enmienda inconstitucional.
Aguinagalde descalificó a Casañas Levi, tildándolo inclusive de “bandido”, lo que motivó la reacción de algunos opositores.
Por su parte, el senador Adolfo Ferreiro (Avanza País) planteó dejar de lado las acciones judiciales en temas de índole político, señalando que de hecho no iban a ir adelante porque cualquier abogado tenía la posibilidad de trabarla.
La resolución también encomienda a Acevedo acompañar activamente la investigación en curso a fin de esclarecer los hechos vandálicos que concluyeron en la invasión, quema y robo de un sector del edificio legislativo. Igualmente, acompañar el consiguiente castigo, condena judicial mediante, de quienes resulten ser sus responsables.