Deuda pública de Paraguay: Composición y perspectivas

En este contexto, la intervención de organismos internacionales ha sido clave para enfrentar la situación, principalmente, de países de bajos ingresos y emergentes cuyas finanzas necesitaban con suma urgencia de algún apalancamiento. En tal sentido, en agosto de este año el Fondo Monetario Internacional (FMI) implementó una asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG) equivalente a US$ 650.000 millones, convirtiéndose así en la mayor concesión realizada en la historia del organismo y en el monto máximo de emisión sin la aprobación del Congreso de los Estados Unidos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Cepal).

De acuerdo con el FMI, el DEG es un activo de reserva internacional que complementa las reservas oficiales de los países miembros y representa un derecho potencial frente a las monedas de libre uso de los países miembros del Fondo. Además, el instrumento se puede canjear por estas monedas, ser explotados por los países miembros del FMI y los tenedores autorizados para una amplia gama de operaciones, incluidos los pagos de obligaciones financieras, préstamos, promesas de contribuciones, donaciones, canjes (swaps) y operaciones a plazo.

Para el caso de América Latina y el Caribe, con algunas excepciones, los DEG son administrados por los bancos centrales sujetos a la legislación nacional vigente. De hecho, los bancos centrales pueden retener los DEG como reservas internacionales o prestarlos a sus respectivos gobiernos.

El informe especial de la Cepal denominado “Una agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de América Latina y el Caribe” señala que la nueva asignación del DEG fortaleció la posición de reserva internacional de todas las regiones en desarrollo, beneficiando a algunas de las economías más pequeñas y endeudadas.

Al respecto, dado que los Derechos Especiales de Giro se asignan en proporción a las cuotas pagadas por cada país al FMI, las naciones desarrolladas recibieron el 64,4% de la nueva emisión (US$ 418.000 millones) y el resto (US$ 231.000 millones o el 35,6% del total) se distribuyó a los países en desarrollo.

Al observar la distribución por regiones del mundo, Asia recibió el 21,5% de las asignaciones (US$ 139,4 millones), América Latina y el Caribe el 7,9% (US$ 51,5 millones). En tanto que África el 5,2% de la participación total (US$ 33,8 millones) y los países en desarrollo de Europa, el 1,1% (US$ 6,9 millones).

En números más específicos, la concesión para América del Sur ascendió a US$ 33.600 millones, es decir, 89% del total destinado a América Latina y el Caribe. Brasil y México concentraron la mayor parte de la asignación con el 29% y 24%, respectivamente.

Los datos muestran que un alto porcentaje de los países de ALC utilizaron los DEG para incrementar el nivel de las reservas internacionales. Mientras que otras naciones como Colombia, Ecuador y el Paraguay los destinaron para fines presupuestarios. En el caso de Argentina para el repago de su deuda externa, de acuerdo con el documento de la Cepal.

Los US$ 250 millones asignados a Paraguay fueron canalizados directamente a la cuenta del Tesoro Público como activo financiero bajo la prerrogativa de que el Banco Central proporcione un anticipo al Tesoro por el monto equivalente en dólares. De esta manera, se consiguió el financiamiento de la Ley de Consolidación Económica y Contención Social, aprobada el 25 de agosto de 2021. La normativa contempla la continuidad de los planes sanitarios, los programas financieros y de asistencia iniciada en el año 2020.

Otra importante asistencia fue la brindada por el Banco Mundial (BM). En el 2020, destinó US$ 58.341 millones a las regiones en desarrollo y US$ 66.551 millones en el 2021. De este total, la distribución en ALC ascendió a US$ 10.233 millones.

De acuerdo con los datos de la Cepal, entre enero de 2020 y febrero de 2021, el Banco de Desarrollo de América Latina- CAF desembolsó US$ 9.900 millones para enfrentar la pandemia, mientras que el BID proporcionó US$ 8.000 millones en préstamos.

¿Qué ha pasado con el endeudamiento en Paraguay?

Antes del 2012, las finanzas públicas presentaban resultados superavitarios. Los mayores ingresos frente a los gastos permitieron al Estado generar cierto ahorro, pero en detrimento de las tan necesarias obras de infraestructura. Con la aprobación en 2011 del 38% de aumento salarial para los funcionarios (70% de los ingresos, en promedio, se destinan para el pago de remuneraciones), las cuentas públicas iniciaron un proceso de déficit lo cual no ha podido ser revertido hasta la actualidad, sino más bien sufrió un agravamiento, debido a factores adversos, principalmente registrado en los últimos tres años (caída económica en el 2019 y la pandemia en 2020 y lo que va del año).

Es de recordar que hasta el 2012, la deuda pública total de Paraguay ascendía a aproximadamente US$ 3.591 millones o 10,8% del Producto Interno Bruto (PIB). El principal componente de la deuda externa eran los préstamos provenientes de organismos multilaterales y bilaterales, representando el 62,3%. Mientras que la deuda interna (37,6%) estaba explicada por los bonos perpetuos emitidos para capitalizar el Banco Central del Paraguay (BCP) en concepto de cancelación de deudas históricas. El título, que forma parte de un ajuste contable, no puede ser comercializado.

El escaso espacio fiscal se tradujo en limitaciones para impulsar programas y proyectos de impacto social y económico con recursos genuinos, por lo que el endeudamiento pasó a convertirse en el principal modelo de financiamiento. Así, desde el año 2013, los bonos soberanos en el mercado internacional dotaron de recursos al Estado para impulsar las importantes obras de infraestructura.

En esa misma línea, el Gobierno de Horacio Cartes se caracterizó por el mencionado esquema de financiamiento. Tal es así que al finalizar el año 2018, el saldo de la deuda de Paraguay llegó a US$ 8.040,9 millones o 19,8% del Producto Interno Bruto.

La administración de Mario Abdo Benítez estuvo y está cargado de una serie de condiciones desfavorables. En el 2019, una crisis económica sacudió al país, situación que requirió una importante intervención del Estado mediante el plan de reactivación económica. Y luego, la pandemia en 2020, que encontró al Gobierno paraguayo –como a muchos de la región– sin recursos para hacer frente a las urgentes necesidades generadas por la crisis sanitaria.

El Gobierno había recurrido a un importante paquete de deudas durante el año pasado. Los recursos iniciales por un total de US$ 1.600 millones contemplados en la Ley que declaró el Estado de Emergencia para mitigar los efectos del covid-19, se obtuvieron de la siguiente manera: US$ 1.020 millones a través de endeudamiento (US$ 1.000 millones de emisión de bonos soberanos y US$ 20 millones de un crédito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que forma parte del Banco Mundial), en tanto que, los restantes recursos provinieron, de igual manera, de operaciones de deuda.

De esta manera, entre el 2018 al 2020, la deuda Pública de Paraguay creció 51,8%, es decir, registró un aumento de US$ 4.172 millones con lo cual los compromisos del país ascendieron a US$ 12.212,9 millones o 33,6% del PIB.

En lo que va de este 2021, la deuda pública del país totaliza US$ 13.416,2 millones, lo que representa al 33,4% del PIB y para el cierre de este ejercicio fiscal se estima que los pasivos asciendan a US$ 13.923,4 millones, o su equivalente a 36,1% del PIB.

Desde el Ministerio de Hacienda precisaron que el crecimiento de la deuda pública como porcentaje del PIB a causa de los acontecimientos del año 2019 con respecto al 2018 fue del 3,1% y el aumento a causa de la pandemia del covid-19 (2019 vs. 2020) se ubicó en alrededor de 10,7% a causa de las mayores necesidades de financiamiento para atender los efectos ocasionados por la pandemia. Para este año y comparando con el 2020 se espera que el crecimiento del indicador sea en torno a 1,3%-1.5% del PIB, es decir, volvería a estabilizarse a la tasa de crecimiento de la precrisis.

En lo que respecta al 2022, el proyecto de Presupuesto General de la Nación contempla US$ 600 millones en concepto de nuevo endeudamiento, de los cuales US$ 250 millones provendrán de préstamos del BID y US$ 350 millones de la emisión de bonos del Tesoro en el mercado local e internacional. Con este paquete, el saldo de la deuda pública para el entrante año se ubicaría en US$ 15.446,6 millones, o aproximadamente 38% del PIB. Con este porcentaje, el nivel de endeudamiento estará cercano al tope del 40% del PIB contemplado en el proyecto de Ley que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal “Fortalecimiento de la Institucionalidad Fiscal” y que se encuentra en estudio en el Congreso Nacional.

Alternativas de financiamiento y perspectivas

Tras casi una década, el modelo de financiamiento de tomar deudas para financiar obras se ha agotado. El pago del servicio de la deuda ha venido presionando de manera importante las finanzas públicas. Este componente del gasto pasó de US$ 396,1 millones en 2012 a US$ 747,9 millones al cierre de 2020. A octubre, ya se destinaron US$ 609,4 millones en el mencionado concepto.

En entrevista para esta edición, el director de Política el Macrofiscal del Ministerio de Hacienda, Rolando Sapriza, mencionó que trabajan en la actualización de estrategia de gestión de la deuda pública de mediano plazo, cuyos lineamientos sentaron sus bases en el Plan de Convergencia Fiscal, que se lleva adelante para el retorno al déficit de 1,5% del PIB para el 2024. Por lo que se espera que la deuda se mantenga dentro de los niveles aceptables de riesgo y costo.

Emisión de bonos sostenibles

“Actualmente se está trabajando en el marco normativo y procedimental para la implementación de emisiones de bonos sostenibles, considerando que el país podrá acceder a mejores condiciones de financiamiento con su implementación y además se podrá favorecer a sectores a los cuales va dirigido esta herramienta de financiamiento como el energético, ambiental, social, educativo, etc. Así mismo, se prevé potenciar la participación privada a través de las modalidades de APP y concesiones, ya que la mayor participación del sector privado en el financiamiento de las obras públicas ayudará a alivianar el crecimiento de la deuda pública y al mismo tiempo permitirá mantener el nivel de inversión que potencie el crecimiento económico”.

En Paraguay, los indicadores de empleo, de recaudación tributaria y otros componentes reflejan la reactivación de la economía en lo que va del año. Sin embargo, las finanzas públicas se enfrentan al importante desafío de encontrar nuevas y sostenibles fuentes de financiamiento para el corto, mediano y largo plazo.

En el país existen varias herramientas a remarcar como la “Ley de Alianzas Público-Privadas” (APP), de “Proyectos Llave en Mano”, así como de “Contrataciones Públicas”, “De Concesiones de Obras y Servicios Públicos” que pueden ser explotadas de la mano del sector privado, no obstante, la seguridad jurídica y, sobre todo, la accesibilidad y factibilidad a los procesos de diseño, llamado y adjudicación, siguen siendo uno de los principales desafíos para el acompañamiento del capital privado que redundaría en el desarrollo y crecimiento del país.

Crisis

Economías en desarrollo fueron las más afectadas durante la crisis sanitaria con perspectivas en el mediano y largo plazo cargadas de incertidumbre.

Región

Gobiernos de A. Latina canalizaron unos US$ 485.000 millones en apoyo fiscal en pandemia. Paquetes representaron en promedio el 8,5% de PIB regional.

Empleo

En Paraguay, los indicadores de empleo, de recaudación tributaria y otros componentes reflejan la reactivación de la economía en lo que va del año.

Finanzas

Las finanzas públicas se enfrentan al importante desafío de encontrar nuevas y sostenibles fuentes de financiamiento para el corto, mediano y largo plazo.

Deuda

Pago de deuda presiona de manera importante las finanzas públicas. El gasto pasó de US$ 396,1 millones en 2012 a US$ 747,9 millones a cierre de 2020.

Modelo

Tras casi una década, el modelo de financiamiento de tomar deudas para financiar obras se ha agotado. Pago de deuda ha venido presionando muy fuerte.