Las leyes tienen costo económico y jóvenes son los más afectados

Las legislaciones elaboradas sin tomar en cuenta el sentido común en que la economía funciona, entendida la misma como un orden social de cooperación entre las personas, conllevan inexorablemente a generar costos que repercuten sobre el ahorro y la inversión.

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Afectados el ahorro y la inversión entonces mercados como el laboral donde oferentes y demandantes por dar empleos y otros por obtenerlo son dañados. Aparece el desempleo, un problema de orden económico, que tiene como causa las malas legislaciones que, precisamente, elevan los costos de contratación, impidiendo que las personas puedan actuar y decidir libremente entre sí.

De esto la economía llamada libre o de mercado tiene antecedentes de estudios que fueron condensándose en especial con Menger, Mises y Hayek, por citar a algunos. Sin embargo, para todavía más contar con evidencias académicas y prácticas, en el año 1991 la Academia que otorga el Nobel de Economía le otorgó el premio a un abogado, el profesor Ronald Coase.

El galardonado demostró de manera contundente que las leyes inciden sobre la economía y al afectar las relaciones humanas libres y voluntarias, pues acarrean costos. De este modo, a la fecha y en especial en estos años del presente siglo XXI notamos cómo incluso países desarrollados que en su momento contaban con bajos índices de desempleo, a la fecha se enfrentan a problemas de generación de empleos y de un mejoramiento continuo en los salarios de los trabajadores.

Siguiendo con Ronald Coase

El mismo probó que las legislaciones por su carácter coercitivo y si no garantizan la libertad y la propiedad privada terminan por perjudicar no solo a un sector determinado sino a toda la sociedad en su conjunto. De este modo, el exceso de normativas en forma de leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, licencias, permisos y otros se convierten en verdaderas murallas cada vez más altas que impiden que la libertad sea expresada en contratos bilaterales con otros.

Aparecen así el proteccionismo, los subsidios y las licencias especiales para ciertos grupos privilegiados. Estos privilegios tienen a su vez un origen en el mismo Estado. Como las diversas normativas están hechas para alterar el orden natural de la libertad de contratación y decisión de intercambio entre las partes (en este caso oferta y demanda laboral), el sistema creado por esas normativas expulsa a cada vez más gente fuera de la formalidad haciéndoles pasibles de multas y hasta de cárcel.

El desempleo como la falta de competitividad así como la inseguridad que incide sobre nuestra producción nacional son un costo económico debido a leyes como la seguridad social y del trabajo. El salario mínimo es una distorsión muy grave así como también las cargas sociales, pues finalmente además de crear desempleo en particular en los más jóvenes, afecta la creación de créditos, pues el ahorro y la inversión se originan en la producción y productividad de más bienes y servicios que forman aquel ahorro fundamental para su colocación en el mercado de capitales.

¡Todos esos daños ocurren porque no se respetan la libertad y la propiedad privada!

El desempleo en este momento delicado de la economía nacional afecta a unas 800 mil personas, a las que se suman cientos de familias que habiendo logrado acceder a la clase media, ahora han vuelto a caer en la pobreza.

Esta calamitosa situación tiene respuestas para su corrección. Desde el lado fiscal hemos propuesto en este espacio algunas medidas al respecto. Pero el gobierno a la fecha ni tan siquiera quiere reconocer las virtudes de la curva de Laffer por la cual la reducción impositiva no solo incentiva el ahorro y las inversiones para puestos de trabajo sino que también hace posible el aumento de la recaudación para el fisco.

En esta ocasión y a modo de una mejor comprensión del tema, resulta necesario tomar en cuenta que al momento de aprobarse en nuestro país la legislación laboral unos años después de la caída de dictadura, se impuso una línea de pensamiento basada en la confrontación entre empresarios y trabajadores.

La emergente dirigencia sindical de la década del ‘90 se adhirió férreamente a la anacrónica idea marxista y los partidos políticos no fueron la excepción. Decían que los trabajadores son explotados por sus respectivos empleadores, las empresas, que lo único que se desea es ganar más dinero sin importarles la suerte de sus prójimos.

Informalidad y desempleo

De lo antedicho se consolidó todavía más la informalidad y el desempleo que ya venían desde antes. Los perjudicados directos a la fecha siguen siendo los jóvenes y/o aquellos sectores de escasa preparación laboral. En efecto, nuestro actual Código Laboral fue el resultado de un pensamiento político económico que en los años ‘90 tenía todas las de ganar.

Estábamos en los primeros años luego de la caída de la dictadura y casi la totalidad de la dirigencia en el Congreso y la sindical deseaban congraciarse con ciertos sectores de la sociedad. En busca del voto, impusieron así un anacrónico modelo de legislación laboral que todavía perjudica a los más pobres y menos preparados.

Aún se cree que los trabajadores deben contar con una ley que les otorgue múltiples beneficios para protegerlos de la “insensibilidad empresarial”. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La ley laboral tal como la tenemos no ha hecho más que provocar desempleo e informalidad. Nuestro código laboral privilegia a los trabajadores sindicalizados y a los que ya tienen trabajo, perjudicando a los demás; obreros, operarios, jornaleros, que de ese modo no consiguen un puesto laboral bien remunerado en el sector formal.

Nuestro Código Laboral, por ejemplo, otorga estabilidad absoluta y la posibilidad de perpetuarse en la dirigencia sindical. Tal como se la concibió, la ley laboral es lo más parecido a una gran muralla que va aumentando en altura por sus altos beneficios a un solo sector, impidiendo que cada vez más gente pueda sortear aquella muralla. De ese modo, pocos van ingresando al mercado formal y demasiados quedan en la informalidad y sin un puesto laboral.

No son antagónicos

En realidad los intereses de trabajadores y empresarios no son antagónicos, pues se complementan mutuamente. El portentoso desarrollo que se ha visto en los últimos doscientos cincuenta años prueba que los factores de producción, el capital y el trabajo se coordinan en un mercado libre, beneficiando a las partes actuantes.

La tendencia de esta relación capital-trabajo ha sido positiva, además de haberse convertido en uno de los fundamentos del desarrollo en la historia de la humanidad. Las condiciones de vida de los trabajadores han mejorado notablemente desde el advenimiento de la economía de mercado de base capitalista al punto que donde aumentan las ganancias empresariales también se incrementan los salarios de los trabajadores.

Debe preocupar y ocupar al Ejecutivo como al Congreso esta situación. ¿Cómo hacer que los trabajadores accedan a un empleo? Sobre todo y en atención a nuestra juventud para crear nuevos puestos de trabajo y volverlos parte del sector formal. No obstante, mientras no se comprenda que las normativas en forma de leyes, resoluciones y demás son la raíz de los costos económicos será imposible cambiar este sistema.

Libertad

Las legislaciones por su carácter coercitivo, y si no garantizan la libertad y la propiedad privada, terminan por perjudicar no solo a un sector sino a toda la sociedad.

Cambiar

Mientras no se comprenda que las normativas en forma de leyes, resoluciones y demás son la raíz de costos económicos será imposible cambiar el sistema.

(*) Catedrático de materias jurídicas y económicas en UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.

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