Por otro lado, el abogado Guillermo González, en su momento defensor de los frentistas del fallido metrobús, señaló que piden que la Fiscalía pruebe todos los daños que causó la fracasada obra en el juicio oral y público para poder solicitar incluso la pena de 10 años de cárcel para casos graves de lesión de confianza. Esto, además de recuperar el perjuicio millonario que sufrió el Estado.
La acusación fiscal destaca que el Estado paraguayo sufrió un perjuicio patrimonial de G. 180.030.528.699 (cerca de US$ 25 millones al cambio actual) por el pago de 29 certificados de obras a favor de la firma Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA; teniendo en cuenta que por dicha suma terminó recibiendo una obra inconclusa e inviable, a consecuencia de las conductas de los ahora acusados.
Añade que Jiménez Gaona, en función de ministro, no protegió el interés patrimonial del Estado, de cuya consecuencia se generó el pago de 29 certificados por un valor de US$ 29 millones, por una obra inconclusa que no sirve para la ciudadanía.
Por su parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú explicó cómo prosigue el proceso penal que enfrentan los acusados por este caso. Señaló que, en una primera etapa, debe expedirse sobre si el requerimiento conclusivo de la fiscalía cumple con las formalidades que establece el Código Procesal Penal y fijar fecha para audiencia preliminar.