Cargando...
“El secretismo es una conducta propia de la época medieval en donde los reyes y las colonias tenían plena posesión de la información y del dinero”, acotó Karina Banfi, de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, en conversación telefónica con ABC Color desde Buenos Aires, Argentina. Por el contrario, la disponibilidad de información sobre todas las actividades del Estado es un requisito para un Estado democrático moderno.
Por la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos, el acceso a la información se ha convertido un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal. Es una condición esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, según la organización internacional AccessInfo.
“Las administraciones públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía”, detalla la página Web de la organización.
Una información se convierte en pública cuando ésta es generada con el dinero de los ciudadanos a través de los impuestos, por lo que es información que pertenece a los ciudadanos, la abogada.
El Estado democrático debe comprender su función de clasificación y ordenamiento de la información, para que cuando la ciudadanía la solicite esta esté a disposición. “El acceso a la información es uno de los principios básicos del fortalecimiento de la democracia… cuando un ciudadano que está bien informado elige mejor a sus representantes”, explicó la abogada.
Para que la ciudadanía esté informada, esta debe tener acceso a toda la información pertinente. Esto incluye la lista de funcionarios, sus funciones dentro de una institución y sus salarios, los presupuestos y ejecuciones detalladas de gastos, detalles de contrataciones y acuerdos, entre otros.
Actualmente, más de noventa países en todo el mundo cuentan con una ley de acceso a la información. En América Latina, Chile y México lideraron la revolución y actualmente, solo Paraguay, Bolivia, Argentina y Venezuela no cuentan con una legislación.
En nuestro país, el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI) presentó una propuesta para impulsar una ley de acceso a la información pública, para que el Gobierno opere con mayor transparencia y sea controlado por la ciudadanía.
La propuesta establece obligaciones mínimas de transparencia, que incluyen presupuestos, ejecuciones presupuestarias, organigramas con nombres y apellidos, salarios de los funcionarios públicos y sus obligaciones, declaraciones juradas y viáticos desembolsados, entre otros. Estos datos deben estar disponibles para todos de forma gratuita y en formatos accesibles.