transparencia

La Constitución obliga a quienes cobren remuneraciones del Estado a prestar una declaración jurada de bienes y rentas, tanto al asumir un cargo como al abandonarlo. Es para comparar ambas manifestaciones y detectar un eventual aumento no razonable de los ingresos del declarante, en cuyo caso los organismos pertinentes deben investigar un presunto enriquecimiento ilícito. Pero no basta con que el patrimonio sea expuesto ante el órgano contralor: es menester que sea de conocimiento público. Así lo estimó la CSJ en 2020, al sentenciar ante una acción de inconstitucionalidad que las declaraciones juradas de quienes ejercen o ejercieron una función en el Estado son, en esencia, informaciones públicas. Este mismo principio inspiró el reciente fallo del juez José Agustín Delmás en una acción de amparo.

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informó que se buscará transparentar la fórmula que define el precio del combustible para su venta al consumidor. Petropar dice que subió el precio internacional y es “imposible” mantener los precios del año pasado.

El exintendente de Asunción, César Ojeda, deberá pagar una pena de 50 días de multa, equivalente a G. 4.402.500 por haberse negado a proveer información sobre fondos de emergencia que solicitó la entonces candidata a la intendencia Johanna Ortega, en julio pasado.

CIUDAD DEL ESTE. Los nuevos concejales presentaron proyectos para iniciar un proceso de gestión transparente en la Junta Municipal en los cuatro municipios cabeceras. El manejo hermético de los asuntos de interés ciudadano en las legislaturas distritales facilitó varios negociados.

La Contraloría General lanzó el programa “gobernanza efectiva” que busca enseñar a los intendentes y gobernadores del Paraguay a rendir cuentas garantizando la transparencia.