13 de mayo de 2026

Un grupo de ciudadanos, liderado por el abogado Ezequiel Santagada, presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República para que aclare si tiene el poder legal de sancionar a las instituciones que incumplen con la publicación de salarios y el uso de recursos públicos.

Senadores cartistas y sus aliados eliminaron ayer la rotación obligatoria de ministros de la Corte Suprema como superintendentes de circunscripciones judiciales. Les devuelven así su inamovilidad en sus “feudos” departamentales. Por ahora desisten en darles el “voto secreto”.

Hasta ahora, la sancionada Ley “de protección de datos personales en Paraguay” sigue en el Congreso, aguardando la firma del presidente de la Cámara Baja, el cartista Raúl Latorre, que se encontraba desde inicios de esta semana en los Estados Unidos de América. Una vez en manos del Ejecutivo, Santiago Peña deberá decidir qué hacer con esta ley que podría fulminar la leyes de transparencia y acceso a información pública.

El presidente de la República, Santiago Peña, tendrá en sus manos la polémica ley de “protección de datos personales”, con el riesgo de que termine de darle el “tiro de gracia” a las leyes de transparencia y acceso a información pública, aunque también estará en juego su cuestionada coherencia. Ante un foro internacional se había comprometido a “seguir luchando hasta el último día” como presidente a favor de la transparencia.
La aparente agenda de secretismo del Gobierno actual que desde el primer día asomaba sus narices con la mutilación de la Ley de conflicto de intereses, ayer mostró los colmillos con la sanción en la Cámara de Senadores de la “Ley de Protección de Datos Personales” que ahora pasa a manos del presidente Santiago Peña para que ponga las cosas en su lugar o termine de bajar el telón a la transparencia en la obtención de información de interés público. Esta ley, si bien en su versión original fue un proyecto trabajado por organizaciones de la sociedad civil buscando evitar arbitrariedades en el manejo de información sensible por parte de empresas privadas o entes estatales, luego se convirtió en el caballo de Troya de los enemigos de la transparencia y la rendición de cuentas para limitar a la ciudadanía en la obtención de datos de interés público.

El Senado debe tratar hoy el proyecto de ley de Protección de Datos Personales que anula leyes de transparencia estatal y Acceso a la información pública a beneficio a funcionarios corruptos y planilleros. El gobierno de Santiago Peña anularía así otro supuesto “logro” de la era de Cartes. Ratificar la versión del Senado, la menos perjudicial, requiere 23 votos.