26 de septiembre de 2026
Históricamente, el Poder Judicial ha tendido a proteger sus procesos de deliberación bajo un manto de estricta reserva. Sin embargo, en el constitucionalismo contemporáneo, la legitimidad de una Corte Suprema ya no emana del misterio, sino de su capacidad para dar razones.
A riesgo de que explote algo al filo del año y deje en offside a mi comentario, me propongo hacer un recorrido por algunos de los hechos jurídicos ocurridos durante el 2025 como un modo de ofrecer una evaluación del estado actual de los derechos y la justicia en nuestro país.

La Itaipú Binacional, bajo la dirección del cartista Justo Zacarías, no brinda ninguna información sobre la ejecución de la costosa Villa Navideña. La empresa que está a cargo de la obra sería una firma extranjera que, a su vez, habría sido contratada por la ONG mediante la cual se construye la villa, cuyo costo ronda los US$ 850.000.

El presidente de la República, Santiago Peña se decía “defensor de la transparencia” desde que era ministro de Hacienda de Horacio Cartes hasta el jueves, cuando promulgó la bastardeada ley de “protección de datos personales”. Sin embargo, teniendo la posibilidad del veto parcial, se terminó de quitar la careta y se evidenció como el responsable de aniquilar las leyes de transparencia de las que tanto se jactaba su “patrón”.
La defensa ante cualquier insulto, agresión o ataque no solo a la soberanía nacional sino a la dignidad del pueblo, cuando el poder desmedido del mandamás de turno amenaza contra ella, no depende de la fuerza física, sino del valor, la unidad y el coraje del pueblo, y ese coraje, por más que esos mandamases intenten minimizarlo, fue demostrado el domingo pasado en Ciudad del Este, con una aplastante y contundente victoria ante el cartismo, pese a que en esa “guerra electoral” se había descargado toda la “artillería”, en su mayoría, movida a turbinas. La falta de transparencia por parte del Gobierno es solo la punta del iceberg de lo que empezó a tejerse el 15 de agosto de 2023. Por más esfuerzo que haga el cartismo a través de leyes que van de contramano a la transparencia, hay cosas que no se pueden ocultar, y al Gobierno de Santiago Peña, con sus berrinches, se le están acabando las excusas para dar respuestas a la ciudadanía.

Senadores cartistas y sus aliados eliminaron ayer la rotación obligatoria de ministros de la Corte Suprema como superintendentes de circunscripciones judiciales. Les devuelven así su inamovilidad en sus “feudos” departamentales. Por ahora desisten en darles el “voto secreto”.