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Los concejales disidentes Blanca Riquelme (ANR), Elio Núñez (ANR), Juan Barreto (ANR) y Elizabeth Vargas denunciaron al intendente de Minga Guazú, Diego Amílcar Marecos Ríos (YoCreo), por un presunto daño patrimonial a las arcas municipales. El caso guarda relación con una licitación para la refacción de la escuela Bernardino Caballero del km 16 Acaray.
Los denunciantes atribuyeron al jefe comunal los ilícitos de lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, asociación criminal, peculado por apropiación y peculado por celebración indebida de negocios jurídicos.
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Según los antecedentes, el 25 de octubre de 2022, el intendente Ríos suscribió un contrato con la firma unipersonal Emprendimientos S&S, de Sonia Elena Mendoza Vázquez, por un monto de G. 825.252.608 para la refacción de las aulas.
La licitación había sido convocada por la vía de la excepción, por lo que no pasó por el control de la Junta Municipal.
De acuerdo al escrito de la denuncia, la firma contratada cobró la totalidad sin que exista una fiscalización para certificar el avance y culminación de la obra. Tras quejas de la comunidad educativa por la mala calidad de las refacciones, se descubrió que la firma contratada no ejecutó todos los ítems del contrato.
Daño patrimonial
Un arquitecto fue contratado por la Municipalidad para fiscalizar la obra y dictaminó que no se ejecutaron ítems por valor de G. 65.040.639, monto que finalmente fue devuelto por la proveedora.
Sin embargo, los ediles disidentes resaltaron en su denuncia que el daño patrimonial sería de G. 300 millones, ya que habría ítems sobrefacturados y otros inexistentes.
Los denunciantes solicitaron a la fiscala Carolina Gadea la pericia de las obras e indicaron que el contrapiso y la cañería serían viejos y que estos ítems no fueron ejecutados pese al pago.
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Los concejales se presentaron este viernes en la Fiscalía y ratificaron la denuncia en la causa identificada con número 16.065/2023.
Irregularidades detectadas
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) había abierto una investigación preliminar y detectó una serie de anomalías en la licitación, tras recibir una denuncia anónima.
La DNCP observó que la Municipalidad minguera no publicó el pliego de bases y condiciones de la licitación, además de falta de ejecución de varios ítems contemplados en el contrato y que derivó en la devolución de parte del dinero cobrado.
El ente regulador igualmente constató un significativo sobrecosto del techo al comparar con otras licitaciones similares.
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“El precio total pagado por encima del precio del mercado o por lo menos lo que corresponde a este contrato es de G. 223.838.623, monto que podíamos considerar un sobrecosto al arca municipal y a los contribuyentes en general”, reza parte del informe.
La DNCP remitió los antecedentes a la Contraloría General de la República para evaluar si corresponde una auditoría.
Intentamos comunicarnos vía telefónica con el intendente Ríos, pero no tuvimos retorno. No obstante, nuestra redacción está abierta para escuchar su versión.