12 de octubre de 2026

Rubén Penayo presentó el 11 de mayo una denuncia contra el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, por supuestos hechos de lesión de confianza, tráfico de influencias, administración en provecho propio y cobro indebido de honorarios. Cuatro meses después, asegura que el Ministerio Público ni siquiera lo convocó a ratificar su denuncia y que desconoce si existe una carpeta fiscal abierta. La Contraloría tampoco habría avanzado en el pedido de revisión documental.


El Instituto de Previsión Social denunció que deudas que tienen varias empresas con la entidad fueron borradas del sistema de aporte obrero-patronal. La “limpieza” de registros, detectada tras una auditoría interna, generó un millonario golpe al patrimonio de IPS. El hecho será comunicado a la Fiscalía.

La Contraloría General de la República presentó 30 denuncias de supuesto daño patrimonial e indicio de hechos punibles ante el Ministerio Público durante el 2025. El perjuicio detectado en las instituciones auditadas es de G. 112.352.514.791. Entre ellas están once municipios, varios ministerios, la Policía Nacional y otras instituciones que dependen del Poder Ejecutivo.

La Contraloría General de la República (CGR) descubrió un daño patrimonial presuntamente por G. 1,3 billones cometido en las instituciones públicas, municipales y departamentales auditadas, del período 2024. El contralor Camilo Benítez y el subcontralor Augusto Paiva presentaron la memoria y el informe anual al presidente de la Cámara de Diputados Raúl Latorre (ANR-HC) como lo exige la Ley 1535/99.

El director del Hospital Psiquiátrico, Hans Buggenthin, reveló que dieron apertura a una investigación interna para determinar si hubo robo de suministros de la institución, tras la viralización de un video en el que se ve a supuestos funcionarios retirando bolsas con aparentes insumos. Así también, indicó que los informes que solicitó le indican que no existe faltante ni daño patrimonial.

En el marco del Operativo Capiatá 1, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) intervino un suministro con el NIS 3273821, registrado a nombre de Pedro Gamarra, correspondiente a la bodega “El Surtidor”, que mediante una supuesta manipulación interna del medidor le causaba a la empresa estatal una pérdida estimada de G. 36 millones.