La sede regional del Ministerio Público es una de las instituciones públicas más precarias de la zona este del país. Funciona en un local prestado y en deplorable estado, con goteras, humedad, sanitarios en malas condiciones y diversos desperfectos.
Además, las unidades fiscales están saturadas de expedientes en espacios reducidos, lo que genera incomodidad tanto para los funcionarios como para los usuarios.
En esta sede funcionan 11 unidades penales, dos unidades especializadas en la lucha contra el narcotráfico, dos en delitos ambientales, tres unidades de delitos marcarios y anticontrabando, dos unidades de delitos contra menores de edad, tres unidades de violencia familiar, una unidad de ejecución, una de delitos informáticos, una unidad de delitos electorales y una unidad especializada en trata de personas. Además, cuenta con una Cámara Gesell y una Oficina de Atención a la Víctima.
Para todo el predio solo hay una persona contratada para la limpieza, que apenas logra asear el sector de la Fiscalía Adjunta. En las demás dependencias, los funcionarios realizan aportes para costear el servicio de limpieza.
Desafío para el nuevo fiscal adjunto
A mediados de mayo pasado, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, nombró a Celso José Sanabria González como nuevo fiscal adjunto. Este tiene el desafío de gestionar mejoras para la institución, empezando por la obtención de una sede propia.
El predio donde actualmente funciona la Fiscalía pertenece a Itaipú, que desde hace varios años promete la transferencia de la propiedad.
Al no tratarse de un local propio, la Fiscalía no puede realizar inversiones importantes en infraestructura, por lo que el edificio enfrenta numerosas precariedades. Se trata de un inmueble con una superficie de 1 ha 2.645 m² y 7.079 cm², ubicado sobre la avenida Monseñor Rodríguez y la calle Los Sauces, en el Área 1 de Ciudad del Este.
El 19 de julio de 2013, las máximas autoridades del Ministerio Público y de Itaipú Binacional anunciaron la transferencia del predio donde funciona la sede regional de la Fiscalía. Sin embargo, el traspaso nunca se concretó.
El fiscal adjunto Celso José Sanabria González manifestó que es fundamental el trabajo interinstitucional para enfrentar la criminalidad en la Triple Frontera, apelando al apoyo de las autoridades estatales para mejorar la infraestructura, los laboratorios y la dotación de personal del Ministerio Público.
“Es clave contar con instalaciones dignas, no solo para los funcionarios, sino también para quienes acuden al servicio. Es demasiado importante que una institución como la nuestra, ubicada en la Triple Frontera, una región internacionalmente conocida por sus características muy particulares, cuente con las condiciones adecuadas”, expresó.
Afirmó además que es importante que las autoridades de los distintos poderes del Estado respalden al Ministerio Público para responder a las necesidades tanto en infraestructura como en recursos humanos.
Sobre la transferencia del inmueble, señaló que aún no cuenta con información precisa, aunque indicó que el fiscal general del Estado está a cargo de las gestiones.
“El fiscal general del Estado, durante su visita al departamento de Alto Paraná, tomó contacto con autoridades de la entidad, así como con importantes autoridades departamentales, para abordar estas cuestiones”, afirmó.
Además del deplorable estado del local, la Fiscalía de Ciudad del Este requiere con urgencia dependencias clave como un laboratorio forense y una morgue judicial. Actualmente, en todos los casos se debe recurrir a la capital del país para la realización de determinados estudios y pericias, lo que genera lentitud en las investigaciones penales.
La falta de estas herramientas provoca aún más demoras en los procesos judiciales, por lo que la sobrecarga de causas se vuelve cada vez más insostenible.