El procedimiento fue ejecutado tras una información proporcionada por agentes del Departamento contra la Trata de Personas de Paraguay a sus pares de la Policía Federal brasileña. La denuncia permitió iniciar una investigación conjunta que permitió la intervención y liberación de las víctimas.
Según el subcomisario José Rolón, del Departamento contra la Trata de Personas, los paraguayos eran reclutados en Alto Paraná por un compatriota, quien se desempeñaba como taxista. El sospechoso organizaba el traslado de los trabajadores al Brasil y luego descontaba de sus salarios el costo del viaje.
Rolón explicó que los trabajadores eran trasladados de manera gradual y permanecían entre cuatro y ocho meses en el establecimiento agrícola. Allí, las víctimas iniciaban sus labores alrededor de las 03:00 y terminaban cerca de las 19:00.
Las investigaciones explicaron que los trabajadores vivían en condiciones infrahumanas en dos viviendas ubicadas en el municipio de Tapirá, estado de Paraná. Los compatriotas dormían sobre colchones en mal estado colocados directamente en el suelo, tenían acceso limitado a alimentos.
Además, los gastos de alquiler, agua y energía eléctrica eran descontados de sus ingresos, para establecer una situación de dependencia económica.
El Ministerio Público del Trabajo de Brasil también constató restricciones a la libertad de los trabajadores. Los paraguayos debían informar al reclutador cada vez que querían salir de la vivienda y, según la investigación, solo algunos considerados de confianza tenían acceso libre a celulares.
En las plantaciones de mandioca, los trabajadores realizaban sus tareas sin contratos formales y sin garantías laborales básicas.
Tras los descuentos impuestos por transporte, alojamiento y otros gastos, los trabajadores recibían entre 400 y 500 reales al mes.
Luego del rescate, los trabajadores fueron trasladados a un refugio temporal y tras las audiencias ante la Justicia, retornaron a Paraguay, gracias al apoyo económico de una empresa.