El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Edgar Lezcano e integrado por sus pares Zunilda Martínez Noguera y Herminio Montiel, dictó el fallo condenatorio contra el agresor sexual, de 57 años de edad. La agente fiscal Vivian Andrea Coronel estuvo en representación del Ministerio Público.
De acuerdo con los antecedentes, los abusos sexuales se registraron de forma sistemática desde el año 2023 hasta diciembre de 2024 en un inmueble ubicado en Minga Guazú. El hombre primeramente abusaba de su hija de 12 años, iniciando con manoseos hasta consumar el coito, e igualmente manoseaba a su otra hija, de 6 años.
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Para cometer los abusos, el sujeto obligaba a la madre a salir a vender remedios yuyos con el fin de quedarse a solas con las víctimas. Además, mantenía a todos los integrantes de su familia bajo un régimen de sometimiento. En ese contexto, el hermano de las víctimas era agredido físicamente por enfrentar a su padre al enterarse de los hechos, mientras que la madre también era víctima de violencia cuando increpaba al ahora condenado por los abusos.
El hecho llegó a conocimiento de las autoridades el 29 de diciembre de 2024, mediante una denuncia telefónica realizada a través del servicio 147 Fono Ayuda, dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. A partir de allí, la Unidad Especializada inició la investigación que derivó en el procesamiento y posterior condena del agresor.
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Durante el juicio oral, la fiscala Coronel logró acreditar la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado mediante un sólido conjunto de pruebas. Entre las documentales se destacaron la denuncia del servicio Fono Ayuda, actas de la Subcomisaría N° 52 de Minga Guazú, informes del Registro Civil, antecedentes penales y el soporte digital (DVD) de la Cámara Gesell realizada en junio de 2025 como anticipo jurisdiccional de pruebas.
En el ámbito pericial, se produjeron los diagnósticos médicos e inspecciones ginecológicas de los médicos forenses Dr. Hugo Céspedes y Dr. Martín Alfaro, informes psicológicos del Centro de Atención a Víctimas y un estudio socioambiental elaborado por la trabajadora social de la institución. Finalmente, la representación fiscal presentó las declaraciones testimoniales de vecinos del sector, del hermano de las víctimas y del personal policial interviniente.