Durante el año 2025, el Poder Judicial registró varios juicios a personas acusadas por hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes, en todo el territorio paraguayo. Varios de esos casos llegaron a condena ante un Tribunal de Sentencia.
En ese sentido el año pasado se registraron en total 487 condenas contra personas acusadas por la comisión de ilícitos contra la indemnidad (condición de no tener daño) sexual de niños, niñas y adolescentes. En este contexto, se hace mención también que el promedio de la pena carcelaria dictada por los magistrados fue de 9 años.
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Desde el Poder Judicial también se detalla que, el proceso duró en promedio cuatro años, desde que el expediente ingresó al juzgado hasta que se dictar la sentencia condenatoria.
Por otra parte, se destaca que el 51% de las condenas registradas durante todo el año pasado se concentró en tres circunscripciones judiciales, primero está el departamento Central con 120 sentencias; luego la Capital donde se registraron 71 fallos; y la del departamento de San Pedro, con 57 resoluciones.
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De la misma forma se expone que el restante 49% de las sentencias definitivas dictadas en 2025, corresponde a las demás circunscripciones del país.
Más de 1.000 causas de hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes
En el mismo periodo de tiempo señalado anteriormente, los juzgados penales de garantías del territorio nacional registraron el ingreso total de 1.074 causas relacionadas a hechos punibles contra la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Estadística Judicial de la Corte Suprema de Justicia.
Dichas investigaciones penales se registraron en las distintas circunscripciones judiciales del Paraguay.
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En ese mismo sentido, se menciona que el 58% del total de los expedientes se concentró en el departamento Central, en la capital Capital, así como en Itapúa, Alto Paraná y San Pedro. Además, se expone que la tasa de litigiosidad por los hechos punibles alcanzó 50 causas por cada 100.000 menores de edad.
Es preciso señalar que los expedientes que ingresaron al Poder Judicial y llegaron a condenas, comprenden diversos hechos punibles previstos en la legislación penal vigente para la protección de la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes.
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Sin embargo, la mayor cantidad de ilícitos corresponden al de abuso sexual en niños, previsto en el artículo 135 del Código Penal, modificado por la Ley Nº 7394/24, y que se ubicó como séptimo hecho punible con más ingresos en todo el 2025.
Más de 1.400 abusadores registrados
Otros datos que se exponen en la página del Poder Judicial de Paraguay, es que a través de un relevamiento de información correspondiente al periodo 2020 a 2026, sobre Registro Nacional de Agresores Sexuales en Niños, Niñas y Adolescentes (R.A.S.), creado por la Ley Nº 6572, actualmente hay 1.416 personas inscriptas a nivel país.
Del total de 1.416 personas que figuran en dicho registro, un total de 1.386 son varones y 30 de ellas mujeres.
El RAS almacena los datos de las personas que cuentan con condenas firmes por delitos sexuales contra menores. Desde el mismo se emite un certificado digital que señala no estar inscripto en él.
Tras la habilitación del RAS, los entes públicos y privados tienen la obligación de solicitar el documento a personas que buscan trabajar con niños, conforme a la Ley Nº 6.572/2020 que “crea el Registro Nacional de Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes y el Banco Genético”.
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Las instituciones que deben exigir el certificado de no estar inscripto en el registro de agresores sexuales, conforme a la ley, son:
- Colegios, escuelas, institutos, guarderías
- Escuelas de arte
- Escuelas deportivas
- Instituciones religiosas
- Asociaciones, fundaciones u ONG vinculadas al trabajo con niños, niñas y adolescentes
- Centros de salud, sanatorios y hospitales
- Entidades de abrigo, familias acogedoras y familias sustitutas y postulantes a adopción
- Agentes penitenciarios y educadores de centros educativos donde se encuentren adolescentes privados de su libertad
- Funcionarios de instituciones públicas nacionales, departamentales y municipales que realicen tareas vinculadas a la atención de niños, niñas y adolescentes
- Defensores de la Niñez y la Adolescencia, funcionarios del Juzgado, del Ministerio Público, y de la Justicia Especializada de la Niñez y la Adolescencia
- Aquellos casos que ameriten certificación.