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Así lo aseguró la especialista del Ministerio de Medioambiente de Uruguay, Marisol Mallo, quien participó este miércoles en el diálogo ‘Hacia el reúso del agua: Experiencias globales y perspectivas locales’, organizado por la Alianza Uruguaya por el Agua (AUA) en el marco del Día Internacional del Agua.
Mallo subrayó la necesidad de lograr un país sostenible mediante el refuerzo de una política nacional de agua en todo lo relacionado con el “estrés hídrico” y argumentó que la crisis de 2023 sirvió para sensibilizar a la población sobre las “situaciones extremas” que se van a vivir durante los próximos años como consecuencia del cambio climático.
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"Creo que el año pasado todos vimos que necesitamos que todas las acciones refuercen la concepción del agua como recurso finito", añadió.
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Explicó que las principales líneas estratégicas del ministerio en el reúso del agua se centran en la modificación de la normativa para prevenir la contaminación de las aguas y destacó el hecho de haber incorporado el flujo de agua como uno de los principales en la estrategia nacional de economía circular.
Otro eje orientado hacia la sostenibilidad en las concentraciones urbanas es trabajar a nivel nacional en construcciones sostenibles que integren agua, energía y residuos para el uso sustentable, en lo que Mallo definió como “ciudad como metabolismo”.
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En tanto, la presidenta de la AUA, Virginia Suárez, habló sobre lo fundamental de la seguridad hídrica ante eventos futuros: “La crisis de agua del año pasado no fue un hecho aislado y con el cambio climático van a ser de mayor impacto y mayor alcance”.
Por su parte, la especialista en agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, María Eugenia de la Peña, explicó que en la actualidad el 40 % de la población en la región de América Latina y el Caribe sufre por escasez de agua, pero los niveles de uso de agua residual tratada no superan el 5 %.
En el caso de Uruguay, Peña detalló que el nivel de estrés hídrico en todo el territorio nacional es del 2 %, pero a nivel poblacional es del 50 %.
De acuerdo con esto, lamentó que muchos países no cuentan con normativa sobre el uso del agua residual tratada, tampoco Uruguay.
Es por esto que pidió el desarrollo de un marco regulatorio “sólido y claro” y de políticas públicas para el reúso del agua, ya que en el presente no terminan de concretarse programas institucionales y de financiamiento que permitan desarrollar este tipo de proyectos.