Marset seguirá preso en EE.UU. y juez fija nueva fecha para que declare

El uruguayo Sebastián Marset volvió a sentarse frente al juez William B. PorterABC Color

En su segunda aparición ante la Corte de Virginia, el uruguayo Sebastián Marset se mostró con el uniforme verde de recluso y bajo vigilancia. El juez William Porter fijó para el 25 de marzo como la fecha clave para que el acusado decida si se declara culpable o no. Esto sucedió tras el pedido de la defensa del acusado. En ese sentido, Marset seguirá preso por peligro de fuga.

El uruguayo Sebastián Marset volvió a sentarse frente al juez William B. Porter, pero esta vez vestía el mameluco verde, que es reglamentario, y estaba rodeado de un importante dispositivo de seguridad.

A pesar de la expectativa por conocer si Marset se declararía culpable para intentar negociar, la audiencia no pudo avanzar. El motivo fue puramente administrativo.

El equipo de defensa de Marset solicitó al juez un poco más de tiempo para terminar de formalizar la inscripción legal de los abogados que lo representarán formalmente en este proceso. Por esta razón, el juez Porter decidió postergar la diligencia.

Marset, sin chances de salir

La justicia estadounidense fue contundente al negarle cualquier posibilidad de libertad bajo fianza. El argumento, que se determinó en la primera audiencia, es que, como el hombre burló a la Interpol, se escapó de operativos en varios países y que tiene una red económica tan grande, representa un peligro de fuga extremo.

Para el magistrado, no hay garantía suficiente que asegure que Marset no vuelva a desaparecer si se le otorga una medida menos gravosa. Por lo tanto, seguirá bajo la custodia de los Marshals, o alguaciles federales, en una prisión de alta seguridad.

El 25 de marzo, el día D para Marset

La nueva cita marcada en el calendario judicial es el próximo miércoles 25 de marzo. Ese día, Marset tendrá que decir ante el juez si acepta los cargos o si irá a un juicio oral y público.

Cabe recordar que la acusación que pesa sobre él es por conspiración para el lavado de activos.

Según las leyes federales, de ser hallado culpable, el uruguayo podría pasar hasta 20 años de cárcel.

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