El vicepresidente primero de la SIP, Carlos Jornet (La Voz del Interior, Argentina), dio lectura a las conclusiones, que subrayan además que la crisis de la libertad de prensa está estrechamente vinculada a la falta de sostenibilidad de los medios, un factor que debilita el funcionamiento democrático.
La SIP condena estas prácticas, advierte sobre el uso creciente de acciones judiciales como mecanismos de presión, destaca los desafíos que plantea la inteligencia artificial y hace un llamado urgente a fortalecer la acción colectiva, la innovación y los mecanismos destinados a combatir la impunidad.
Conclusiones de Reunión de Medio Año 2026 de la SIP
A continuación, el texto íntegro de las conclusiones:
“La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ratifica en su reunión virtual de Medio Año 2026 que la libertad de prensa afronta una coyuntura crítica en el hemisferio.
Lo que antes eran tácticas asociadas principalmente con sistemas autoritarios, hoy cruza fronteras, vuelve los límites más difusos y aparece en lugares donde se pensaba que las instituciones democráticas eran sólidas”, dijo el presidente de la organización continental, Pierre Manigault.
En su discurso de apertura, el también presidente del grupo Evening Post Publishing Company, de Charleston, Carolina del Sur, advirtió que “cada vez más líderes políticos emplean una retórica agresiva que deslegitima al periodismo, alimenta la polarización y erosiona la confianza pública”. Y remarcó que cuando se presenta a los periodistas como adversarios, “se crea un clima donde prospera la intimidación y se instala la autocensura”.
Agregó que “cuando la libertad de prensa se debilita en Estados Unidos, se envía una señal a todo el hemisferio y se envalentona a otros gobiernos a hacer lo mismo”.
Precisamente, el hostigamiento, las restricciones a las coberturas informativas, la intimidación directa y las presiones administrativas y judiciales alentadas desde el poder político son una realidad que surge de la gran mayoría de los informes país por país presentados en la reunión.
Se observan estas prácticas antidemocráticas en regímenes tan dispares como las dictaduras de Nicaragua y Cuba, el gobierno autocrático de transición que tomó el poder tras la caída de Nicolás Maduro, y en países con liderazgos surgidos de elecciones libres pero que optaron por una marcada confrontación con la prensa, como los de Estados Unidos, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Guyana, Honduras y Paraguay. En Canadá, en tanto, se presentan proyectos de leyes y ordenanzas con efectos intimidatorios.
En un hecho sin precedentes en democracia, en estos días se prohibió en Argentina el ingreso de los 60 reporteros acreditados en la Casa Rosada, sede del Gobierno, mientras el presidente Javier Milei descalifica al “95% de los periodistas”.
Las agresiones más violentas contra periodistas y medios en el último semestre se registraron en Perú, país que vive un proceso político altamente adverso para el trabajo de la prensa, y en Ecuador y México, donde el hostigamiento desde el poder se suma el accionar del crimen organizado, en un entorno agravado por la impunidad de quienes ejercen la violencia.
En estos tres países se contabilizaron en el período dos periodistas asesinados en cada caso: Fernando Núñez y Mitzar Castillejos en Perú; Fernando Álvarez y Robinson del Pezo en Ecuador, y Miguel Ángel Beltrán Martínez y Carlos Castro en México.
La situación es también dramática en Haití, donde dos reporteros fueron secuestrados y siguen desaparecidos. Y así debemos considerarlos, aunque versiones no confirmadas aseguran que fueron asesinados. Se trata de Osnel Espérance y Junior Célestin. El caos político y social que vive el país caribeño genera impunidad para las pandillas criminales y una violencia extrema que crea “desiertos informativos” donde el periodismo independiente es prácticamente imposible.
Una de las resoluciones aprobadas en el encuentro virtual condena “enérgicamente los actos de violencia, amenazas, hostigamiento judicial, estigmatización y campañas de desprestigio dirigidas contra periodistas y medios de comunicación”.
En Brasil, el período previo a las elecciones se ve marcado por el aumento de la violencia, intimidaciones y acoso judicial contra periodistas. Pero hubo avances institucionales como fallos judiciales que fortalecen la libertad de prensa, y se adoptó un protocolo para la protección de periodistas y la lucha contra la impunidad.
En Costa Rica, si bien desde el gobierno se cuestionan decisiones judiciales a favor del pluralismo informativo, se avanza en la protección de la prensa con la derogación de normas que criminalizaban y establecían penas de cárcel para periodistas.
En Colombia, en cambio, prosperan propuestas para incrementar penas en causas contra periodistas por injurias y calumnias.
En Guatemala hay restricciones para acceder a información pública, pero se destaca la decisión de la Corte Suprema de revocar tres fallos contra el periodista y editor José Rubén Zamora, quien vivió un verdadero calvario judicial que lo mantuvo en prisión, casi sin interrupción, desde julio de 2022. En el segundo día de la reunión, Zamora brindó un emotivo mensaje en el que agradeció el apoyo de la SIP en todo este proceso.
La proliferación de demandas desmesuradas contra medios y periodistas fue tema de un panel donde se expusieron los casos de los grupos Vanguardia, de Saltillo, México, y Granasa, de Ecuador. Asimismo, se advirtió la continuidad de estas presiones judiciales, políticas y económicas en Panamá, lo que ratifica la necesidad de avanzar en legislaciones anti-SLAPP para desestimar rápidamente estas causas judiciales montadas para acallar voces disidentes.
En República Dominicana, en tanto, sigue sin consenso la reforma de la ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. Y en Chile, tras el reciente cambio de gobierno, continúa sin avances la ley de protección a periodistas y se esperan nuevos desafíos por la normativa de datos personales que entrará en vigor en diciembre.
Durante la reunión de Medio Año, se destacó que la cruda realidad que vive el periodismo en buena parte del continente coincide con la ausencia de políticas activas que garanticen la sostenibilidad de la prensa como partícipe vital para fortalecer el debate democrático.
En esa línea, se abordaron las oportunidades, los riesgos y los impactos que puede generar el avance de la inteligencia artificial. “La libertad de prensa no puede existir sin medios sostenibles”, dijo el presidente Manigault, por lo cual ratificó el impulso de la SIP a la innovación para ayudar a las organizaciones a un entorno en rápida evolución. El AI Product Lab, desarrollado con el apoyo de Google News Initiative, presentó durante el encuentro algunos de los prototipos elaborados por 20 medios de la región.
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Manigault también anunció la reactivación de la Unidad de Respuesta Rápida, con el apoyo del Fondo Mundial para la Defensa de los Medios, de UNESCO, para poner freno a la impunidad en delitos contra la prensa. Asimismo, la SIP dará continuidad a la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio (RELPEX).
“La misión de la SIP no ha cambiado; la urgencia, sí —dijo Manigault—, porque un ataque contra el periodismo es un ataque contra la democracia, sea donde fuere”."
El caso paraguayo
El informe sobre Paraguay aprobado en la asamblea señala que los hechos registrados durante el período evidencian un deterioro del entorno para el ejercicio de la libertad de expresión, caracterizado por la combinación de conflictividad social, opacidad institucional, restricciones normativas y administrativas al acceso a la información pública, y un aumento de ataques, amenazas y presiones contra periodistas y medios de comunicación.
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Textualmente, el apartado sobre Paraguay señala:
“El país atravesó un complicado escenario en un contexto caracterizado por denuncias de corrupción, cuestionamientos a la independencia judicial y restricciones al acceso a la información pública.
En el plano institucional, se acentuaron las dudas sobre la transparencia institucional y la independencia de los poderes del Estado. La filtración, en diciembre, de una reunión entre el presidente Santiago Peña, el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, y seis ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), generó alarma sobre posible injerencia política en el Poder Judicial. Ese mismo mes, la revelación del esquema conocido como la “mafia de los pagarés” —que implicó cobros indebidos mediante resoluciones judiciales irregulares y afectó a numerosos trabajadores con embargos salariales ejecutados principalmente a través del Banco Nacional de Fomento— expuso graves niveles de corrupción.
Durante el período se adoptaron medidas que restringen el acceso a la información pública. En noviembre, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.º 7593/2025 “De Protección de Datos Personales”, cuyo artículo 24 ha sido ampliamente cuestionado por limitar el acceso a información pública bajo el argumento de proteger datos personales, en aparente contradicción con la Constitución Nacional y la Ley N.º 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”.
Asimismo, se registró el uso sistemático de acciones de amparo para bloquear solicitudes de información: entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó la presentación de 27 acciones de amparo para bloquear solicitudes de acceso a la información pública. Fueron concedidos 19 de estos amparos, ordenando al MEF no revelar datos, comprometiendo la ley de acceso a la información pública y transparencia gubernamental.
En el ámbito legislativo, también se observaron iniciativas orientadas a modificar estándares de transparencia, como el proyecto impulsado por el oficialismo en el Senado para reinstaurar el voto secreto en la elección de autoridades de la CSJ, así como la postergación reiterada de un proyecto de ley destinado a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, en un contexto de cuestionamientos por la exclusión de estos últimos del texto normativo.
En este escenario, se consolidó un clima de creciente hostilidad hacia el ejercicio del periodismo. Las expresiones del presidente Peña contra periodistas y medios críticos, así como diversas acciones de funcionarios públicos —incluyendo restricciones al acceso a fuentes, limitaciones para realizar preguntas en actos oficiales y descalificaciones públicas— motivaron pronunciamientos del Sindicato de Periodistas del Paraguay, que denunció un ambiente adverso para la libertad de prensa y el ejercicio del derecho a la información.
Asimismo, se identificaron patrones de presiones judiciales y administrativas contra actores vinculados a medios de comunicación críticos. El proceso iniciado contra el Banco Atlas, en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos vinculados a contratos con el fallecido expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, fue señalado por la defensa como un caso de persecución selectiva, en tanto la entidad financiera mantiene vínculos con el grupo empresarial propietario del diario ABC Color.
En términos generales, el gobierno enfrentó un semestre particularmente complejo, marcado por movilizaciones masivas desde febrero, encabezadas principalmente por gremios docentes en rechazo a la reforma de la Caja Fiscal impulsada por el Ejecutivo. Las protestas también incluyeron reclamos contra las denominadas “jubilaciones VIP” de parlamentarios, generando una fuerte presión social y amplios despliegues policiales.
Este escenario tuvo antecedentes en las movilizaciones promovidas desde fines de septiembre por el grupo “Generación Z Paraguay” y continuó en octubre con protestas por presuntos hechos de corrupción en el Instituto Paraguayo del Indígena, que derivaron en la remoción de su titular.
En paralelo, persistieron los reclamos de trabajadores y asegurados del Instituto de Previsión Social, evidenciando una crisis estructural en el sistema de salud pública, con denuncias por falta de insumos, escasez de medicamentos y deterioro de equipos.
La percepción de una creciente brecha entre la “estabilidad macroeconómica” del discurso oficial y las condiciones reales de vida profundizó el descontento. Episodios como la paralización del transporte público en marzo y denuncias de irregularidades en la adjudicación de viviendas reforzaron los cuestionamientos a la gestión, junto con controversias públicas desestimadas por el presidente como un “invento”.
Otros hechos relevantes:
- El 24 de octubre fue capturado un sospechoso de atacar con una bomba molotov la vivienda del periodista Aníbal Benítez Vera, director del diario digital PDS, junto con una bala envuelta en un papel que decía: “Cuídese”.
- El 30 de octubre, fue detenido Luis Alberto Quintana Acosta, sospechoso de amenazar por redes sociales al periodista Carlos Benítez, conductor del programa El Observador, en radio Ñandutí. Su vivienda había sido atacada a balazos en septiembre.
- El 27 de noviembre, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay presentó el informe “Rompiendo el Silencio”, que documenta 22 asesinatos de periodistas cometidos ente 1989 y 2024, con altos niveles de impunidad en la mayoría de los casos. La mayoría de los periodistas asesinados investigaban temas relacionados con el narcotráfico, el contrabando y la corrupción, sobre todo en zonas de frontera.
- El 22 de enero, se ordenó prisión preventiva de la abogada Zully Ortiz García y Evelin Paredes Frutos por presuntas amenazas contra el periodista Carlos Benítez, director de El Observador. Ortiz García es sospechosa de ser la instigadora de las amenazas contra el periodista a través de las redes sociales, con relación a las publicaciones sobre la mafia de los pagarés.
- El 12 de enero, en el marco del sexto aniversario del asesinato del periodista Léo Veras, organizaciones no gubernamentales denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de diligencia en la investigación del crimen.
- El 13 de febrero, Amnistía Internacional presentó ante la CSJ una acción de inconstitucionalidad contra la ley que regula organizaciones sin fines de lucro (Ley N° 7.363/2024), argumentando que restringe derechos fundamentales, sanciona desproporcionadamente y pone en riesgo a víctimas y defensores de derechos humanos.
- El 2 de febrero, una jueza de Primera Instancia en lo Laboral ordenó a Televisión Cerro Corá (Canal 9) reintegrar a la periodista Angie Prieto a su trabajo, tras probar que su despido en octubre de 2022 fue injustificado. Prieto fue desvinculada de la empresa luego de expresar su apoyo a las denunciantes del periodista Carlos Granada, entonces gerente de prensa del Grupo Albavisión, condenado a 10 años de cárcel por acoso sexual y otros hechos punibles.
- El 10 de febrero, la Entidad Binacional Yacyretá prohibió a sus funcionarios, a través de una circular, comunicarse con la prensa. La medida fue cuestionada como un mecanismo de censura institucionalizada destinado a encubrir irregularidades, despilfarro y falta de probidad en la gestión de la binacional.
- El 4 de marzo, el periodista Juan Alcaraz, director del portal Salto del Guairá Noticias y corresponsal del canal GEN y de Universo 970AM, denunció que fue agredido por el intendente de Laurel (Departamento de Canindeyú), Pablo Karjallo Pérez.
- El 27 de marzo, la jueza de Paz de Fernando de la Mora Natalia Molas rechazó un pedio de censura contra los periodistas Luis Bareiro, Santiago González y Arturo Villasanti que les prohibiría hablar de las funcionarias judiciales Silvia Sugasti y Gessica Caballero. Fueron expuestas en un video en “una sesión de spa” dentro de la oficina de Atención a Víctimas de Violencia del Palacio de Justicia de San Lorenzo. Las funcionarias denunciaron violencia telemática, según la Ley 5777, “de Protección Integral a la Mujer”, exigiendo que se prohibiera a los periodistas exhibir videos o comentar sobre lo ocurrido. La jueza entendió que en este caso prevalece la libertad de expresión, ya que al ser funcionarias públicas están sujetas a escrutinio ciudadano"