Advierten que Dinajzar habilitaría más casinos de lo que el mercado soportaría

La semana pasada, empresarios de juegos de azar del país se reunieron para analizar la postura del sector privado con relación proyecto de ley de regulación de juegos de azar, presentado por José Antonio Ortiz Báez, presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). En cumplimiento de lo anunciado, el sector elaboró la nota que resume los cuestionamientos del sector y se dirigió al diputado Justo Zacarías Irún, uno de los proyectistas. Los firmantes son Lorena Rojas, de la Asociación Paraguaya de Juegos de Azar (Apoja), Adriana Gorchs de la Asociación Paraguaya de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja), Nestor Povigna de Gambling, José Abente, Talismán; Pedro Brouchy, SES; Juan Rubio, Azar Internacional y Casinos Paraguayos; Valdomito Monteiro, Che Valle Mi; Juan Enrique Nogues, Bingopar. No se confirmó si participó Carlos Sacco, representante legal de la empresa Daruma SAM, cuyo nombre de fantasía es Apostala.

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Entre las observaciones, está la advertencia de los empresarios de que en el proyecto se establece la facultad para otorgar concesiones de explotación de casinos en todos los departamentos de la República, sin considerar elementos que “garantice el mercado de casinos en condiciones de soportar tantas licencias”, dice la nota presentada.

El documento resume en seis puntos los cuestionamientos a la propuesta y estiman que son puntos que ameritan un análisis a profundidad y con la participación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Banco Nacional de Fomento (BNF) y otras instituciones.

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Otro de los puntos señalados es la centralización del otorgamiento de licencias para la explotación de juegos electrónicos de juegos de azar con la simple firma del director/presidente del órgano regulador, que se propone convertir la comisión en Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar). Se pide un estudio técnico y procedimental para definir la certeza de la viabilidad de dicha facultad. Actualmente, los municipios entregan este permiso.

Un aspecto también cuestionado es el fin del monopolio de las apuestas deportivas, negocio de unos US$ 15 millones al año, estableciendo hasta tres concesionarias. Sin embargo, esta misma situación no se plantea con la quiniela, negocio de US$ 127 millones anuales. “Amerita una discusión legal al respecto”, reza el escrito.

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Además, se destaca que la propuesta carece de un catálogo con elementos técnicos que categorice los diferentes juegos de azar, a modo de incorporar o eliminar del mercado los juegos que no tengan estudios técnicos que lo ameriten; así como también que la institución este dirigida por un especialista del sector, y cuyo consejo incluya a un representante del sector privado.

“Sigue el análisis”

El diputado Justo Zacarías Irún, proyectista, fue abordado con relación a los cuestionamientos y respondió que todavía no hay dictamen de comisión y sigue el debate con relación al proyecto de ley.

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Con relación a la centralización, dijo que se mantendría la descentralización tal como está vigente. Sobre la modificación de las apuestas deportivas, respondió que en otros países no hay monopolio y que incluso personas del extranjero participan del juego mediante la apuesta virtual, situación que no se plantea con la quiniela “que es más tradicionalista, el juego es sólo presencial”.

En cuanto al pedido de que parte de la directiva cuente con un representante del sector privado, respondió que no lo considera viable, aunque insistió que la discusión del proyecto continúa.

Quinieleros, a su suerte

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, Bingo, Juegos de Azar y Afines (Sintraquiba) cuestionaron el proyecto de ley pretende dar más autonomía a la reguladora de juegos de azar, organismo que actualmente es “ciego y sordo” a las penurias que sufren, sobre todo en cuanto a las condiciones laborales.

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Al respecto, el diputado Zacarías respondió que no pueden tener injerencias en la relación contractual entre partes. Lo mismo respondió el viceministro de Trabajo, Luis Orué.

Alicia Gutiérrez, representante del sindicato, lamentó que supuestamente son trabajadores independientes pero en caso de ausencia a su puesto, deben justificar el motivo. También sufrieron una reducción del porcentaje de ganancia de 25% a 20% debido a la pandemia y hasta ahora no se regulariza, ni tienen seguro social ni jubilación, mientras que todos los días se encargan de recaudar para la firma y el Estado. “El proyecto de ley no contempla ningún aspecto que mejore nuestra condición”, criticó.

Se intentó conocer una réplica al respecto con la explotadora de la quiniela, Technologies Development Of Paraguay SA (TDP), del expresidente Juan Carlos Wasmosy, pero en reiteradas ocasiones sólo se promete una respuesta a confirmar una entrevista. Incluso se proporcionó el temario de preguntas, pero tampoco se brindó declaraciones.