Cuestionan que proyecto de ley de juegos de azar mantiene monopolio de la quiniela

Representantes de quinieleros del país visitaron la redacción de ABC para expresar su rechazo al proyecto de ley de José Antonio Ortiz Báez, presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Cuestionaron que la propuesta mantiene el monopolio de la quiniela, mientras que para las apuestas deportivas, se sugiere la explotación hasta de tres empresas en simultáneo, y tampoco contempla ningún aspecto vinculado a la condición laboral de los quinieleros.

Alicia Gutiérrez, secretaria general, lamentó el manejo discrecional de la empresa que tiene actualmente la explotación de la quiniela, Techonologies Development Of Paraguay SA (TDP), del expresidente Juan Carlos Wasmosy. A modo de ejemplo, mencionó que la empresa redujo de 25% a 20% el porcentaje de ganancia de los quinieleros con la excusa de la pandemia y hasta ahora no se regulariza a la cifra que anteriormente ganaban.

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Agregó que se les obliga a los quinieleros a que las rendiciones se realicen hasta las 11:30, y en caso de que alguna persona llegue minutos después, se bloquea su máquina de pos (del inglés, point of sale, que significa punto de venta”). El aparato es su herramienta de trabajo para tomar las apuestas e imprime el comprobante de juego, donde constan las apuestas realizadas y el monto del premio si lo hubiere. “Con la máquina bloqueada, el quinielero ya no puede trabajar en toda la tarde”, denunció Gutiérrez.

Rosalba Benítez, también dirigente, mencionó que la competencia es sana, que en Argentina hay varias explotadoras de la quiniela. “Un mismo quinielero vende dos quinielas, entonces en vez de tener sólo el 20% comisión de una firma, se duplica porque son de dos empresas”, afirmó.

Además, lamentó que el proyecto de ley no contemple el porcentaje básico de ganancia del quinielero, quien finalmente es el que recauda para el Estado, ni prevé mejorar sus condiciones laborales. “Hoy trabajamos en la absoluta informalidad”, dijo.

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Pese a que no existe relación contractual con TDP, se les exige justificar su ausencia en caso de que no trabajen. “No somos contratados ni funcionarios pero si no vamos a poder salir a levantar las apuestas, tenemos que presentar un certificado del motivo de nuestra ausencia”, comentó Gutiérrez.

Critican aumento de cifras

Por su parte, Bernarda Resquín, otra vocera del sector, cuestionó que el proyecto de ley de referencia se propone que la quiniela aumente el número de la cifra que apostará el jugador, de tres que es actualmente se sugiere incrementar a cinco cifras, lo cual sólo beneficiaría a la empresa explotadora de la quiniela. Hoy un jugador puede apostar a un número de una sola cifra (ejemplo, 9) o dos (por ejemplo, 15) o bien, tres cifras (por ejempo, 489). Y lo que quieren es llevar a hasta cinco cifras (ejemplo, 95.327). “Al aumentar los números, disminuyen las posibilidades de que el jugador acierte, desalienta el juego, y así, es menor el monto que recauda el Estado por los premios. Sólo la concesionaria se beneficia”, dijo.

Agregó que en Argentina, existen quinielas de tres y cuatro cifras, acá el mercado es más pequeño pero las posibilidades de acertar son menores.

ABC intentó conversar con los responsables de TDP SA y la respuesta que se obtuvo fue la promesa de entrevista en la jornada de hoy o el lunes próximo.

Empresarios también critican iniciativa

Empresarios de juegos de azar se reunieron el pasado miércoles para analizar el proyecto de ley pretendido por José Ortiz y lo calificaron de inviable, para todos los sectores del rubro. La iniciativa se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados.

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Lamentaron que la redacción del documento plantee centralizar la regulación en una institución, que será la Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar), nuevo nombre de Conajzar.

Luego de un intercambio de opiniones, de los cuestionamientos hacia Ortiz y su gestión al frente de Conajzar, los empresarios coincidieron en presentar por escrito a la Cámara Baja su disconformidad con la citada iniciativa. Entre los principales argumentos están la centralización de la regulación, que actualmente es compartida con los municipios, y la falta de criterios técnicos.