Empresarios con vínculos con juego ilegal en Argentina, a audiencia preliminar por apuesta deportivas clandestinas

Para este miércoles está prevista la audiencia preliminar a representantes de las empresas Montego Trading y Enfield SA por la explotación de apuestas deportivas clandestinas. Esta última registra vínculos con Leonardo Peiti, empresario argentino que confesó pago de coimas para mantener el esquema de juego ilegal en su país.

Actualmente, la firma Apostala es la única adjudicada para apuestas deportivas en el país, ya sea presencial o de forma virtual.
Actualmente, la firma Apostala es la única adjudicada para apuestas deportivas en el país, ya sea presencial o de forma virtual.

Este miércoles 20 de octubre está agendado la audiencia preliminar de Carmen Carolina Duarte y Gerardo Bermúdez Areola, representantes de la empresa Montego Trading con el nombre de fantasía Crown City Bets y Apuestas Jockey, y Nicolás Emioliano Enjamio, de nacionalidad argentina de la firma Enfield SA (Apostamina Bet), ante el juez penal de garantías N° 7 Miguel Ángel Palacios.

Conforme con los antecedentes, se trata de una denuncia hecha en junio del 2018 por la empresa Daruma Sam SA, cuyo representante legal es Fernando Sacco, por la explotación ilegal de apuestas deportivas. La firma, cuyo nombre de fantasía es Apostala, es la adjudicada como única explotadora de apuestas deportivas, tras una licitación cuestionada por la Contraloría General de la República (GCR) pero que de igual manera la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida en ese entonces por Javier Balbuena, le benefició en marzo del 2018.

Los citados fueron acusados por la fiscala en lo penal María Luján Estiga­rribia, quien solicitó juicio oral y público por viola­ción de la Ley 4.716/12, que establece la explotación de los juegos de azar.

Vínculos con empresario procesado con juego ilegal en Argentina

La audiencia preliminar se desarrolla en coincidencia la reciente confesión del empresario argentino Leonardo Peiti, imputado por manejar el juego clandestino en las ciudades santafesinas de Rosario, Rafaela y Melincué, y semanas atrás firmó un acuerdo de juicio abreviado que incluye su confesión que impactó en la política nacional de ese país.

Conforme con el representante de Apostala, Apostamina pertenece a Peiti. Cabe recordar, que al momento de la apertura de sobres, el empresario extranjero se presentó como accionista de Daruma Sam SA, tras adquirir el 50% de las acciones de María Elena Alcaraz. Al respecto, Sacco indicó que es imposible porque la mujer vendió la totalidad de las acciones a los actuales propietarios, y son Carlo Giuseppe Espinoza Vega y Carlos Manuel Lugo Garcete.

El empresario confesó que pagó coimas de miles de dólares mensuales a un fiscal y al jefe de fiscales de la ciudad a cambio de protección judicial, además involucró a un senador. Los pagos los realizó para evitar que se generen antecedentes que pongan en jaque sus inversiones en ese país y en Paraguay, según informaron medios argentinos. Se intentó conversar con Peiti pero no da entrevistas, señaló su abogado Angelo Rossini, quien también evitó brindar más declaraciones.

En días más, sanción ficta al proyecto de ley de tragamonedas

Este martes 26 de octubre se cumple el plazo para la sanción ficta del proyecto de ley de tragamonedas, que prohíbe el uso de tragamonedas en sitios que no sean exclusivos de juegos de azar aprobada por la Cámara de Senadores y en tratamiento en Diputados.

La iniciativa busca anular la Resolución N° 34/2020 de Conajzar, presidida por José Antonio Ortiz Báez, que autoriza la “regularización” de las máquinas que funcionan en despensas, bares y otros sitios comercios que no sean casinos. El censo, catastro y explotación se encargó a la empresa iCrop SA, cuyo representante legal es Ariel Vera Peña, mediante un contrato directo.

El contrato fue calificado de ilegal por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyo titular es René Fernández, y la Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez. Se intentó conocer el dictamen completo de Benítez, mediante el expediente N° 46.464, pero éste respondió que se conformó una mesa técnica “a los efectos de diligenciar su solicitud”.

Cabe recordar que se trata de un documento público, por lo tanto es público y debe disponerse en la página web sin mayor trámite, conforme se establece en la Ley N° 5282 de Transparencia Gubernamental.

La solicitud fue planteada el 6 de setiembre pasado, es decir, ya se cumplieron los plazos para facilitar los documentos. Hoy se insistió con los funcionarios para obtener una copia del documento y se prometió una respuesta para mañana.

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