“La propiedad privada no es un derecho absoluto”, afirma sacerdote

Durante el inicio de las festividades en Caacupé, el sacerdote Miguel Fritz cuestionó el proyecto de ley que pretende elevar a diez años la condena a la invasión de la propiedad privada y dijo que afectará a muchas familias campesinas que no tienen título de propiedad. “La propiedad privada no es un derecho absoluto”, refirió.

Sacerdote Miguel Fritz
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El sacerdote Miguel Fritz condenó la Ley N° 6.830, que eleva la pena a invasión a la propiedad privada a 10 años porque, según señaló, afecta a las comunidades indígenas. En un momento de su homilía dijo que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino la dignidad humana, y mencionó al papa Francisco.

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También señaló que es urgente que se haga una reforma agraria porque hay muchas familias campesinas que no tienen título de propiedad, informó el periodista de ABC Claudio Genes.

El proyecto de ley que ya generó debate en varios sectores y graves incidentes entre campesinos y la Policía durante su estudio en el Congreso vuelve a ponerse en la mesa de discusión y a instalar el debate tras las declaraciones de Alfert en plena homilía.

En setiembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que plantea un aumento de las penas carcelarias para quienes invadan las propiedades privadas. El debate en aquel entonces generó disturbios en las afueras del Congreso, lo que dejó un saldo de heridos, vehículos quemados y otros destrozos.

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El proyecto fue impulsado por la bancada de Patria Querida y los senadores colorados Enrique Bacchetta y Enrique Riera y el liberal Fernando Silva Facetti, además de Patrick Kemper, del Partido Hagamos.

El texto que quedó firme tras la sanción establece que quien “individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años”. Si la persona ocupa una propiedad privada para instalarse “u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta diez años”.

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