Tragamonedas: Conajzar reconoce que no cumple indicación de Contraloría

El presidente de la Comisión Nacional de Jugos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz Báez, informó que mantiene vigente, sin modificaciones, la Resolución N°34/2020 con la cual se autoriza la “legalización” de tragamonedas en sitios de libre acceso, a pesar de que está expresamente prohibido por Ley N°1016/97 del Régimen de Juegos de Azar y por el Decreto N° 3083/15. De esta manera ignoró las indicaciones de la Contraloría General de la República (CGR), dirigida por Camilo Benítez, con su dictamen N°388. Este documento calificó de ilegal su resolución.

Este “ninguneo” a la institución contralora se confirmó al analizar su respuesta emitida a través del Portal de Acceso a Información Pública (AIP), expediente N°49.220, abierta a nuestra instancia.

En el citado expediente abierto para las consultas, se le preguntó a Conajzar sobre las medidas aplicadas con relación a la sugerencia de la Contraloría, además de lo establecido en la Resolución N° 167/2021 de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), dirigida por René Fernández y sobre el dictamen N°31/2021 de Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), presidida por Eusebia María del Carmen Benítez.

El titular de Conajzar dijo que este pedido no tiene las “características de consultas para canalizarlas a través de la Ley N° 5282 de transparencia gubernamental”. Y tampoco respondió con relación a que Ciudad del Este siguió sus pasos para “legalizar” estas máquinas, calcando su resolución y generando un caos jurídico.

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Cabe recordar que Conajzar contrató a la empresa iCrop SA, de Lucy Sy, de nacionalidad china taiwanesa, y Lilian Beatriz Vera de Qiu, para que se encargue de censar, catastrar y explotar las tragamonedas en todo el país. El contrato establece el compromiso de “regularizar” 50.000 máquinas, lo que representa una expectativa de recaudación de US$ 2,1 millones, pero de dicho monto, sólo 30% (US$ 652.229) irá al fisco, mientras que el 70% (US$ 1,5 millones) para el privado. Las gestiones realizadas deben comunicar cada mes, mediante declaraciones juradas.

Esas notificaciones realizadas a la fecha se requirió a Ortiz y consideró que se enmarca dentro de la legislación de transparencia gubernamental. Sólo indicó que “el contrato se mantiene vigente, sin modificación alguna”.

De esta manera, el titular de Conajzar impide que la ciudadanía sepa la cantidad de máquinas legalizadas en el país, sitios y a los responsables de esos trámites.

Conforme a un reporte al que se accedió a través de Secretaría Nacional Anticorrupción se pudo conocer el entorno del expresidente de Conajzar, Cristhiant Vera, quien es el más favorecido con la vigencia del contrato, al ser uno de los que más acuerdos posee con iCrop SA como subcontratista.

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Consultado al respecto, Federico Legal, abogado y activista por el libre acceso a la información en poder del Estado, recalcó que “es irrazonable la respuesta de Ortiz, porque en su propia afirmación radica la importancia del mismo. La ley está justamente para la consulta de información pública”, expresó.

A su vez, Javier Balbuena, expresidente de Conajzar y asesor jurídico de empresarios de juegos de azar, señaló que no entiende el por qué no reporta sobre las acciones hechas a partir de las observaciones realizadas por otras instituciones. “Se evidencia que no hizo nada”, opinó.