Caso Hugo Javier: letrado acusa a empresas de clonar sus propias facturas

AREGUÁ. En la rendición de cuentas de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones) ejecutados por la Gobernación de Central, administrada por el cartista Hugo Javier González, imputado, aparecen varias facturas clonadas presentadas por la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) que recibió parte del fondo, pero ahora Bernardo “Lalo” Villalba, defensor del gobernador, asegura que fueron las empresas prestadoras de servicios las que clonaron sus propias facturas.

Letrado Bernardo Villalba, defensor del gobernador de Central, Hugo Javier.
Letrado Bernardo Villalba, defensor del gobernador de Central, Hugo Javier.

El Ejecutivo desembolsó G. 6.382 millones en diciembre de 2020 a favor de la Gobernación de Central para generar fuentes de trabajo en el departamento Central y de esta manera contrarrestar los efectos causados por la pandemia del COVID-19.

El gobernador cartista Hugo Javier inmediatamente repartió todo el fondo a dos organizaciones sin fines de lucro: el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, se embolsó con G. 5.105 millones y el Consejo Regional de Salud, dirigido por el doctor Hugo Cabrera, recibió G. 1.276 millones.

En la rendición de cuentas de la Gobernación de Central que obra en la Contraloría General de la República (CGR) aparecen varias facturas clonadas a nombre de CIAP, además de un sinfín de irregularidades en torno a la ejecución del fondo COVID.

Recordemos que Hugo Javier, Tadeo Álvarez y otras 13 personas, entre funcionarios de la Gobernación de Central, miembros de la ONG CIAP y contratistas, fueron imputados por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal, por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said, quienes investigan el destino de US$ 1.000.000.

Letrado asegura que empresas clonaron facturas

El pasado jueves, los diputados Paniagua (ANR, Añetete) y Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), presidente y vicepresidenta de la comisión especial que analiza la intervención de la Gobernación de Central, recorrieron las zonas donde se denuncian “obras fantasmas”. Algunos miembros de esta comisión pretenden a todas luces salvar a Hugo Javier de la intervención, mientras que otros sostienen que indefectiblemente hubo “mal manejo de los recursos”.

El tour estuvo trazado y dirigido por el letrado Bernardo Villalba y el otro letrado Fausto Portillo, asesor del gobernador de Central. En la ocasión, Villalba insistió constantemente en que “las obras están” y acusó a empresas de ser las responsables de clonar sus propias facturas.

“Básicamente, en algunos casos, ocho facturas de los que hicieron las obras presentaron facturas clonadas en la rendición de cuentas, las empresas. Y cuando se recibió eso en la Gobernación, la modalidad es que la Gobernación le transfiere dinero a la ONG y la ONG contrata a las obras o compra los materiales y entre esos vinieron ocho facturas que eran clonadas, que se presentan a la administración de la Gobernación y ellos remitieron a la SET y a la Contraloría y la SET dijo ‘esto es clonado’”, explicó Villalba el jueves último al diputado Derlis Maidana (ANR, HC).

El letrado continuó con su argumento diciendo: “Entonces en vez de investigarle al emisor de la obra, le imputan al gobernador (Hugo Javier) que nunca ni vio esos documentos. Es como si ahora se compre una silla en la Cámara de Diputados y le imputemos al presidente de la Cámara de Diputados por lo que no pasó los filtros de la administración. Nadie puede saber cuándo uno recibe factura clonada. Eso es lo que pasó, después el resto está bien”, manifestó el defensor de Hugo Javier, mientras que Maidana respondió “perfecto”.

Empresarios denunciaron clonación de sus facturas

Por ejemplo, dos de las facturas clonadas, hechas a mano, pertenecen a la firma Distribuidora Santo Domingo, ubicada en la localidad de Piribebuy, departamento de Cordillera, de donde la fundación CIAP supuestamente adquirió artículos eléctricos por un valor de G. 208 millones según factura 0005477 y materiales de construcción por un valor de G. 69.621.813 según factura número 0005479. Sin embargo, la empresa se dedica a la venta al por mayor de artículos de ferretería y calefacción y no a la venta de materiales de construcción. Los propietarios denunciaron el caso ante el Ministerio Público.

Otra empresa afectada es AR Electricidad, ubicada en Asunción, que se dedica a la venta de materiales eléctricos; sin embargo, en la factura presentada por el gobernador Hugo Javier se detalla que CIAP adquirió materiales de construcción para empedrado por el monto de G. 14.600.000. Los propietarios denunciaron la producción de documentos no auténticos a la comisaría 15ª Central y ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Ingeniería S.A. también denunció la clonación de sus facturas. Los comprobantes Nº 0003774, del 8 de febrero de este año en concepto de “fabricación de caseta móvil para personal administrativo en obra”, son por G. 20.500.000, y el Nº 0003778, del 5 de febrero en concepto de “contratación personal para trabajo de asfalto”, por G. 16.200.000. La dueña negó que la fundación sea cliente de la firma.

Entes de control anunciaron irregularidad

En mayo de este año, el titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, se reunió con representantes de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) para comunicar que nueve jefes departamentales no rindieron cuentas sobre el uso de un millón de dólares que recibieron durante la pandemia, según la Ley N° 6.641 De apoyo financiero, por parte del Ejecutivo. Decidieron llevar a cabo una auditoria in situ sobre las obras realizadas.

Senac, SET y AGPE concluyeron en que existe un sinfín de irregularidades en el manejo de recursos por parte de la administración de Hugo Javier. Mencionaron la existencia de facturas clonadas, facturas reemplazadas para evitar control, facturas a créditos que no fueron canceladas pero figuran como pagadas, obras fantasmas, empresas fantasmas, pagos irregulares a contratados, entre otras muchas anomalías. Ante este panorama, Senac y SET realizaron la denuncia penal en el Ministerio Público.

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