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La Contraloría General de la República (CGR) había anunciado el 16 de febrero de 2016 su “histórico” ingreso en la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) para realizar una auditoría especial. Lo llamativo es que pasaron más de cinco años de ese momento y hasta ahora no hay un informe público sobre los hallazgos en la ONG que recauda millones a través de las municipalidades.
La Opaci, actualmente presidida por la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez (ANR, cartista), se presenta como una entidad defensora de los intereses de las municipalidades. Esto, mientras exige a los contribuyentes el pago de G. 10.000 por la expedición, renovación y anulación de las licencias de conducir.
Además, cobra un porcentaje por su intermediación en las operaciones de crédito o hipotecas. Los recursos en teoría son públicos porque provienen de los contribuyentes de las más 260 comunas del país.
Sin embargo, la ONG no rinde cuentas públicas ni está obligada a ser auditada por una institución de Estado. Es por ello que el ingreso del ente de control luego de las denuncias sobre manejos poco claros de más de G. 42.000 millones fue destacado.
Curiosamente todo quedó ahí porque, hasta la fecha, no salió un informe sobre observaciones o detalles de la auditoría realizada. En tanto, que la Opaci continúa con su recaudación de millones de guaraníes como si fuera una institución pública.
Es por ello, según nuestras fuentes, que existe ahora toda una campaña de María del Carmen Benítez, esposa del recientemente blanqueado por el caso “caseros de oro” diputado cartista Tomás Rivas, por mantener la presidencia de la ONG, que estuvo por casi diez años en poder del clan Núñez de Villa Hayes, liderado por el actual diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez.
Benítez apura la realización de la asamblea nacional para mañana lunes 27 de diciembre. El jueves pasado se realizaron en diferentes zonas las asambleas departamentales en las cuales se eligieron a los representantes.
Su idea, según nuestras fuentes, es finiquitar este año el trámite de su continuidad. Esto atendiendo que las asambleas nacionales y departamentales se realizaban en periodos anteriores en los primeros meses del año siguiente a las elecciones municipales.
El Art. 11 del estatuto social de la ONG, precisamente, dice que la asamblea ordinaria para constituir la junta directiva para el mandato siguiente debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes al fenecimiento del mandato de los intendentes y concejales municipales.
Un botín político y personal
La Opaci, lejos de representar a las municipalidades, como se publicita, se convirtió en un botín político y personal de las diferentes autoridades. Un ejemplo claro es el clan Núñez de Villa Hayes, liderado por el actual diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez, que ubicó en la ONG a su esposa, sobrinos, hurreros y otros familiares. Bachi presidió la Opaci entre 2007 y 2011 para luego dejarle la titularidad a su hermano, el exintendente de Villa Hayes Ricardo Núñez (2010-2015). Ricardo, pese a no ocupar más un cargo comunal, continúa hasta ahora como miembro de la Junta Directiva de la Opaci, incluso, es el representante de las municipalidades ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
juan.jara@abc.com.py