De indirectamente tratar de “ladrones” a los intendentes del país, ya que por mal manejo les sacaron el control de fondos de alimentación escolar, el presidente, Santiago Peña, les pidió “disculpas” y les prometió más fondos modificando las transferencias por impuesto inmobiliario. Sin embargo, la propuesta, aparentemente, no fue consultada previamente, ya que el titular de Opaci, Óscar Cabrera (ANR, HC), reconoció que hay municipios preocupados.
Acaban de conocerse los resultados de la auditoría especial que la CGR realizó en 2016 para saber qué hizo la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) con el dinero que recaudó el año anterior, bajo la presidencia del intendente de Villa Hayes, Ricardo Núñez (ANR). Se tomó bastante tiempo, pues, para constatar que esta entidad, hoy dirigida por el intendente de Guarambaré, Óscar Cabrera (ANR, cartista), no había transferido a las municipalidades la friolera de 18.172 millones de guaraníes provenientes de tributos que cobra, en forma dudosa. Tras la develación de la CGR, ahora resta averiguar el destino que tuvieron los multimillonarios fondos que la Opaci habría ingresado en los otros periodos de gestión.
La Contraloría General de la República (CGR) evidenció millonarias diferencias entre las transferencias realizadas por las municipalidades del país y los registros consignados por la Opaci. Existen casos en los cuales una Comuna declaró que traspasó en 2015 más de G. 2.260 millones, mientras que la ONG hizo constar en su balance de ese mismo año que recibió solo G. 1.222 millones de esa institución municipal.
La Contraloría General de la República (CGR) ingresó hace exactamente siete años a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) para realizar una auditoría sobre los miles de millones recaudados a través de las municipalidades. Lo llamativo es que, pese al tiempo transcurrido hasta la fecha, no existe un informe final del ente de control. La ONG manejó solo en el año 2015 cerca de G. 42.000 millones.
La Cooperativa San Cristóbal tuvo que recurrir a la Justicia para reclamar otra millonaria deuda de una persona vinculada al diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez. Es un préstamo otorgado también en 2020 a su ex secretaria y ex funcionaria del Incoop, Claudine Esperanza Rojas Arévalos. Esta última accedió a casi G. 650 millones, según documentación.
El diputado cartista Basilio “Bachi” Núnez y su pareja sentimental, Lorena Cabrera, declararon ante la Contraloría General de la República (CGR) avaluaciones muy distintas sobre otra propiedad que tienen en condominio y que es arrendada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El ente de control anunció la apertura de un examen de correspondencia para la exsecretaria de la Opaci.