Tadeo Álvarez, presidente de la organización no gubernamental Centro Integral de Apoyo Profesional, es investigado por el Ministerio Público por lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos, luego de la cuestionada ejecución de 5.105 millones de guaraníes que la Gobernación de Central le transfirió en 2021, en el marco de una iniciativa de reactivación económica durante la pandemia de covid-19.
Álvarez incluyó en su rendición de cuentas, presentada en formato digital a la Contraloría General de la República, facturas clonadas o de empresas fantasmas, facturas anuladas y otras a crédito sin cancelar pero que figuran como pagadas.
Además, con supuesta complicidad del gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, Partido Colorado), varios comprobantes fueron reemplazados para desviar la atención de los entes de control como la Subsecretaría de Estado de Tributación, Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Contraloría y la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
También fue confirmado que todas las obras hechas por el CIAP, 15 en total, presentan graves deficiencias y posibles sobrefacturaciones.
Una de las obras más cuestionadas es el asfaltado hecho en el acceso del Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario, que funcionan en la misma sede departamental, que costó 390 millones de guaraníes. El pavimento ya existía dos meses antes de la promulgación de la Ley Nº 6641/2020 de emergencia sanitaria por la pandemia, normativa que permitió que el Poder Ejecutivo transfiera millones de dólares a las gobernaciones.
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Luego de numerosos incidentes planteados por la defensa de Álvarez, finalmente la jueza penal de San Lorenzo, María Elena Cañete, fijó para el 5 de abril la audiencia de imposición de medidas.
La última chicana planteada por la defensa fue un pedido de nulidad de la imputación, pero el Tribunal de Apelación confirmó la imputación del investigado.
Más audiencias
En la causa que investiga la Fiscalía fueron imputadas 16 personas. Además de Álvarez, también está imputado el gobernador Hugo Javier González. cuya audiencia para imposición de medidas aún no ha sido fijada debido a chicanas judiciales.
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Los procesados Paulino de los Santos Palacios (tesorero del CIAP), Guido Portillo (jefe de Presupuesto de la Gobernación), Óscar Morel Oses (contratista) y Nicolás Álvarez (síndico del CIAP) deberán presentarse al Juzgado de San Lorenzo en los días 30 y 31 de marzo, y 4 y 5 de abril, respectivamente.
Los fiscales intervinientes Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arzamendia solicitaron ninguno de los imputados vuelva a ingresar a la institución departamental.
Delirio de persecución
El pasado fin de semana, durante un acto político en San Ignacio, el gobernador González dijo que es perseguido por los medios de comunicación “por ser cartista”. El administrador departamental participó en el acto de lanzamiento de la precandidatura de Michel Flores a la Gobernación de Misiones por el Partido Colorado.
El gobernador González evita dar declaraciones ante los medios de prensa en Central, pero se atrevió a hablar en una radio local en San Ignacio y expresó ser víctima de una persecución.