El fiscal Juan Manuel Ledesma, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), es quien investiga el caso desde octubre pasado, luego que los concejales departamentales liberales Roque Ávalos, Adrián Vaesken, Laura Moreira, Derlis Larroza, Daniel Ferreira, Benita Jara y Dilio Ortiz denunciaran el caso ante el Ministerio Público en base al informe final de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) en el cual constan innumerables irregularidades en torno al desembolso de G. 18.300 millones, autorizado durante el año 2019 por el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), imputado en otra causa similar y con arresto domiciliario como medida cautelar.
Luego de los primeros allanamientos realizados en noviembre y diciembre pasado en la Dirección de Administración y Finanzas y en la Secretaría de Salud de la Gobernación de Central, el agente Ledesma dijo que el monto investigado ascendía a G. 52.000 millones, suma que fue transferida durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020 a diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG). El fiscal indicó en ese entonces que no existían documentos respaldatorios sobre la transparente ejecución del dinero público.
Los presuntos hechos investigados son lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, lavado de dinero y otros hechos.
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Hasta el momento en esta causa nadie fue imputado. Las últimas intervenciones que tomaron estado público tuvieron lugar en enero de este año, mes donde se realizaron seis allanamientos en los locales de presuntos proveedores de la Gobernación.
Conversamos al respecto con el agente Juan Manuel Ledesma y el mismo afirmó que la investigación “avanzó muchísimo” y que el análisis de casi 500 órdenes de pagos está concluyendo. Agregó además que prefiere no brindar mayores detalles sobre la investigación para evitar retrasos innecesarios. También dijo que el cruce de datos obtenidos luego de la incautación de documentos y pedido de informes permitirá “una conclusión en la brevedad posible”.
Últimos allanamientos fueron en enero
El fiscal Juan Ledesma y su comitiva allanaron en enero de este año la empresa denominada “KL Servicios Varios”, de Benita Yegros Vallejos. La firma se dedica a la organización de eventos y habría recibido fondos de la Gobernación de Central por más de G 1.500 millones en el año 2019. Los intervinientes también se constituyeron en el domicilio de Yegros Vallejos ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora, sin embargo, en el lugar actualmente vive un familiar que indicó que la mujer se mudó hace tiempo.
El otro lugar allanado se denomina “HVAC Ingeniería Técnica y Calidad”, propiedad de Gustavo Adrián Villamayor Hermosa, quien se dedica a la instalación, mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire. Supuestamente la empresa también habría recibido fondos de la institución departamental, unos G. 1.700 millones en 2019, por la reparación de acondicionadores de aire precisamente.
Entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiadas aparecen la Asociación Plantemos Consciencia de Esteban Álvarez Quevedo, el Consejo Regional de Salud presidido por el doctor Hugo Cabrera, los Centros Educativos Departamentales Municipales (CEDEM) y otras organizaciones.
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Otra causa con imputación y arresto
El exgobernador cartista Hugo Javier González Alegre y otras 14 personas fueron imputados el 1 de noviembre de 2021 por los supuestos hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia.
Se sospecha que entre enero y marzo de 2021 unos G. 6.382 millones (US$ 1 millón) fueron ejecutados irregularmente por la Gobernación de Central a cargo en ese entonces de González Alegre.
El recurso fue otorgado por el Ejecutivo en diciembre de 2020 para la reactivación económica en el Departamento Central durante la pandemia del virus del Covid-19. En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas, facturas de empresas fantasmas, facturas a créditos sin recibos de cancelación, entre otras groseras anomalías, según informes de la Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción, Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Subsecretaría de Estado de Tributación.
Hugo Javier (imputado con arresto domiciliario), apenas recibió el desembolso del Ministerio de Hacienda, repartió el dinero entregando G. 5.105 millones a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presidido por Tadeo Álvarez Cristaldo (imputado con arresto domiciliario) y también al Consejo Regional de Salud, presidido por Hugo Cabrera, que recibió G. 1.276 millones.