Mañana, jueves a las 08:00 horas, el concejal Roque Ávalos deberá comparecer ante la Fiscalía para una declaración testifical. Tanto él como Adrián Billy Vaesken fueron convocados por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said, para testificar en el caso más conocido como “facturas clonadas” que involucra a la administración de Hugo Javier frente a la Gobernación de Central.
Los mismos fueron los únicos concejales que denunciaron públicamente las presuntas irregularidades cometidas en la Gobernación de Central.
Existe la sospecha de una presunta mala ejecución de US$ 1 millón (G.6.382 millones) del fondo covid-19, que el Poder Ejecutivo desembolsó a la institución departamental en diciembre de 2020, con el propósito de reactivar la economía del XI departamento, generando fuentes de trabajo durante la pandemia.
Los hechos investigados son lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal.
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El edil Adrián Billy Vaesken se presentó en la mañana de este miércoles en la sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
En la ocasión se ratificó en las denuncias públicas que había realizado el año pasado, tras descubrir conjuntamente con el concejal Roque Ávalos (PLRA) la existencia de facturas supuestamente apócrifas en la rendición de cuentas de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), de Tadeo Álvarez (imputado en la causa y con arresto domiciliario), que recibió G. 5.105 millones de los fondos de emergencia covid-19.
También se ratificó en sus denuncias de la administración de Hugo Javier al frente de la Gobernación de Central respecto al uso de US$ 1 millón.
Vaesken agregó que desde el año 2019 existe la fuerte sospecha de que los fondos de la Gobernación de Central “no llegaban al destino correcto”.
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Recordó además que en reiteradas ocasiones, tanto él como Ávalos, solicitaron durante las sesiones de la Junta Departamental innumerables informes sobre la ejecución de los recursos en diferentes rubros. Sin embargo, el entonces gobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), no respondió.
El exadministrador departamental, González Alegre, fue imputado junto a otras 14 personas por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal.
El mismo está con arresto domiciliario desde el 12 de abril de este año. Posteriormente, debido a esta condición, la Junta Departamental, lo reemplazó por el edil colorado Gustavo Machuca (Fuerza Republicana), quien cumplirá con el periodo como gobernador hasta agosto de 2023, según la resolución de la Junta.